Por: Alejandro Salmón Aguilera
Media noche del 4 de octubre del año 2016. Ese momento “bisagra” entre el día que finaliza y el que comienza marcaba
también un cambio de gobierno y de época en la política chihuahuense, porque
terminaba el período de gobierno de César Duarte Jáquez, uno de los
gobernadores más polémicos de los últimos años, y el de Javier Corral Jurado,
el segundo panista en alcanzar ese cargo.
La formalidad del inicio del gobierno de
Corral tendría lugar horas más tarde, al filo de las 11:00 de la mañana, cuando
el Congreso del Estado le tomara protesta como el gobernador número 190 en la
historia del estado, pero en la práctica, su administración arrancaba en
aquella media noche.
Todo parecía ir normal con el procedimiento del traslado de los mandos
policiacos, momento en el cual se estrenaba, además, un modelo de gobierno
digital que transmitiría en tiempo real algunas de sus acciones más
trascendentes. Ahí, en ese preciso momento, comenzaron las complicaciones de un
gobierno que arrancaba con un enorme bono democrático, el cual comenzaría a
erosionarse con el sorpresivo nombramiento de Javier Benavides al frente de la
Policía Estatal.
En el video aparece, inicialmente, Carlos
Angulo, titular de la recién creada Coordinación de Política Digital y
Gobierno Abierto, quien en ese momento presentó a Javier Benavides como
Director de la Policía
Estatal Única.
El nombramiento era apenas el inicio de
una confrontación que habría
de empañar la misma toma de protesta del gobernador
que había sacado a César Duarte del Palacio de Gobierno, y había, además, desempolvado
una serie de expedientes que tendían una sombra de duda sobre el nuevo jefe
policíaco.
“Cuando recibas
esta carta sin razón…”: Chava Flores
Javier Corral venía de ganar la elección de gobernador con un amplio margen de
votación frente al candidato del PRI, Enrique Serrano Escobar, quien para
muchos equivalía a dar continuidad de César Duarte Jáquez al frente del
gobierno de Chihuahua.
Su triunfo en sí mismo representaba un
bono democrático; su llegada al gobierno, una expectativa de cambio; su
presencia en el Palacio de Gobierno, una desvinculación del pasado reciente.
Era un auto a toda velocidad.
El problema inició desde dos días antes de
la toma de protesta, el sábado 1 de octubre del 2016, cuando sesionó por
primera vez la 65ª Legislatura, dominada, aunque sin mayoría, por el Partido
Acción Nacional.
En una sesión que parecía de rutina, donde
prácticamente se trataría el tema del cambio de poderes programado para el 4 de
octubre, el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para reformar
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el objeto de crear cinco dependencias
nuevas, algunas de ellas ya existentes pero que se convertirían en secretarías
o consejos estatales.
Así iba a presentarse la primera gran
discordia entre el grupo parlamentario del PAN y el mismo gobierno en ciernes
de Javier Corral con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI.
Se proponía crear las secretarías y nuevas
instancias de gobierno, como la Coordinación Ejecutiva de Gabinete, una de
Asesores y Proyectos Especiales, y una de Política Digital y Coordinación de
Gobierno Abierto.
Además, el Instituto Chihuahuense de la
Cultura se transformó en
Secretaría de Cultura; se le dio nueva vida a la
Secretaría de Desarrollo Municipal; la Contraloría del Estado se transformó en Secretaría de
la Función Pública, y la de Economía en “Secretaría de Innovación y Desarrollo
Económico; mientras que la Coordinación Estatal de la Tarahumara se convierte
en Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
Nada de eso estaba hablado ni con los
diputados propios, como quedó demostrado en un correo electrónico enviado a los
integrantes de la bancada panista, en el cual se les indicaba que “tenían qué aprobar”
la iniciativa redactada por Enrique Acosta.
El mensaje, enviado por correo electrónico
a todos los integrantes de la bancada panista, decía textualmente: “Por instrucciones del Diputado Miguel La Torre, y de parte del
Licenciado Enrique Acosta, remito para su conocimiento el dictamen que se
aprobará el día de mañana en sesión”. Hasta
ese momento, Enrique Acosta era jefe de asesores del grupo legislativo del PAN;
una semana después, sería electo secretario de Asuntos Legislativos.
Apenas se presentó la iniciativa, Karina Velázquez, coordinadora del grupo
parlamentario del PRI, subió a la tribuna para anunciar que las diputadas de su
partido se abstendrían de votar, ya que la modificación a la Ley Orgánica no
fue producto de un consenso, ni con la anterior legislatura, ni con la actual.
Primer desencuentro con la bancada priista.
El día de una noche
difícil
Horas después de la ya mencionada
presentación de Javier Benavides como titular de la Policía Estatal Única, se
produciría la primera crisis de gabinete del incipiente gobierno de Javier
Corral.
Antonio Pinedo, quien había sido el vocero
de la campaña del panista y encargado de recibir toda la información relativa a
la Coordinación de Comunicación Social, no había sido enterado de que el hombre
que lo demandó y por cuya causa pisó la cárcel era su nuevo compañero de
gabinete.
