Los muertos de Duarte

A un mes de termine el sexenio de César Duarte, van más de 15 mil homicidios registrados en el estado, la mayor cantidad que se haya visto en cualquier otro período, incluso, que el de José Reyes Baeza.

Por: Alejandro Salmón Aguilera

A lo largo de sus seis años de gobierno en el estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez se preció de haber reducido los indicadores delictivos y, en particular, el de homicidios, secuestros y extorsiones.

En su discurso, el gobernador hacía constantes referencias a la situación en la cual se encontraba el estado durante la anterior administración para exaltar los logros de su administración en materia de seguridad y en compararse con su antecesor.

Sin embargo, las estadísticas oficiales, surgidas de los propios organismos de seguridad tanto del gobierno del estado como del federal, indican que durante el sexenio de Duarte Jáquez, la cantidad de homicidios dolosos se incrementó en un 17.8% respecto a la cifra del sexenio anterior, cuando el priista José Reyes Baeza Terrazas encabezaba el Poder Ejecutivo Estatal.

Estadísticas del INEGI publicadas en el boletín 289/16 y las que están incluidas en la sección “Consulta interactiva de datos” del portal web de esa institución, indican que, de octubre del año 2004, cuando inició el período de Reyes Baeza, a septiembre de 2010, cuando entregó el cargo a César Duarte, quedaron registrados 12,884 homicidios, la cifra más alta hasta ese entonces para un sexenio estatal.

Al inicio de la gestión de César Duarte, se impulsaron reformas tanto al Código Penal como al de Procedimientos Penales y al sistema de seguridad pública para reducir la incidencia delictiva. Fue entonces cuando se introdujeron figuras como la cadena perpetua a secuestradores y la unificación de los mandos policíacos.

Las medidas no evitaron que Chihuahua se mantuviera en los primeros tres lugares en homicidios durante los siguientes cinco años.

De octubre del año 2010, cuando inicia el período de César Duarte, a agosto de 2016, cuando falta un mes para que concluya, van 15,185 homicidios dolosos, 2,301 más que en todo el sexenio de Reyes Baeza.

En promedio, durante el gobierno de Reyes Baeza hubo 2,174 víctimas al año, mientras que en el de Duarte es de 2,365.

La misma fuente indica que, durante la gestión del gobernador Patricio Martínez se registraron 3 mil 556 homicidios, tomando en cuenta desde octubre de 1998, cuando inició esa administración, y septiembre de 2004, cuando concluyó.

Deshonrosos primeros lugares

Desde el año 2008 y hasta el 2011, Chihuahua se mantuvo en primer lugar nacional en cantidad de homicidios registrados.

Fue durante esa época cuando la persecución del delito de alto impacto estuvo a cargo de organismos federales, ya fuera el Ejército, en su primera etapa, o la Policía Federal.

Así, Chihuahua pasó de ocupar quintos o sextos lugares nacionales, a encabezar la lista o, a bajar al segundo lugar en el 2012 y a estacionarse en el tercer sitio en los últimos tres años, cuando ya fue superado por Estado de México y Guerrero.

El cierre de agosto de 2016, Chihuahua ya había “bajado” hasta el cuarto lugar, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  Con un total de 859 homicidios, la entidad quedó debajo de Estado de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz, en números absolutos.

Sin embargo, en la tasa por cada 100 mil habitantes, Chihuahua quedó en segundo lugar nacional, con 42 casos por cada 100 mil habitantes, sólo superado por el estado de Guerrero.

Necesario, un cambio de paradigma: especialista

Para el psicólogo especializado en criminalística, Carlos Ochoa, el incremento en la cantidad de víctimas de homicidio es explicable y era de esperarse que terminara con una tendencia al alza, debido a que la forma de tratar del delito en el estado no ha variado en los últimos cinco años.

La aplicación de sanciones más severas, como la cadena perpetua, o que la política de atención a la delincuencia no ha variado en los últimos cinco años ni se ha adecuado a la dinámica social del estado.

A diferencia de su antecesor, José Reyes Baeza, el gobernador Duarte aplicó medidas propias de un gobierno “reactivo” para castigar el delito. En cambio, Baeza Terrazas buscó más el resarcimiento del daño y la conciliación entre las partes.

Ninguno de los dos modelos, en su momento, lograron detener la ola delictiva, ya que alcanzaron el punto que el especialista llamó “rendimientos descendentes”, lo cual significa que ya dieron el resultado posible e iniciaron un proceso de decaimiento o descomposición.

