Por Luis Villagrana
Apenas a días recientes de que Felipe Calderón, presidente de la república, finalizara su gira del adiós, en la que además de inauguraciones y justificaciones a su guerra contra el Narco, “pintó” un México con menos crímenes, operación mediática que aquí repitieron los gobiernos municipal y estatal, dos reconocidos derecho humanistas, uno académico y otro religioso, no concedieron un solo crédito al señalar que el país y Chihuahua, han sido doblemente ultrajados por autoridades y delincuentes.
Víctor Quintana, académico investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), candidato a senador por las izquierdas y asesor de la organización Frente Democrático Campesino de Chihuahua, acuñó el término “Twin wars” durante una exposición frente a miembros del Programa Las Américas, organización política con sede en Washington, celebrada en las instalaciones de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).
“En nuestra frontera es muy común la expresión twin plants. Se introdujo al llegar las plantas maquiladoras. Se supone que el establecimiento de estas industrias en nuestro suelo obedece a una lógica binacional: lo que las maquiladoras ensamblan en México o es algo ya fabricado previamente en una planta en los Estados Unidos o es un producto que luego será terminado allá. Se trata pues de un proceso productivo que no puede entenderse con una lógica meramente nacional, pues su ciclo se completa sólo con este flujo entre las dos naciones”, explica Quintana.
“Así pensamos que es la guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón desde el inicio de su administración, en diciembre de 2006, y aplicada en Chihuahua desde marzo de 2008 mediante el Operativo Conjunto Chihuahua. Es una guerra binacional, que para comprenderse adecuadamente es necesario pensar en las tomas de decisiones, en los flujos de capitales, en las redes sociales, en las instituciones, en los beneficiarios de uno y otro lados de la frontera.
En Chihuahua no sólo una, muchas violencias
“Los medios hablan mucho del espantoso número de homicidios en el estado de Chihuahua, de los secuestros, de las extorsiones, de los enfrentamientos, de los incendios intencionales de negocios. Sin embargo, no es la violencia criminal la única que sacude esta entidad norteña, pues Chihuahua es espacio donde confluyen la violencia de Estado, la violencia interpersonal, la violencia económica y social”, enfatiza el investigador de la UACJ.
Y ofrece las cifras de homicidios dolosos, el delito más sangriento y visible: el año antes del operativo, el 2007, hubo alrededor de 469 homicidios en todo el estado, una tasa de 14.4 por cada 100 mil habitantes. En 2010, el número de asesinatos escaló a 5,212, que eleva la tasa a 148.91 por cada cien mil habitantes, es decir, a partir de los operativos la tasa de homicidios dolosos se multiplicó por diez.
Hasta septiembre de 2011, algunos medios de comunicación llevaban registradas la cifra de 2,459 en todo el estado, 1502 en Ciudad Juárez y 526 en la capital del estado. Con esto, durante los tres años de los operativos el número de asesinados en todo Chihuahua supera ya los once mil. Prácticamente uno de cada tres homicidios de la guerra calderoniana se perpetraban en Chihuahua por estas fechas.
“Y aunque se critique al que lo diga, los homicidios dolosos han tenido una disminución, todavía seguimos en las tasas más altas y sí, Juárez sigue siendo una de las más peligrosas del mundo”, expresa Quintana.
“Pero ahí están también los Juvenicidios: El INEGI reporta que los homicidios de jóvenes entre 15 y 29 años pasaron a ser la primera causa de muerte en este grupo de edad entre 2007 y 2009 pues la cifra se elevó de 2,977 al año a nivel nacional, a 7,438–un incremento de 147%”, agrega.
Indica que en Chihuahua, en el año 2007, el anterior al Operativo Conjunto Chihuahua, fueron ultimados 201 jóvenes, y en 2009, 1,647–un aumento de 719%. Esto quiere decir que en el estado los jóvenes corren un peligro cinco veces mayor de ser víctimas de homicidio que el promedio nacional.
“ Según datos de la Fiscalía General, el total de delitos cometidos en el estado de Chihuahua en el año 2007 fue de 34,800; para 2010, la cifra se elevó a 66,125, un 90% más que antes del operativo”, comenta Quintana.
Asegura que desde marzo de 2008 se cuentan alrededor de 200 desapariciones forzadas hasta abril de 2011, y de enero a agosto de 2011, 107, pero además la propia Fiscalía General documenta la cifra ascendente de feminicidios, aún en contra de la propia publicidad del Gobierno del Estado.
“Desde que se iniciaron los operativos de Felipe Calderón y los gobernadores Reyes Baeza y César Duarte, van más de diez mil nuevos huérfanos en el estado. Hay decenas de miles de desplazados de sus hogares, entre ellos 230,000 juarenses, es decir, uno de cada cinco habitantes de aquella frontera”, indica.
