Ayotzinapa no se olvida

Este 26 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero y muy lejos estamos aún de conocer su paradero y las circunstancias en que se los llevaron.

Los padres de los estudiantes desaparecidos exigen el completo esclarecimiento de los hechos, el gobierno por su parte lejos calmar la zozobra de sus familiares y compañeros y satisfacer el clamor de justicia que exigen los mexicanos, se ha dedicado a dar largas y entorpecer la investigación y proteger la posible participación de miembros de la Policía Federal y el Ejército, como lo alega el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, el caso puede estar resuelto y superado luego que el entonces Procurador Jesús Murillo Karam diera a conocer su versión de los hechos, la «verdad histórica» como la llamó en su momento, era que los normalistas habían sido confundidos por la policía de Iguala como miembros de un cartel rival a los Guerreros Unidos y fueron entregados a la policía de Cocula para luego ser asesinados e incinerados en un basurero de ahí mismo.

Pero las investigaciones e indagaciones del GIEI arrojan dudas y muchas sobre la versión oficial. 1) diferentes peritajes a la zona donde supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los estudiantes no se encuentra evidencia de un incendio de la magnitud de lo que debería ser una hoguera en la que se quemaran 43 cuerpos sin dejar apenas rastro de ellos. 2) Testigos aseguran haber visto a miembros del Ejército y la Policía Federal presenciar impasibles la cacería llevada a cabo por los municipales en contra de los jóvenes normalistas, el GIEI pidió en su momento tener acceso a los registros, bitácoras y la posibilidad de entrevistar a dichos elementos pero el gobierno se ha negado. 3) Uno de los hechos que más molestia ha causado entre los familiares de los estudiantes es la posible alteración de una de las supuestas escenas del crimen por parte de Tomás Zerón de Lucio, en su momento titular de la Agencia de Investigación Criminal que lleva a cabo las pesquisas del caso Ayotzinapa, esto luego que el grupo de expertos diera a conocer un video que confirma la presencia de Zerón de Lucio en el Río San Juan un día antes de que fueran encontradas las bolsas con los supuestos restos de los normalistas en las márgenes del río. 

A todo esto hay que sumar las pruebas de tortura que muestran algunos de los más de 130 que se contabilizan hasta el momento, principalmente de miembros de las policías municipales de Iguala y Cocula, pero sin que ningún funcionario de primer y segundo nivel haya sido detenido hasta el momento, excepto el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. 

En su informe final el GIEI acusó abiertamente al gobierno federal de obstaculizar su trabajo, entre los señalamientos enumera, la lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica algunas pruebas, su negación a indagar otras líneas de investigación, entre otras, todo esto señala son muestra de las «barreras estructurales» que impone el gobierno.

Saber la verdad de lo que ocurrió en Iguala hace dos años, es un hecho de elemental justicia no sólo para sus familias y compañeros, sino para todos nosotros. No podemos ni debemos pasar página. Apostarle al olvido como pretende el Estado, no puede ser una condición para la gobernabilidad en este país.                                                 Editorial 1244