Lo que debe hacer la próxima administración es aplicar un modelo “pro-activo”, el cual combina tanto la conciliación como la sanción severa, “lo cual generará mejores resultados que si se aplican sanciones que se topan en los extremos”.

“Fin del mito”

Las estadísticas oficiales del INEGI derrumban el mito de recuperación de la seguridad construido por César Duarte a lo largo de su gobierno, afirmó el activista Víctor Quintana Silveyra.

Durante el sexenio que está por concluir, el Gobierno hizo propaganda a su favor porque en las ciudades grandes y medias del estado disminuyó la incidencia de homicidios, agregó Quintana.

Sin embargo, esa supuesta recuperación de la paz fue más bien una reubicación de la actividad delictiva, ya que las actividades violentas de los grupos delictivos se desplazaron hacia la sierra o a algunos otros municipios de la zona rural del estado, añadió el activista, quien es integrante del equipo de transición del gobernador electo, Javier Corral Jurado.

“Las cifras indican que hubo más homicidios en la presente administración que en la anterior, pero aún falta por definir qué pasó con los miles de personas desaparecidas. Si se hace una revisión, veremos que también en ese rubro, Duarte superó a Reyes”, concluyó.

De fuentes confiables

*Dos Secretarías a Juárez

A Ciudad Juárez se le dará loque le  corresponde, ha dicho en diversas ocasiones el gobernador electo Javier Corral y parte de esa correspondencia es la decisión de cambiar la sede de dos importantes dependencias a la frontera, se van de la ciudad de Chihuahua la secretarías de Desarrollo Social y Economía.

*La concentración de los problemas

Hay pobreza en todo el estado, pero en Juárez está el mayor número de pobres de la entidad; hay un grave problema de embarazo infantil y de adolescentes, pero en la frontera es alarmante. Cualquier problema de carácter social que le venga a la cabeza, otro ejemplo: las madres solteras y trabajadoras que no tienen guarderías para sus hijos… en Juárez es agudo, así de simple es la explicación de por qué se pasa la sede de tan importante secretaría a la ciudad más poblada y emproblemada de la entidad.

*Una ciudad productiva

Una explicación similar hay para el cambio de la Secretaría de Economía. En Ciudad Juárez se produce mas del 50% del Producto Interno Bruto del estado, recibe el 75 por ciento de la inversión extranjera directa. Su posición geográfica privilegiada la ha convertido en un polo de desarrollo económico, desatendido y mal aprovechado, de ahí se desprende toda la argumentación para cambiar la sede, que todo parece será encabezada por la juarense Alejandra de la Vega.

*Una gabinete con muchos juarenses

Otra de las particularidades del nuevo gabinete es el número de fronterizos que ocuparán posiciones de primer nivel, empezando por el mismo gobernador Javier Corral. En la administración de José Reyes Baeza hubo una sub representación de la clase política fronteriza, únicamente estaba en estos niveles Víctor Valencia de los Santos; igual pasa con el sexenio que fenece, sólo Jorge González Nicolás, está en el primer gabinete.

*Los subsecretarios en Juárez

Un gabinete plural incluyente es el que conforma Corral, en Ciudad Juárez se habla de que Hugo Almada va a la subsecretaría de Desarrollo Social y no se le conoce militancia partidista. Aquí, en la frontera se da por hecho que Ramón Galindo, será el representante del gobernador.

*Otros subsecretarios

Observadores políticos dan por un hecho que el doctor Arturo Valenzuela, estará en la subsecretaría de Salud y el conocido ingeniero Andrés Carbajal Casas a una subsecretaría relacionada con la infraestructura, se habla de Obras Públicas.

Crónica

La plazuela Talamantes y la plazuela 

de Perea ¿Son muladares?

•En la hoy plazuela de Perea estuvo el más antiguo horno para fundir el mineral que venía desde Santa Eulalia en 1770 •Su dueño, don Juan de Perea, se trajo su «cendrada» hasta este lugar porque aquí tenía a la mano el agua del río Chuvíscar •Por eso tiene un auténtico valor histórico que la hace merecedora de atención y de mantenimiento por estado y municipio •Y el gobernador Creel quiso perpetuar con la estatua la gratitud nacional a los héroes de la Batalla de Talamantes

Por Jesús González Raizola*

La plazuela de la estatua a los héroes de la Batalla de Talamantes que se ubica en la confluencia de las calles Libertad, Juárez y 21, en el pleno  centro histórico de la ciudad de Chihuahua, de siempre  se mantiene llena de basura y rodeada de malolientes desperdicios.

