Detención de Abarca no es suficiente

La reciente detención de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, en una colonia de la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, es muy importante para hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, pero por supuesto no es suficiente.

Es claro que lo más importante es la aparición de los normalistas abatidos a tiros por la policía de Iguala y posteriormente entregados —según diversas versiones— al grupo de narcotraficantes Guerrero Unidos.

El reclamo por su aparición y castigo a los culpables en este caso, sigue creciendo, la atención del país y del mundo no se distrae y no cesa en pedir el regreso con vida de los estudiantes y el castigo de todos los culpables.

Para el gobierno mexicano esto ha representado un daño muy importante en su imagen externa, porque lo que refleja es un país en el que conviven autoridades con los narcotraficantes, un país en el que no se respetan los derechos humanos y en el que reina la impunidad.

La firma financiera Merril Lynch, ya habla de pronósticos en el crecimiento a la baja, tanto para el presente año, como para el 2015 y de desaliento a la inversión extranjera por la imagen de inseguridad e inconformidad ciudadana que México ofrece al mundo.

Golpes espectaculares como la detención de Vicente Carrillo Fuentes, fue noticia de un día, la caída del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, también duró 24 horas y por supuesto el mismo destino le espera a la detención reciente de José Luis Abarca y su esposa, señalada esta última como cabeza del grupo delincuencial Guerrero Unidos, en varios municipios de Guerrero.

Las declaraciones de Sidronio Casarrubias, así como de otros miembros del grupo de delincuentes mencionado, hablan con claridad, de que la orden partió de José Luis Abarca y el propio Sidronio acepta que él dio la orden de asesinarlos y enterrarlos y según declaraciones dadas a conocer desde los primeros días de octubre, pero que hasta ahora han trascendido. De otros inmiscuidos en los terribles hechos, los jóvenes fueron enterrados en fosas clandestinas entre los municipio de Iguala y Cocula, en un lugar conocido como Pueblo Viejo, en donde originalmente se encontraron cinco fosas con 28 cuerpos, algunos calcinados, hay indicios de que la Procuraduría General de la República, concretamente su titular Jesús Murillo Karam, faltó a la verdad al declarar que no eran los cuerpos de los estudiantes, ninguno de estos 28 cuerpos originalmente hallados, de comprobarse la hipótesis, estamos no únicamente ante un crimen condenable desde cualquier punto de vista, sino ante intento de encubrimiento por parte del gobierno federal, a quien le sigue creciendo la bola de nieve.

editorial 1162