GINEBRA, Suiza (IPS) - «El Comité de la ONU
contra las Desapariciones Forzadas no es un tribunal y digo esto para evitar
cualquier malentendido», enfatizó el experto alemán Rainer Huhle al
presentar este viernes 13 las recomendaciones al gobierno de México, acosado
por la proliferación alarmante de ese delito.
La advertencia, de Huhle,
uno de los 10 integrantes de ese cuerpo de la ONU (Organización de las Naciones
Unidas), precisó cómo son el lenguaje y los tiempos de la diplomacia
internacional aun en el caso candente de decenas de miles de desapariciones
como se ha denunciado en México.
El documento del Comité describe «un
contexto de desapariciones generalizadas» en gran parte de México. Sostiene que
muchas de ellas podrían caer en la categoría de desapariciones forzadas y
admite que ya se perpetraban cuando entró en vigor, en diciembre de
2010, la Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas.
El texto emplea el modo
condicional en los verbos para reconvenir al gobierno mexicano, en un tono de
suave reprensión, repitiendo, por ejemplo, «el Estado parte debería…» en varias
de sus recomendaciones.
Pero sin pasar por alto,
empero, ninguno de los aspectos más graves del delito.
«El análisis se me hace muy
puntual en todo», aprobó a IPS la madre de un desaparecido, María Guadalupe
Fernández, quien es una integrante activa de Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila y en México.
También el abogado Michael
Chamberlin, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, del
estado nororiental de Coahuila, consideró «positivo que el Comité reconozca el
carácter generalizado de las desapariciones, porque dimensiona correctamente la
magnitud del fenómeno en México».
Chamberlain aplaudió a IPS
que el Comité «haga constar la falta de un registro preciso de las
desapariciones ligado a mecanismos de búsqueda eficientes y de oficio para
desapariciones recientes y del pasado, sensible a condiciones de género, edad y
nacionalidad».
La ausencia de datos
precisos sobre el número de desaparecidos fue uno de los reclamos más firmes
que hizo el Comité, que estableció cómo prioridad que el Estado mexicano lo
solucione favorablemente en el plazo de un año.
Una de las estimaciones,
originada en el gobierno y divulgada por Amnistía Internacional, eleva el
número de desaparecidos en los últimos ocho años a unos 22,600.
«Esas cifras han cambiado de
magnitud varias veces», dijo Huhle a IPS. “No podemos confiar en esos
datos porque desconocemos como se obtienen”, agregó el miembro del Comité, que
examinó a México durante una audiencia especial el 2 y el 3 de este mes, en
esta ciudad suiza.
«Después de un año,
esperemos que (las autoridades) nos digan que han logrado. Ellos deben
comprender que esto es una prioridad. Por supuesto, no esperamos tener un
cuadro perfecto en un año, pero para entonces tendrán que haber avanzado
algunos pasos», completó.
El Comité también fijo el
plazo de un año para que México se ocupe del problema de los migrantes,
en su mayoría procedentes de América Central y algunos países sudamericanos, «que
cruzan México en busca del ‘paraíso’ al norte del Rio Grande», en el vecino
Estados Unidos, refirió Huhle.
En este punto, el Comité
empleó un lenguaje más duro al declarar su «preocupación» por la desaparición
de migrantes, «incluyendo niños», y «entre los cuales habría casos de
desapariciones forzadas», dijo el documento de recomendaciones entregado este
viernes 13.
El tercer emplazamiento del
Comité que debe cumplirse en un año aborda que México «debería redoblar
sus esfuerzos con miras a la búsqueda, localización y liberación» de las
personas desaparecidas.
Chamberlín también consideró
positivo para los activistas la demanda del Comité de que se armonice la
legislación del país, pese a su carácter federal, así como el señalamiento de
la impunidad en materia de desapariciones forzadas y como evaden las
autoridades la investigación de los casos, al disfrazarlos con otras figuras
delictivas.
Fernández, madre de José
Antonio Robledo Fernández, un ingeniero desaparecido en enero de 2009 cuando
tenía 32 años, resaltó que el Comité «puso atención en un problema tan grave
que rebasó a México».
Lo hizo, dijo, mediante la
implementación de mecanismos «que no se queden en proyectos de mediano y
largo plazo sino que sean inmediatos, para que en verdad apoyen a todos los
familiares que pululamos por el país en búsqueda de nuestros seres queridos».
Pero Fernández disintió de
la decisión del Comité de otorgar al Estado mexicano hasta 2018 para cumplir
con sus recomendaciones, con la excepción de los tres emplazamientos para
cumplir en un año sobre el registro de desapariciones, los migrantes y la
búsqueda de las personas desaparecidas.
«Desconfió en verdad que el
Estado cumpla y satisfaga todas las recomendaciones del Comité en apoyo a las
victimas indirectas de esta emergencia nacional, y que ponga fin a todas las
violaciones de los derechos humanos e implemente normas que deben ser
inmediatas», explicó.
Entre las lagunas del
Comité, Chamberlain destacó que no haya citado la falta de independencia de la
procuraduría (fiscalía) «como una de las razones fundamentales para la
impunidad en el caso de desapariciones». Solo lo mencionó en el caso de la
justicia militar, aclaró el abogado.
Tampoco hizo alusión a la falta
de sanción a los funcionarios que incurren en negligencia o corrupción, apuntó.
Chamberlin observó que el Comité
no consideró la crisis de credibilidad de las instituciones de justicia en
México. De hacerlo, hubiera instado al Estado a colaborar plenamente con el
grupo de expertos en materia de desapariciones forzadas de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Esos expertos realizarán
varias visitas a lo largo de este año al país, como parte de las medidas
cautelares dictadas por la CIDH para seguir el caso de los 43 estudiantes de
magisterio de La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero,
que desaparecieron el 26 de septiembre.
El grupo de la CIDH se
ocupará «no solo de investigar y superar los fallos en la investigación,
sino también de otorgar certeza a los familiares de las víctimas», recordó
Chamberlin a IPS.
El defensor de derechos
humanos reclamó «un papel más proactivo del Comité (de la ONU) y no solo de
observante de la grave situación en México. Al fin y al cabo, ¿de cuántos otros
estados se puede decir que existe una situación generalizada de desapariciones?»,
se preguntó.
Editado por Estrella
Gutiérrez
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