En las seis bancas de su entorno e incluso el desatendido y magro zacatito que sobrevive alrededor de la base del monumento, suelen sentarse y acomodarse, a toda hora del día y parte de la noche, personas que desean  descansar y aprovechan para engullir sus bebidas y alimentos.

Pero como en ese lugar no se conocen los llamados recipientes para echar la basura, tiran sus desperdicios al piso o los esconden en los maceteros situados atrás de las bancas.

Excepto las palomitas que recogen lo que a ellas les sirve de comida, nadie se ocupa de limpiar el lugar razón por la cual la basura y los malos olores son el pan de cada día en ese tan céntrico e importante sitio histórico.

Lo mismo sucede con la plaza de Perea, abajito de la anterior rumbo al canal del Chuvíscar, en las calles Trías, 19 y 21, en  donde se acumulan montones de basura y desperdicios porque tampoco tiene ni contenedores ni recipientes para echar la basura y los desechos.

Ahora que tanto se cantaletea con la «modernización»  del centro de la ciudad, ¿por qué no se incluyen estas dos plazuelas que son, que forman parte, que tienen derecho a ser atendidas, porque son centro histórico?

Estas plazuelas son auténticas, no son simuladas como las que están construyendo a al lado del Montepío que son de mentis como de mentiritas es la sospechosa  preocupación  por modernizar el centro de Chihuahua.

Chihuahua, 2016.

*Premio Nacional de Periodismo 1973

Un fresco viento de esperanza

                              

Félix Manuel Lazos Ibarra

Por fin, parece que la justicia se digna en asomarse a través de la rendija donde mora –donde moramos– un pueblo harto y asqueado que se niega a la resignación de vivir en un país donde el cáncer de la corrupción y la impunidad que lo carcome, amenaza con hacer metástasis y aniquilarlo sin remedio.

Y esta, nuestra esperanza, no es una utopía o quimera producto de la desesperación que, a veces, genera alucinaciones o espejismos. No, esta vez el optimismo tiene sus fundamentos como soporte.

Hasta hace apenas unos meses, cierto, esta esperanza se veía apenas como un punto lejano, casi inasible, en la inmensidad del infinito. Y este pesimismo tenía también sus motivos para habitar entre nosotros.

¿Y cómo no íbamos a ser escépticos, si uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia de nuestro país, se dio en las más altas esferas del poder, como la que enlodó al mismísimo presidente de la república Peña Nieto con su «Casa blanca»?  ¿Cómo no dudar de la justicia, si después de tan grotesco acto de ratería –conflicto de interés– le llaman algunos, este descarado acto de rapiña de Peña Nieto que fue una nota que, para vergüenza nuestra,  acapararon los medios de comunicación internacionales (los nacionales se hicieron pendejos) la «justicia» mexicana concluyó que no había delito que perseguir, y que el presidente era un hombre recto, sin mácula y rechinaba de limpio?

¿Cómo no dudar de la justicia, si los dos hombres que le siguen en materia de importancia y poder político, como Luis Videgaray Caso y Miguel Ángel Osorio Chong, el primero titular de la secretaría de Hacienda y el otro de Gobernación, hicieron exactamente lo mismo y también fueron exonerados?

Por falta de espacio, no nos ocuparemos aquí de otros casos similares de corrupción y enriquecimiento ilícito.  Sólo pensemos en algunos nombres: Humberto Moreira, Tomás Yarrington, Arturo Montiel, Mario Marín, etcétera, etcétera…  Todos fueron arropados por esa misma señora llamada impunidad.

De manera pues, que después de todo este agandalle de tan finísimas personas, era lógico y comprensible suponer que esta caterva de rufianes, que hicieron chilar y huerto con nuestra economía y nuestra dignidad, riéndose de nuestra apatía y dejadez se irían a disfrutar su botín a algún paraíso fiscal, sin molestarse en rendirle nunca cuentas a nadie.

Seguramente Cesar Horacio Duarte Jáquez, el tristemente célebre «Ratón Banquero», guardaba para si esa misma convicción.

El todavía (¡Chin!) gobernador de Chihuahua, en su ambición desmedida y voracidad enfermiza, no midió los alcances ni las consecuencias de su infinita maldad y su capacidad para corromperse y corromper.