La pugna entre ambos inició en el año de
2000, cuando la revista “Semanario”, fundada y dirigida por Antonio Pinedo,
publicó un reportaje donde se daba cuenta de una presunta vinculación con el
crimen organizado de Javier Benavides, entonces, Secretario de Seguridad
Pública en el municipio de Juárez.
Benavides reaccionó con una demanda penal
por difamación en contra de Pinedo y también contra el reportero Luis
Villagrana, autor de la nota. La demanda
corrió a una velocidad inusitada, al grado que, a poco de presentada, Pinedo ya
estaba detenido y obligado a pagar una fianza 1,590 dólares, unos 30,200 pesos
de hoy, para poder salir de prisión.
De regreso al 4 de octubre del 2016, casi
al medio día, y cuando Corral pronunciaba su primer discurso como gobernador
constitucional del estado, Antonio Pinedo, se ausentó notoriamente del evento
en el que jugaba un importante papel par su difusión.
El hasta ese momento vocero de Javier Corral
creo confusión con su presunta renuncia; el caso trascendió en redes sociales y
en medios electrónicos de comunicación, a grado tal de opacar la nota de la
toma de protesta de Javier Corral.
La crisis de gabinete duró varios días,
durante los cuales, ni se sabia con certeza de la renuncia de Pinedo, ni se removió
a Benavides del cargo.
“Me sobra mucho,
pero mucho corazón”: Emma Elena Valdelama
El segundo gran traspié de la
administración llegaría al día siguiente, 5 de octubre de 2016, durante la
ceremonia de toma de posesión del rector de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, la UACh, Luis Fierro Ramírez.
Meses antes de ese acto, en tiempos de
campaña, varios candidatos a gobernador habían ofrecido eliminar las cuotas de
ingreso a las universidades públicas. Con diferencias de matiz, Enrique
Serrano, del PRI y partidos aliados; Javier Corral, del PAN y Javier Muñoz, de
MORENA, había anunciado que, de ganar las elecciones, el ingreso y permanencia
de la UACH o UACJ sería
gratuito.
Pasadas las fechas electorales, cuando
Luis Fierro ofreció su primera conferencia de prensa como rector electo,
puntualizó que la eliminación, reducción o incluso incremento de las cuotas era
una decisión únicamente de los universitarios, y dijo con todas las letras que
la UACh no estaba en condiciones de retirar esos cobros.
El tema de las cuotas de la UACh, ubicadas
entre las más altas de todas las universidades públicas del país, según lo
había reconocido el propio Fierro, estaba hasta ese momento en el campo del
Consejo Universitario.
El problema para el nuevo gobierno es que,
un día antes, el recién nombrado secretario de Educación y Deporte del Gobierno
del Estado, Pablo Cuarón
Galindo, no sólo descartó, sino que hasta descalificó
aquella propuesta de campaña: “fue una promesa que se hizo con el corazón, pero
no con la razón”, dijo.
“…puedes manejar mi
auto”: Lennon & McCartney
Corral, al igual que casi todos las
candidatas y candidatos que estuvieron en campaña en la capital del estado,
habían ofrecido eliminar el sistema de foto-infracción, también llamado
“foto-multa”, el cual estaba contemplado en el artículo 99 de la Ley de
Vialidad.
Antes de irse, la 64ª Legislatura,
dominada por el PRI y sus aliados, derogaron el artículo que permitía la
foto-multa y, con ello, se terminó el programa, a pocos días de que cerrara la
administración de César Duarte.
El tema había quedado zanjado hasta que
circuló en redes sociales un video donde aparecía el gobernador Corral hablando
de la foto-multa y su posible re-instauración, como una medida preventiva, más
que recaudatoria.
En el video, el gobernador dijo
textualmente:
“El consejo
consultivo de vialidad convoque a los expertos, a los sectores a platicar sobre
el proyecto original. Que se cree el mecanismo de las cámaras electrónicas, y
que, si tú vas a alta velocidad a partir de un límite razonable y racional para
esas avenidas, que lo primero que te llegue sea un aviso de que se te ha
encontrado violando el máximo de velocidad.
En un siguiente momento, si vuelves a
cometer una infracción, te llegue una multa
de un costo menor, nada significativo. Pero que la
reincidencia sea severamente castigada, dejar el mecanismo en términos de
seguridad, pero quitarle su afán recaudatorio”.
El esbozo de reinstalar la foto-multa
generó reacciones en contra. El PRI emitió un comunicado ese mismo día en el
cual criticaba a Javier Corral por incumplir dos promesas de campaña en menos
de cuatro días.
En tanto, el grupo parlamentario del PAN,
coordinado por Miguel Latorre, advirtió que el Congreso de Estado no votaría
por una nueva reforma a la Ley de Vialidad para reinstalar ese sistema de
sanciones de vialidad.
Cuatro días y cuatro roces, tanto con la oposición priista como con la
opinión pública y hasta con la bancada de su partido.
El gobierno de Javier Corral apenas
inicia, pero lo más difícil que ha de enfrentar en lo que queda del 2016 aún
está por venir: la aprobación del paquete económico; una posible solicitud de
crédito directo o emisión de bonos bursátiles, y la presentación de causas penales en
contra de ex gobernador César Duarte.
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