“ Se han agudizado también las incursiones de bandas de sicarios contra pueblos inermes, como las colonias Nicolás Bravo o El Alamillo en el municipio de Madera o como el pueblo de Jicamórachi, municipio de Uruachi, el de Pachera, en Guerrero y otros muchos más”, denuncia el asesor de los campesinos.
La violencia de Estado:
Quintana dijo que diferentes organismos han documentado 1,092 denuncias de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas policíacas o militares desde que comenzó el Operativo Conjunto Chihuahua. Se calcula que sólo es el 10% de los casos ocurridos.
Existen casos emblemáticos de desaparición forzada, como el de Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga, ocurrido en (noviembre de 2008 en Ciudad Juárez, también el de Nitza Paola, Rocío Irene y José Angel Alvarado, del Ejido Benito Juárez, además del de ocho varones de la familia Muñoz Veleta y de cinco internos y dos empleados del Centro de Rehabilitación CAADIC, en la ciduad de Cuauhtémoc, señala.
Impactos de las violencias en Chihuahua
Los costos humanos y sociales de las violencias en este estado norteño son muy altos. En tan sólo tres años, se cuentan cuando al menos 10,000 huérfanos; 230,000 personas desplazadas de sus hogares; 116,000 viviendas abandonadas y sólo en Ciudad Juárez, 100,000 derechohabientes dados de baja en las instituciones de seguridad social, informa el académico de la UACJ.
“Además, amplias áreas de las zonas rurales del estado se encuentran en proceso de despoblamiento, la vida social de muchas comunidades agoniza, se impone un ambiente de terror e incertidumbre por doquier”, advierte.
Asegura que los costos económicos son también muy altos, dado que entre entre 2007 y 2010 se han perdido 92,474 empleos formales. Al mes de agosto de 2010, la tasa de desempleo abierto en Chihuahua era la cuarta más alta del país: un 7.44% de la población económicamente activa contra un promedio nacional de 5.55%.
Señala que la inversión extranjera directa se redujo en más de una tercera parte entre 2005 y 2010, de 1,514 millones de dólares a 1,002 millones y el crecimiento económico también sufrió una grave inflexión: en el período 2005-2010 el PIB nacional creció a un ritmo promedio anual de 2.03%, mientras el de Chihuahua a sólo un 1.33%.
Expresa que el salario también se deterioró: Chihuahua descendió al 12 lugar nacional en salario promedio, con 224 pesos con 39 centavos al día, mientras que la media nacional es de 247.06 pesos.
“Como resultado de todo lo anterior, Chihuahua se ha empobrecido a un ritmo mayor que la mayoría de las entidades de la República: fue uno de los tres estados donde más creció la pobreza entre 2008 y 2010, con 255,000 nuevos pobres. También descendió un lugar en cuanto a nivel de atención al rezago social entre 2005 y 2010”, enfatizó Quintana
“La guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón desde el inicio mismo de su mandato, siguiendo una imposición de los Estados Unidos y tratando de legitimar su ascenso al poder, es una guerra binacional, cuando menos, para atacar un problema, no sólo de México, sino también de los Estados Unidos, el tráfico y el consumo de drogas”, expone.
“Sin embargo, la estrategia de esta guerra se despliega de una manera desigual en ambas naciones: el gobierno de los Estados Unidos decide unilateralmente sus políticas ante el consumo de drogas, ante el suministro de las mismas a sus adictos y opera una estrategia de combate muy limitado al narcomenudeo.
“Pero impone al gobierno mexicano la Iniciativa Mérida que privilegia las acciones punitivas en contra de los narcotraficantes y genera cruentos combates entre ellos y entre las fuerzas policíacas y ellos mismos. La principal víctima de toda esta estrategia es la población civil mexicana que ha visto dispararse de una manera espantosa los delitos contra su vida, contra su integridad física, contra la libertad y contra su cada vez más escaso patrimonio”, agrega Quintana.
Ciudad Juárez, el doble ultraje
El sacerdote Oscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y encargado del templo Jesús Obrero, dice que aun con la propaganda auto festiva de los gobiernos, Juárez es hoy una ciudad triste, atemorizada, enrejada por dentro y por fuera, con profundos vacios, desesperanzada, postrada por el crimen organizado y por la incapacidad de las autoridades para ofrecerle seguridad humana y ciudadana.
“Desde este profundo dolor y en medio de una guerra declarada por el gobierno mexicano al crimen organizado, compartimos nuestra parte de esta guerra que no es nuestra. Desde la perspectiva de la paz y los derechos humanos, Ciudad Juárez es una ciudad profundamente herida y ultrajada”, expresa el sacerdote, frente a miembros del Programa Las Américas, instituto de investigación para América Latina.