Las pruebas de sus delitos y agravios en contra del pueblo chihuahuense son obvias y públicas, las evidencias de su deshonestidad son, a estas alturas, imposibles de ocultar.

Quién no recuerda aquel programa de Televisa, Punto de partida, conducido por Denisse Maerker, en el que Duarte negaba las acusaciones de corrupción en su contra, y en la que la reportera le mostró el documento firmado por él para formar el fideicomiso Unión Progreso, con su aportación personal de 65 millones de pesos, y en el que de manera burda e insolente Duarte respondió: «Bueno sí, es mi firma pero… ¿sabe cuántos papeles firmo al día?...¿Se imagina?... A lo macho que no me fijé».

Después tuvo que recular y aceptar que si aportó esa cantidad pero, dijo; «no es dinero mío en lo personal, sino de mi familia».

Por si fuera poco, más recientemente, el lunes 22 de agosto en el nuevo programa matutino de Loret de Mola, en entrevista con Duarte el conductor lo cuestionó acerca de sus múltiples propiedades, ranchos, banco, bienes inmuebles, farmacias, ganado y una larga lista de etcéteras.

Arrinconado ante la balconeada, Duarte sólo se limitó a expresar cínicamente; «Todo lo que tengo es legal y legítimo y tengo la manera de comprobarlo». Nunca dijo a que clase de pruebas se refería, ¿por qué? porque simplemente no las hay.

No hay manera de explicar y mucho menos comprobar, como es que un humilde vendedor de autos usados haya amasado, en un tiempo récord, una multimillonaria fortuna como la de César Duarte. Imposible.

Pero a cada santo se le llega su función, como reza el dicho popular, y Duarte está a punto de ver la suya. La justicia espera a este inescrupuloso depredador social.

En este caso de corrupción en particular, la impunidad que cobijó a los anteriores mencionados aquí, se va a quedar con las ganas. Por una razón muy simple; las condiciones actuales no son las mismas que las de hace apenas unos meses. La presión social que se derivó de la indignación popular, manifestada en las urnas el 5 de junio pasado, cambió radicalmente el panorama para los habitantes de Chihuahua, y desde luego también para César Duarte y todos aquellos pillos que suponían que sus trapacerías y agravios al pueblo chihuahuense quedarían impunes y nunca recibirían el castigo que merecen.

El pueblo habló, y habló fuerte. Más les valiera a aquellos que están obligados a impartir justicia, no poner oídos sordos a este reclamo, so pena de jugar con la dignidad y la paz social.

Mandar obedeciendo, esa es la consigna.

Marcha por algo que ya fue

El pasado sábado 10 de septiembre, dos semanas después de la muerte del Divo de Juárez, Juan Gabriel que sumió al país en un duelo nacional, salieron miles de personas a marchar en 19 estados del país en defensa de la familia tradicional, y en contra del matrimonio igualitario. Incomprensible.

La manifestación fue convocada por el Frente Nacional por la Familia, organización que concentra a sectores de la ultraderecha en el país, incluyendo a grupos vinculados a la Iglesia en nuestro país, el llamado se dio para mostrar su rechazo a la posibilidad de que personas homosexuales puedan contraer matrimonio y tengan el derecho también a la adopción legal y de paso para defender a la «familia tradicional», que en su corta y muy particular definición es: ambos padres y sus hijos solamente.

Ni hablar, nietos criados por sus abuelos, madres solteras criando a sus hijos, padres solteros criando a sus hijos, tíos criando a sobrinos o parejas con la imposibilidad de tener hijos, etcétera, no caben en este modelo, aun y cuando familia en su definición más simple según la RAE es «un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas ».

Desgraciadamente para la ultraderecha en el país. En junio del 2015 la Suprema Corte de Justicia avaló el matrimonio igualitario, es decir lo equiparó, al que se da entre las parejas heterosexuales.

Esto es en todo el territorio nacional aun y cuando las leyes estatales digan lo contario. No sólo eso, actualmente por lo menos en nueve estados el matrimonio entre personas homosexuales está permitido sin la necesidad de tramitar un amparo entre ellas Chihuahua.

Así que las marchas que organiza la ultraderecha mexicana con todo y aunque se ponga nombres bonitos, está luchando por algo que ya fue, es y será. El derecho de todos los ciudadanos de este país sin importar su color, condición social u orientación sexual a casarse y a la formación de una familia.

