La participación del ejército mexicano en la lucha antidrogas impulsada por el gobierno del conservador Felipe Calderón disparó los niveles de violencia en las zonas geográficas donde actúa, según el análisis de un experto estadounidense en estadística.
En el estudio «Análisis estadístico y perspectiva de la guerra contra las drogas en México», publicado en su bitácora electrónica, Diego Valle analiza las tasas de homicidio en algunos estados mexicanos y las vincula con los operativos militares contra los cárteles de la droga que operan en este país.
«Cuando Calderón decidió enviar al ejército a todo el país desestabilizó el equilibrio de poderes entre los cárteles. Algunos eran más débiles y el cártel de Sinaloa jugó bien sus cartas», dijo a IPS Valle, quien también se dedica a estudiar sistemas de cómputo y bases de datos.
Luego de asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), ordenó el despliegue de miles de soldados y policías a las regiones más afectadas por la incidencia de las bandas de narcotraficantes.
La primera estación de esa campaña fue el sudoccidental estado de Michoacán, su tierra natal, a donde envió 4,500 efectivos, un territorio disputado por varias agrupaciones criminales por ser una ruta hacia la frontera con Estados Unidos.
«La violencia depende de otros factores, como el reacomodo de las organizaciones delictivas. No ha sido generada por la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen», señaló a IPS Mario Cruz, experto de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
En un inicio, la guerra resultó exitosa, pues sólo en 2007 la tasa de homicidios cayó en todo el país y, en particular, en Michoacán disminuyó más de 40 por ciento, respecto del año anterior, según el estudio de Valle, quien hizo sus cálculos a partir de datos gubernamentales.
Luego, la presencia militar, que ya involucra a unos 95,000 soldados, se extendió a otros estados. Desde 2006 los asesinatos relacionados con el tráfico ilegal de estupefacientes superaron los 22,000, según cifras oficiales. De esa cantidad, las autoridades judiciales han investigado más de 1,000.
Además, se ha detenido a más de 120,000 personas por sus supuestos nexos con el crimen organizado. De ese dato, menos de 10 por ciento pertenecería al cartel de Sinaloa, comandado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, cuya fortuna calculó la revista estadounidense Forbes en 1,000 millones de dólares.
La Policía Federal Preventiva se ha negado a revelar la cantidad de civiles que han muerto en los enfrentamientos y que carecen de vínculos con el crimen organizado.
«Antes de que el gobierno empezara la guerra antidrogas, cada cártel tenía sus propias redes de protección y vivían en paz con sus rivales y el gobierno», comentó Valle.
«Sabían que si iniciaban una guerra abierta con otro cártel, tenían mucho que perder. Eran igualmente poderosos o al menos suficientemente poderosos para defender sus territorios. Entonces no tenían muchos incentivos para ir a la guerra entre sí», apuntó.
Las primeras operaciones militares conjuntas de 2006 y 2007 bajaron las tasas de homicidios en Michoacán y el sureño estado de Guerrero, pero en los norteños Chihuahua, Nuevo León y Durango y en la sudoriental Veracruz coincidieron con aumentos de homicidios e intentos del cártel de Sinaloa para controlar las rutas del narcotráfico de grupos rivales.
Desde 2006 las alianzas y rupturas entre las organizaciones de narcotraficantes han sido efímeras, por lo cual los socios de ayer son los rivales de hoy y no se sabe si mañana vuelvan a estar unidos.
«No es ideal que las Fuerzas Armadas ataquen este problema, pero al no haber otra institución para enfrentarlo, se optó por esa vía. Las corporaciones policíacas están mal capacitadas o no han sido configuradas para rechazar la corrupción del crimen organizado», indicó Cruz.
El gobierno mexicano achaca los niveles actuales de violencia a la pugna por las rutas de traslado y distribución de sustancias ilícitas hacia el jugoso mercado estadounidense.
Pero en Durango, en el noroccidental Sonora y en Veracruz no necesitaban intervenciones militares, según el comparativo estadístico.
«La expansión de las operaciones militares más allá de Michoacán y Guerrero era innecesaria. Y dados los aumentos totales de la violencia era dudoso si involucrar al ejército era la solución apropiada», mencionó Valle.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos mexicanas y extranjeras han rechazado la intervención militar con el argumento de que las tropas no están entrenadas para el combate contra el narcotráfico.
Por ejemplo, la tasa de homicidios en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, bajo la presencia del ejército creció 400 por ciento entre 2007 y 2008, mientras que el indicador nacional saltó 65 por ciento, con una mayor incidencia en las zonas de disputas de territorios entre cárteles.
En esa localidad, 1,600 personas fueron asesinados en 2008, 2,781 en 2009 y la previsión para 2010 es que la estadística sea similar a la del año pasado.
El municipio mexicano más violento durante el período 1990-2008 fue Badiraguato, en el estado de Sinaloa, cuna de algunos de los narcotraficantes más importantes, según el análisis del experto estadounidense.
Este país norteamericano se ha convertido en el sexto con mayor número de asesinatos en el planeta, con 18,900 homicidios ocurridos en 2009, según un análisis de la firma privada Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. Chihuahua y Sinaloa fueron los estados que acapararon la mayor cantidad de esos sucesos.
Para el gobierno, el cártel de Sinaloa es muy poderoso debido a su riqueza financiera, su capacidad para corromper voluntades, su poder de fuego y su estructura organizativa.
«No habrá un final rápido a las guerras de los cárteles. Claramente no habrá paz hasta que se obtenga un nuevo equilibrio entre los cárteles o el de Sinaloa se convierta en el único operando en México», concluyó Valle.