Y ofrece sus propias cifras: “el signo más estremecedor y que nos habla de la profundidad del agravio es el número de sus crímenes. Iniciada la violencia, el 2008 termina el año con 1,608 asesinatos violentos. El 2009, aun con el patrullaje cotidiano de soldados y federales, termina con 2,658 ejecuciones en las calles de la ciudad. El 2010, se incrementa a 3,111 homicidios dolosos y en lo que va del presente año van 1,663. El 70% de los asesinados son jóvenes entre los 18 y 25 años.”.
“El asesinato es la plena negación del derecho a la vida. La dignidad humana no cuenta y se rompe el equilibrio de la familia y el tejido social. Una de las consecuencias más graves es el dolor y la angustia de los seres queridos. ¿Cómo medir y cuantificar, en términos sociales, el impacto psicológico sufrido por más de nueve mil familias? Durante 47 meses esta ciudad no ha dejado de sangrar. Es un viacrucis que parece interminable”, define el sacerdote.
“Los secuestros y las extorsiones son incontables. La gente, ante estos delitos, tiene miedo a la denuncia. Temen las amenazas y las represalias del crimen organizado, pero también dudan de la complicidad de los federales, y de los políticos en estos delitos. Hay relatos e historias de su participación.
Las extorsiones son un cáncer que se ha expandido por toda la ciudad. Han afectado a bares y centros nocturnos, a comerciantes seleccionados por calles o por la guía telefónica, a yonkeros, mecánicos, escuelas, funerarias, tienditas de barrios, vendedores ambulantes, mercados. El dilema es o cierran o pagan cuota”, advierte Enríquez.
Y asegura: “La consecuencia de la extorsión es el miedo y la angustia. Se pierden patrimonio y empleo. Hay familias que quedan a la intemperie, al abrigo de la acogida de familiares o amigos. ¿Cómo restituir la paz y la seguridad a las víctimas del secuestro y de la extorsión? ¿Cómo extirpar este cáncer de la ciudad”.
El padre se pronuncia sobre “los robos cotidianos y violentos de automóviles”. Por los 230,000 juarenses que han abandonado la ciudad, por el miedo y la inseguridad. Por las muertes y amenazas que han sufrido los defensores y defensoras de los derechos humanos, como los casos emblemáticos los asesinados Josefina Reyes y Marisela Escobedo.
También recordó la etapa de 1993 a 2003, a la que llamó la “década trágica” en Ciudad Juárez por el número y la crueldad de asesinatos a mujeres, pero el gobierno se niega a aceptar que haya feminicidios y atribuye esas muertes a ajustes de cuentas entre el narcotráfico, o a asesinatos producto de la violencia intrafamiliar, evitando así su responsabilidad de investigar, pero sobre todo, de terminar con ellos.
“La queja más amarga de las familias de mujeres asesinadas es la irresponsabilidad, la negligencia y el cinismo de las autoridades. No sólo no investigan, sino que criminalizan a las víctimas”, denunció el sacerdote.
Dijo que el crimen de la desaparición forzada se ha extendido por todo el norte de la república, contabilizadas en 200 por el organismo que dirige y menciona los mismos casos expuestos por Quintana.
“En el 2008 el ejército levanta y desaparece a los hermanos: José Luis y Carlos Guzman Zúñiga. Hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Secretaria de Defensa Nacional por este caso. Otro caso: la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado. Los levantó el Ejército en el Ejido Benito Juárez, en diciembre de 2009, y a la fecha no sabemos nada de ellos. El caso a nivel de medidas cautelares se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresa Enríquez.
“¿Cómo entender que en un estado de derecho desaparezcan seres humanos y nadie dé razón de ello? El dolor de las víctimas es inconcebible. La omisión y culpabilidad del Estado es evidente, sobre todo por su negligencia y su irresponsabilidad de no investigar”, enfatiza.
El sacerdote indica que en la guerra de Calderón hay más interrogantes que certezas, algunas de ellas con hipótesis subyacentes y lanza las preguntas: ¿Se trata en verdad de una confrontación entre los cárteles por el control de las rutas para el tráfico de droga? ¿Hay una ocupación militar para ensayar una política de seguridad en la frontera, que responde a intereses de Estados Unidos y a la necesidad de legitimarse de Felipe Calderón? ¿Se trata de una guerra entre dos bandos que permea ya a todos los sectores, económico, político y militar?
“Ante la violencia desatada, los tres niveles de gobierno reaccionan con la lógica de la fuerza, sin tomar en cuenta a la población civil que desde entonces vivimos entre fuego cruzado. En esta guerra no existe ni la justicia, ni los derechos humanos.”, asegura el sacerdote.
Entradas