Pero mientras se dan cuenta de esto, a través de una campaña de desinformación, se dedican a propagar un discurso con un trasfondo homofóbico y de intolerancia, que no abona en nada positivo a la situación actual de nuestro país.

Como decía nuestro paisano Juan Gabriel, pero qué necesidad.                         Editorial 1244

El banquete minero (Primera de cuatro partes)

Texto: Daniela Pastrana, Imágenes Rafael Pineda/Pie de Página

Cuatro millonarios mexicanos concentran fortunas personales equivalentes a una décima parte del Producto Interno Bruto del país. Los cuatro han construido sus imperios a partir de sectores privados concesionados y/o regulados por el sector público. Los cuatro tienen negocios en la industria energética y extractiva, que han crecido exponencialmente en la última década. 

¿Cómo operan? ¿Qué beneficios han dejado en las comunidades donde explotan sus minas?

Esta investigación de la Red de Periodistas de a Pie fue realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas

Son los cuatro millonarios más poderosos de México. En 2015, perdieron 39 mil millones de dólares de su fortuna personal, una cantidad que sextuplica el presupuesto que el gobierno mexicano destinó, para la atención de 53 millones de mexicanos pobres en ese mismo año.

Y a pesar de su millonaria pérdida, siguen entre los 10 hombres más ricos de México, según el ranqueo de Forbes.

En México, sostiene la organización internacional Oxfam, 16 millonarios concentran la quinta parte de los ingresos totales del país. «Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por la falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales», dice en su estudio Desigualdad Extrema en México.

 De esos 16 millonarios, los cuatro que han peleado la punta desde 1996, –cuando la revista Forbes publicó por primera vez su lista de México–, tienen negocios en la boyante industria energética y extractiva: Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères y Ricardo Salinas.

Estos multifacéticos empresarios han impulsado un modelo de nación que permite diseñar y aplicar políticas que ponen intereses privados por encima de los pueblos y sus territorios.

Estas son sus historias y las de los pueblos que han destruido.

Slim, el voraz

Texto; Celia Guerrero, Fotos; Iván Cataneira, Gráficos: Arturo Contreras Camero

SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA.- Este es un lugar donde el mar y el desierto se unen. La diferencia cromática del cielo y el océano apenas se distingue. Mamíferos marinos llegan al Golfo de California para reproducirse y en invierno la nieve cubre las montañas que se alzan en medio de dunas de arena junto a la costa. Especies endémicas proliferan en tierra y agua.

En el camino de la ciudad fronteriza de Mexicali al puerto de San Felipe, el paisaje pasa de urbano a agrícola; se muestran exuberantes los campos de cultivo alimentados por las aguas del río Colorado. Más adelante, rocas volcánicas y dunas desérticas auguran un espectáculo cuasi extraterrestre. Luego, aparecen amplias planicies delimitadas por el horizonte celeste y la huella del agua salada que va y viene se percibe en fronteras blancas sobre la tierra seca.

Al llegar al kilómetro 123, desde la carretera federal número 5, se alcanza a ver lo que parece una pirámide, que se levanta entre las montañas a la orilla del camino y que se distingue del resto por su forma simétrica y caras planas. Entrometidos en el paisaje, aparecen camiones, oficinas móviles, cintas transportadoras de materiales, una brecha y, al fondo, un nubarrón de polvo que emana de la montaña desecha.

Es la plataforma de lexiviación del complejo minero San Felipe. Un espectáculo que cualquier turista puede observar; un paisaje al que los habitantes se han acostumbrado: a un lado de la carretera, un área protegida por su rica biodiversidad y especies endémicas en peligro de extinción; al otro lado, uno de los más importantes proyectos megamineros en México, cuyo propietario es el hombre más rico del país.

Comprar «de a poquitos»

En 1994, Compañía San Felipe S.A. de C.V., subsidiaria de Minera Frisco, inició operaciones en Baja California. El proyecto a su cargo, una mina de oro y plata en la región Sierra Pinta, hoy es considerado por el Servicio Geológico Mexicano uno de los principales desarrollos mineros en el país.

 Desde entonces, la mina San Felipe ha ido creciendo como la mayoría de los negocios del magnate Carlos Slim: de manera paulatina, pero contundente. Un hecho que pasaría desapercibido para la mayor parte de la población, si no fuera porque la mina se encuentra peligrosamente cerca del Área Nacional Protegida (ANP) Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Elisa Jeanneht Armendáriz, doctora en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, indica que en un inicio este proyecto no llamó la atención, a pesar de encontrarse a un lado de una zona natural protegida, porque se presentó por partes. «Lo que hicieron fue una trampa para bajar el perfil», afirma.

