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lunes, 10 de mayo de 2010

En tierras de Joe Arpaio: Al límite el creciente racismo en Arizona

Por Rodrigo Borja

Se gestó por lo menos desde 1994 con el programa “Hot line”, que fue el cierre de la frontera en las zonas de mayor cruce, con una vigilancia de la Patrulla Fronteriza, que colocaba cada milla una unidad de vigilancia. La ley SB 1070 es corolario de la creciente xenofobia en el estado de Arizona, hacia donde se desplazó el paso de los migrantes indocumentados.
Es el estado de Joe Arpaio, sheriff descendiente de inmigrantes napolitanos, que presume sus persecuciones anticonstitucionales contra los migrantes sin papeles. El estado de los  «Minute men»… el estado en el que no podrá vivir el gobernador José Reyes Baeza, no obstante tener su casa en Scottsdale, zona exclusiva de Phoenix, simplemente por su perfil racial.
La ley SB 1070
Se gestó por largo tiempo en una creciente actitud racista, incluso de los descendientes de mexicanos o mexicanos ya documentados, quienes con corta memoria, olvidaron que lo que los llevó a la aventura y desgracia de dejar su tierra, es la falta de oportunidades de empleo y de una mejor vida para ellos y sus hijos y esto no ha descendido en los últimos tres años con Felipe Calderón, El autodenominado «presidente del empleo».                     
Con más de cuatrocientos mil mexicanos indocumentados en Arizona, quienes se ocupan principalmente de los empleos que no requieren mano de obra especializada, empleos que son rechazados por otros grupos raciales o nacionales de este país de inmigrantes, la ley SB 1070 se da en el contexto de un proceso electoral lo cual la explica en gran medida, pero también refleja el creciente rechazo a los indocumentados, ya que se convierte en una popular  iniciativa para lograr simpatías electorales y la reelección de la gobernadora Jan Brewer.
Sin embargo, al contrario de lo que se esperaba, el repudio a la ley de Arizona, en cuyo desierto mueren alrededor de 300 mexicanos cada año en sus intentos por acudir al vecino país a buscar trabajo, que en México no pueden obtener, la SB 1070 ha sido repudiada en ambos países y en el propio estado. El alcalde de Phoenix, ya interpuso un recurso legal contra la misma.
La citada ley, que teóricamente entrará en vigor en 80 días más prevé que no tener estadía legal en los Estados Unidos, no llevar en la billetera la «green card» o transportar en su vehículo a un indocumentado, aunque sea familiar, se convierte en delito.
Obama la rechaza
Horas antes de su promulgación el pasado 23 de abril, el presidente de los EE. UU. Barack Obama, dijo en Washington que era «una medida equivocada» y aprovechó para pedir al Congreso celeridad en el debate de una reforma migratoria, que por cierto es promesa de campaña y requiere de un apoyo bipartidista.
Obama precisó que en los EE. UU. Viven alrededor de once millones de indocumentados que se encuentra fuera del sistema y cuya situación es inaceptable y reiteró que el sentido común encamina a su regulación migratoria.
El presidente comentó sobre los indocumentados «que quienes están aquí en Estados Unidos ilegalmente, paguen impuestos que adeudan, admitan responsabilidad por trasgredir la ley, paguen una multa, aprenden inglés y demuestren que no tienen antecedentes penales, para que se pongan en fila y eventualmente obtener su ciudadanía»
Situación que por otra parte está fundamentada en la realidad, ya que la economía del vecino país del norte, tiene la necesidad de 500 mil trabajadores no calificados y sólo se otorgan cinco mil visas anuales en este rubro.
En su parte más deleznable, la ley permite que un agente de policía pueda detener a cualquier persona, por sospechas de ser indocumentado y ello en palabras llanas es que se guiarán por el perfil racial, morenos, de pelo negro, lo cual es a todas luces violatoria de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el libre tránsito.
«Lo sabíamos. Es un paso lamentable, pero sabíamos que Brewer lo iba a hacer, comentó a Univisión Jorge Mario Cabrera, director de la coalición por los Derechos Humanos de los inmigrantes de Los Ángeles, reacciones como la de esta organización se están dando a todo lo largo y ancho del país.
Inmediatos daños a la economía
La reacción inmediata en ambos países ha sido un boicot en diversos órdenes a la entidad de Arizona, incluso los concejales de Tucson y Flagstaff, se han inconformado  por las consecuencias negativas al turismo. El diario Arizona Daily  Star, hizo notar en su primera plana sobre las negativas consecuencias, ya que la economía de Tucson, depende en buena parte de los turistas que diariamente viajan desde el estado de Sonora.
            Repudio desde México
El gobernador José Reyes Baeza, con fecha 29 de abril, envió una carta a la gobernadora Jan Brewer en la cual dice: me permito  «expresar a usted en nombre del gobierno y ciudadanos del estado de Chihuahua,  México, nuestro más enérgico rechazó a la ley SB 1070 (…) La ley en concreto, es sin estatuto discriminatorio, racista y violatorio del Pacto Internacional de Derechos Civiles vigentes desde 1976, así como del Treaty de los derechos  de los trabajadores migrantes, auspiciado por la organización de las Naciones Unidas(ONU)».
            Por su parte Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, comentó que era racista la ley multicitada y que seguirán muy de cerca los procedimientos legales sobre la entrada en vigencia de la ley.
            La situación es difícil de seguir por lo dinámico de los acontecimientos, es de hacer constar que el racista jefe policíaco Joe Arpaio, quien ha logrado notoriedad por la constante persecución de indocumentados en lugar de perseguir a criminales, está siendo investigado por abuso de autoridad.
            La creciente xenofobia en Arizona, es un capítulo más en el añejo  problema de los migrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos, que en el pasado sexenio estuvo en primer lugar en la agenda mexicana, pero que en el actual gobierno federal encabezado por Felipe Calderón, se cambió por la lucha anti narcotráfico, cuyo desenlace es tan incierto como la ley SB 1070, cuyo aplicación ya se está dando aun cuando se ordenó su entrada en vigencia hasta el mes de julio y los efectos en la economía de Arizona también se sienten ya por el boicot de quienes están en contra.

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