Por Rodrigo Borja
El
pasado 26 de septiembre el senador chihuahuense Javier Corral Jurado, dijo con
seguridad y contundencia, que el
gobernador César Duarte Jáquez, tendría que dejar la gubernatura en algunos meses, para
responder a la denuncia presentada por Jaime García Chávez, que lo acusa de
utilizar fondos públicos para financiar al banco regional Unión Progreso de
Chihuahua, quien a su vez compró a Scotiabank, la deuda del Hotel Soberano.
La
denuncia del conocido abogado laborista de la capital del estado, fue presentada
el pasado 23 de septiembre, ante la Procuraduría General de la República y la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y Banco de México, y por mero formalismo, también fue entregada a la
Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dijo el senador en el programa
radiofónico «Desayunando con 860», que conduce el periodista Héctor Javier
Mendoza Zubiate.
La
denuncia de Jaime García Chávez, consta de 24 cuartillas y ha sido
repetidamente calificada por Corral Jurado, con muy robusta y sólo una parte
del «arsenal» de pruebas que se tienen sobre el presunto enriquecimiento
inexplicable del gobernador Duarte Jáquez.
En
el programa mencionado de 860 Radio Noticias, el senador panista mencionó que
la siguiente semana subiría a la Cámara de senadores el caso, ya que se había
comprometido con el abogado García Chávez a acompañarlo en su lucha por el
esclarecimiento de estos hechos, sin embargo fue hasta el pasado 6 de noviembre
que estuvo listo la «Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, en
relación con la denuncia presentada contra el gobernador constitucional del
estado de Chihuahua».
Sin
embargo, el mes de octubre el caso estuvo muy ventilado en las redes sociales y
hubo incluso pequeñas manifestaciones frente a la Casa de Gobierno o frente a la torre del Congreso, pero no era
tomado por los medios de comunicación
salvo en programas de comentarios sobre todo radiofónicos y señaladamente una
entrevista de alrededor de media hora en el canal 28 de televisión de la ciudad
de Chihuahua, en el cual se entrevistó en forma muy amplia a Jaime García
Chávez. El caso de Iguala, opacaba cualquier otra información en el espectro
informativo nacional y por ello pasó desapercibido un desplegado publicado el
dos de octubre en la página 5 de la sección «A» del diario El Universal, de la Ciudad de México, en donde se hace una fuerte denuncia a la
opinión pública, sobre el gobierno de César Duarte Jáquez, quien es acusado en el
mismo de autoritario, nepotista y de enriquecimiento inexplicable. No es un
dato menor citar que la página «5-A» del diario capitalino es el espacio más
costoso del mismo.
Nada
pasó con la dura publicación. El asunto cobró notoriedad en los espacios
periodísticos el pasado domingo 2 de noviembre, cuando en El Heraldo de la ciudad de Chihuahua, se publica un desplegado en
la página 18-A, en donde con una cabeza que reza «Duarte, Vete», se hace un
amplio recuento de presuntas irregularidades y pillerías del gobierno estatal
en Chihuahua, el escrito es firmado por un organismo llamado Unión Chihuahua.
Este
última publicación tuvo una rápida respuesta, el cinco de noviembre cuando en
los dos principales diarios de la capital estatal, se publica un desplegado a
la «Opinión pública», en la que se descalifica a Jaime García Chávez, no se
escatiman juicios y se hace una abierta defensa al gobierno del estado , por su
labor en pro de la educación media y superior, éste es firmado en primer lugar
por el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua Enrique Seáñez Sáenz, los
principales funcionarios de la institución, así como director de Universidades
Tecnológicas de diversas ciudades de la entidad, y de Colegios de Bachilleres.
Ante
este último desplegado el propio Jaime García Chávez, adjudicó su autoría y
«mala redacción» al recién estrenado secretario de Educación, Cultura y
Deportes, Marcelo González Tachiquín y mereció que un nutrido grupo de
estudiantes y egresados de la UACH, dieran a conocer un posicionamiento
condenando la publicación, en el que entre otras cosas afirman:
«Las instituciones educativas deben sensibilizar a sus alumnos sobre la
situación de su país, de su Estado y de sus entidades. La Universidad construye
los pilares de conocimiento en los jóvenes y además debe crear líderes y seres
pensantes capaces de tomar sus propias decisiones.
«Ante esto, nos encontramos
preocupados por la falta de sensibilidad de nuestra Alma Mater a más de 50 días
de lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala,
Gro., hasta hoy en día no hay un pronunciamiento de solidaridad.
