Como una medida de defensa, los vendedores de autos usados han trabajado los últimos años, bajo un amparo de una comercializadora ubicada en Mexicali, Baja California. En este esquema se importaron miles de vehículos en toda la franja fronteriza.
Entonces las autoridades hacendarias han seguido tomando medidas para evitar la importación de vehículos o por lo menos dificultarla de tal amanera y encarecerla, que resulte mejor tratar de comprar un vehículo nacional o simplemente resignarse a que un automotor no está al alcance del ciudadano y hacer uso del transporte público, que en el caso de Juárez, es reconocidamente ineficiente, inseguro y promiscuo.
Juárez, por lo menos, es una urbe fronteriza en la que el automóvil para miles de ciudadanos no es un accesorio de lujo, sino un bien de primera necesidad, por la gran dispersión urbana que hay en la ciudad y la falta de una buena planeación en las rutas de transporte público, que obligan a miles de usuarios a tomar dos unidades y pasar horas en los autobuses para trasladarse de un destino a otro.
En la reciente visita de Idelfonso Guajardo, secretario de Economía del gobierno federal, se abrió un canal de comunicación con la secretaría para tratar el asunto entre la misma y los vendedores de autos usados organizados.
También la senadora Graciela Ortiz, ha tenido reuniones con los vendedores de autos usados y ha llevado el asunto al director del SAT, Aristóteles Núñez, con quien ha tenido por lo menos un par de entrevistas sobre este asunto.
No obstante, los canales de comunicación que se han logrado abrir, los augurios de solución no son halagadores, sin embargo, los juarenses no debemos quitar el dedo del reglón, ya que, por lo menos en esta frontera, el tener un automóvil no es asunto de estatus social, sino de estricta necesidad por las razones ya dichas, la absurda dispersión urbana y el pésimo sistema de transporte. editorial 1195
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