La
crisis que vive el país por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos
de la normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, tiene en un aparente
dilema al gobierno. Al parecer está sopesando entre decir la verdad e ir
al fondo del asunto y aceptar que los estudiantes han sido asesinados y
presentar sus restos o continuar con la narrativa de que están
desaparecidos, al parecer no saben, no han medido, cuál de los dos
escenarios les causa menor daño al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El
padre Alejandro Solalinde fue crudo y brutal al declarar lo que ya
estaba en cabeza de muchos, que los muchachos ya no se encuentran con
vida y que fueron incinerados algunos de ellos aún con vida por miembros
del crimen organizado, por la banda conocida como Guerreros Unidos.
La
crudeza de lo dicho por Solalinde, ocasionó que los padres le
impidieran dar una misa el domingo pasado en las instalaciones de la
escuela de Ayotzinapa y éste tomara distancia del movimiento, al darse
cuenta que la rudeza de sus palabras, atacaban la esperanza de los
padres de familia que quiere a sus hijos de regreso vivos.
Sin
embargo, el líder máximo de Guerrero Unidos Sidronio Casarrubias, quien
fuera detenido hace más de una semana, declaró que él dio la orden de
ejecutarlos y desaparecerlos y afirma que esto sucedió en acato a la
instrucción de María de los Ángeles Pineda Villa, ex esposa del alcalde
con licencia y prófugo José Luis Abarca, quien encabeza, nos referimos
por supuesto a la mujer, al crimen organizado en varios municipios de
Guerrero.
Sidronio
Casarrubias desconoce el número de jóvenes que mandó asesinar y también
afirma que no sabe dónde quedaron finalmente sus cuerpos, él sólo dio
la orden en acato a los deseos de Pineda Villa.
Es
urgente la solución del problema, el gobierno pronto debe dar con el
paradero de los 43 normalistas, sin importar que los más tristes
augurios sean realidad, sin importar que lo rudo y brutal que fue
Solalinde al hablar de su destino, sea la verdad.
Tan
importante como la aparición de los estudiantes es la detención de los
directamente culpables, en este caso el alcalde con licencia de
Iguala y su esposa, quien según testimonios fue quien dio la orden,
imaginamos, que ensoberbecida por el poder y la impunidad.
Los
daños al gobierno de Peña Nieto sólo siguen creciendo cada día que pasa
y no hay información cabal, sobre el paradero de los estudiantes y
siguen prófugos sus asesinos
Editorial 1160
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