«Son más de 115 Universidades del
país que se han proclamado en paro o que se han pronunciado en plena
indignación. El silencio de la Universidad Autónoma de Chihuahua le duele a una
sociedad que pide solidaridad, lucha y justicia; sin embargo, esta acción de
silencio se vuelve insultante cuando en tiempo récord y en nombre de toda la
Universidad, el M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, rector de nuestra Universidad
Autónoma de Chihuahua firmó una carta en donde sale en defensa del Gobernador
César Duarte por las publicaciones referidas por parte del ciudadano Jaime
García Chávez; como egresados de la Universidad, consideramos que esta postura
atenta contra las voluntades de todos los miembros de la Universidad, de su
autonomía y de la imagen de nuestra Alma Mater.
«En esta ocasión nos sentimos
ajenos con la decisión del rector de respaldar y defender al gobernador en
nombre de todos los universitarios y consideramos que nuestra Alma Mater pierde
su “Luchar para Lograr y Lograr para Dar”, cuando no tiene la sensibilidad de
solidarizarse con el crimen de Estado que tiene desaparecidos a 43 estudiantes.
Es importante aclarar que esta postura no apoya a ninguna de las partes
involucradas y rechaza el uso del nombre de la institución académica de lo que
debiese ser una opinión de criterio personal». Más cosas dicen los estudiantes
y egresados de la UACH.
El lunes previo al cierre de Semanario, desde la ciudad de Chihuahua, se dio a conocer la conformación
de un organismo llamado «Unión ciudadana», integrada por lo menos una docena de
chihuahuenses entre los que se encuentran Jaime García Chávez, Javier Corral
Jurado, Francisco Barrio y Víctor Quintana.
Menos de 24 horas después en la ciudad de México,
30 senadores de diversos partidos, suscriben el punto de acuerdo propuesto por
Javier Corral y el caso de Chihuahua, ya se discute en la Cámara de Senadores.
El Punto de acuerdo
El senador Corral Jurado, dio a conocer con
antelación en su página web, el punto de acuerdo que se discute en el Senado y
que en base «lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8,
numeral 1, fracción II, 108, 109, 275, 276 y demás aplicables del Reglamento
del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, Proposición con
Punto de Acuerdo, de urgente resolución, en relación con la denuncia presentada
contra el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua».
En
las consideraciones el legislador chihuahuense dice: «El pasado martes 23 de
septiembre, el abogado y luchador social en el Estado de Chihuahua, Jaime
García Chávez, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la
República, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contra César Duarte Jáquez,
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, por hechos constitutivos de
presuntos delitos, que se narran a continuación:
«Según
consta en la denuncia presentada, el Gobernador del estado de Chihuahua
adquirió el 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V.,
cuya creación fue autorizada el día 21 de marzo de 2014 por la Junta de
Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que resulta de la
fusión de “Unión de Crédito Progreso S. A., Akala, S.A. de C.V., Sociedad
Financiera Popular y Unica Casa de Cambio, S.A. de C.V.
«Con
la creación de esta institución de crédito, el Gobernador de Chihuahua ha
instrumentado el mecanismo por el cual ha logrado parte del enriquecimiento
ilícito que deriva de la utilización de recursos económicos del erario del
estado, en beneficio propio y de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, así como
del presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Gerardo
Hermosillo Arteaga, y del secretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera
Corral.
«Se
sostiene que la participación accionaria del Gobernador y su esposa en el Banco
Progreso de Chihuahua se comprueba con la existencia del contrato de
fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el
Notario Público No. 6, en noviembre del 2012. En ese contrato, los
fideicomitentes César Horacio Duarte Jáquez y su esposa, Bertha Olga Gómez
Fong, aportaron 65 millones de pesos con el objeto de que la Fiduciaria (Banco
Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte), siguiendo sus instrucciones, realizara la adquisición de acciones del
banco (Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V.); ahí manifestaron bajo
protesta de decir verdad que los recursos aportados fueron de procedencia
lícita y actividades propias de ellos.
«Dicha
operación financiera quedó oculta para las autoridades financieras del país, ya
que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita entró en vigor nueve meses después de la transacción,
por lo tanto el Notario Público ante quien se formalizó el fideicomiso no tenía
la obligación de reportar o dar aviso a las autoridades. Sin embargo, sin que
ello implique aplicación retroactiva de esa ley, las autoridades del sistema
financiero que autorizan ese tipo de instituciones bancarias tienen las
facultades suficientes para investigar y verificar el origen de los recursos de
sus socios».
La
denuncia de García Chávez, logró traspasar las fronteras de la entidad y el
caso, en toda su complejidad, por los ángulos político-partidistas que
ofrece, se antoja de difícil resolución.
Sin embargo, en el mismo programa de «Desayunando con 860», el senador Corral,
dio un voto de confianza al procurador Jesús Murillo Karam, de quien dijo «es
un priista, pero no es cualquier priista». Ahí el senador se comprometió a
llevar hasta sus últimas consecuencias el caso y si la PGR no actúa con
prontitud y apego a Derecho, amenazó con perseguir por el país y el mundo al
presidente Enrique Peña Nieto, para «exigir que se haga justicia en Chihuahua».
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