Cruz, por su parte, consideró que no hay un grupo criminal con la capacidad «de dictar las reglas» y que seguirán operando como lo han hecho en los últimos años.
«Cuando Calderón decidió enviar al ejército a todo el país desestabilizó el equilibrio de poderes entre los cárteles. Algunos eran más débiles y el cártel de Sinaloa jugó bien sus cartas», dijo a IPS Valle, quien también se dedica a estudiar sistemas de cómputo y bases de datos.
Luego de asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), ordenó el despliegue de miles de soldados y policías a las regiones más afectadas por la incidencia de las bandas de narcotraficantes.
La primera estación de esa campaña fue el sudoccidental estado de Michoacán, su tierra natal, a donde envió 4,500 efectivos, un territorio disputado por varias agrupaciones criminales por ser una ruta hacia la frontera con Estados Unidos.
«La violencia depende de otros factores, como el reacomodo de las organizaciones delictivas. No ha sido generada por la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen», señaló a IPS Mario Cruz, experto de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
En un inicio, la guerra resultó exitosa, pues sólo en 2007 la tasa de homicidios cayó en todo el país y, en particular, en Michoacán disminuyó más de 40 por ciento, respecto del año anterior, según el estudio de Valle, quien hizo sus cálculos a partir de datos gubernamentales.
Luego, la presencia militar, que ya involucra a unos 95,000 soldados, se extendió a otros estados. Desde 2006 los asesinatos relacionados con el tráfico ilegal de estupefacientes superaron los 22,000, según cifras oficiales. De esa cantidad, las autoridades judiciales han investigado más de 1,000.
Además, se ha detenido a más de 120,000 personas por sus supuestos nexos con el crimen organizado. De ese dato, menos de 10 por ciento pertenecería al cartel de Sinaloa, comandado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, cuya fortuna calculó la revista estadounidense Forbes en 1,000 millones de dólares.
La Policía Federal Preventiva se ha negado a revelar la cantidad de civiles que han muerto en los enfrentamientos y que carecen de vínculos con el crimen organizado.
«Antes de que el gobierno empezara la guerra antidrogas, cada cártel tenía sus propias redes de protección y vivían en paz con sus rivales y el gobierno», comentó Valle.
«Sabían que si iniciaban una guerra abierta con otro cártel, tenían mucho que perder. Eran igualmente poderosos o al menos suficientemente poderosos para defender sus territorios. Entonces no tenían muchos incentivos para ir a la guerra entre sí», apuntó.
Las primeras operaciones militares conjuntas de 2006 y 2007 bajaron las tasas de homicidios en Michoacán y el sureño estado de Guerrero, pero en los norteños Chihuahua, Nuevo León y Durango y en la sudoriental Veracruz coincidieron con aumentos de homicidios e intentos del cártel de Sinaloa para controlar las rutas del narcotráfico de grupos rivales.
Desde 2006 las alianzas y rupturas entre las organizaciones de narcotraficantes han sido efímeras, por lo cual los socios de ayer son los rivales de hoy y no se sabe si mañana vuelvan a estar unidos.
«No es ideal que las Fuerzas Armadas ataquen este problema, pero al no haber otra institución para enfrentarlo, se optó por esa vía. Las corporaciones policíacas están mal capacitadas o no han sido configuradas para rechazar la corrupción del crimen organizado», indicó Cruz.
El gobierno mexicano achaca los niveles actuales de violencia a la pugna por las rutas de traslado y distribución de sustancias ilícitas hacia el jugoso mercado estadounidense.
Pero en Durango, en el noroccidental Sonora y en Veracruz no necesitaban intervenciones militares, según el comparativo estadístico.
«La expansión de las operaciones militares más allá de Michoacán y Guerrero era innecesaria. Y dados los aumentos totales de la violencia era dudoso si involucrar al ejército era la solución apropiada», mencionó Valle.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos mexicanas y extranjeras han rechazado la intervención militar con el argumento de que las tropas no están entrenadas para el combate contra el narcotráfico.
Por ejemplo, la tasa de homicidios en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, bajo la presencia del ejército creció 400 por ciento entre 2007 y 2008, mientras que el indicador nacional saltó 65 por ciento, con una mayor incidencia en las zonas de disputas de territorios entre cárteles.
En esa localidad, 1,600 personas fueron asesinados en 2008, 2,781 en 2009 y la previsión para 2010 es que la estadística sea similar a la del año pasado.
El municipio mexicano más violento durante el período 1990-2008 fue Badiraguato, en el estado de Sinaloa, cuna de algunos de los narcotraficantes más importantes, según el análisis del experto estadounidense.
Este país norteamericano se ha convertido en el sexto con mayor número de asesinatos en el planeta, con 18,900 homicidios ocurridos en 2009, según un análisis de la firma privada Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. Chihuahua y Sinaloa fueron los estados que acapararon la mayor cantidad de esos sucesos.
Para el gobierno, el cártel de Sinaloa es muy poderoso debido a su riqueza financiera, su capacidad para corromper voluntades, su poder de fuego y su estructura organizativa.
«No habrá un final rápido a las guerras de los cárteles. Claramente no habrá paz hasta que se obtenga un nuevo equilibrio entre los cárteles o el de Sinaloa se convierta en el único operando en México», concluyó Valle.
Cruz, por su parte, consideró que no hay un grupo criminal con la capacidad «de dictar las reglas» y que seguirán operando como lo han hecho en los últimos años.
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