Las primeras autorizaciones se las dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 1993 y 1995. Entonces la Compañía San Felipe utilizaba el minado subterráneo, pero ya comenzaban a considerar la técnica de minería a cielo abierto para mejorar su esquema de explotación lo que requeriría ampliar la superficie de trabajo y una enorme inversión.

En 2001 la empresa suspendió temporalmente actividades. Compañía San Felipe no hizo públicas las razones, sin embargo, en su reporte anual de 2000, Frisco consideró que las condiciones del mercado minero eran poco favorables, por el estancamiento del precio de los metales.

Ocho años después, en 2009, otra empresa subsidiaria de Frisco, Minera Real de Ángeles, realizó un contrato de arrendamiento y ocupación de las instalaciones de la mina. Este nuevo proyecto cambió radicalmente las operaciones: pasó de ser una mina subterránea a una mina a cielo abierto.

El método de minería a cielo abierto y separación de metales por medio de cianuro es un sistema prohibido en Montana, Estados Unidos, y otros países como Turquía, Grecia, República Checa, Australia, Alemania y Costa Rica por sus efectos tóxicos y devastadores para las sociedades y el medio ambiente.

El nuevo desarrollo fue presentado ante Semarnat por partes. Primero, en marzo de 2010, como un proyecto de alrededor de 60 hectáreas que incluyó la incorporación de un tajo (explotación de la montaña mediante minado); un circuito de trituración de minerales; patios de lixiviación (depósitos para separar el oro y la plata); tanques de almacenamiento de reactivos (cianuro); tepetatera (pila de material estéril); áreas de servicio (talleres y almacenes de diesel y explosivos); tres subestaciones, un canal de desvío de agua pluviales y dos caminos.

Seis meses después, en septiembre de 2010, Semarnat autorizó una segunda parte. Esta nueva autorización de 360 hectáreas incluyó la planta de Merril-Crowe y fundición (en donde se precipitan los metales y funden en lingotes). Y en agosto de 2011, se autorizó una planta desalinizadora que ocupó otras 60 hectáreas.

Al final, Minera Real de Ángeles absorbió a Compañía San Felipe y se convirtió en la empresa encargada del proyecto minero. La mina San Felipe procesó en 2013 –de acuerdo con el reporte anual de Frisco– 37 mil toneladas diarias de material. Cinco veces más que el año anterior.

Un proyecto del tamaño de la Ciudad de México

La prueba de que el proyecto minero San Felipe nunca se detuvo, incluso durante la suspensión de trabajos de 2001 a 2009, está en la adquisición de las concesiones. También es un ejemplo de cómo una compañía madre utiliza a sus subsidiarias para expandirse.

La historia es así:

Entre 1994 y 2003, la primera empresa de Frisco en recibir la titularidad de concesiones fue Compañía San Felipe. Le otorgaron 29.

En 2003, 2005 y 2009 –durante el período de suspensión de operaciones–, Minera María continúo adquiriendo concesiones para Frisco en la zona. Obtuvo 40.

En 2009, Minera María cedió a Minera Real de Ángeles los derechos de las 40 concesiones.

Y finalmente, en 2011, Minera Real de Ángeles recibió tres concesiones más por su cuenta.

Entre las tres empresas obtuvieron 72 concesiones mineras para Frisco en Mexicali, en una superficie acumulada de 127 mil 600 hectáreas (unos mil 276 kilómetros cuadrados). Es decir, casi la superficie de la ciudad de México.

¿Quién gana y quién pierde con la mina?

Unos 70 kilómetros al sur de la mina está el puerto pesquero y turístico de San Felipe. Es el lugar de vacaciones de miles de familias de la capital del estado, que está a un par de horas de viaje en carretera. También es la primera playa turística que suelen visitar los estadounidenses que cruzan a México por Mexicali. Varias colonias residenciales son ocupadas por extranjeros que huyen de sus fríos inviernos a climas más cálidos.

Sin embargo, la mayor parte de la población local y la población flotante parece indiferente a la mina. Sólo un grupo reducido de ejidatarios del Plan Nacional Agrario –del que forman parte los terrenos en donde se encuentra el complejo minero– y algunos pescadores cuestionan el proyecto.

Con 520 mil hectáreas, el ejido Plan Nacional Agrario (PNA) es uno de los más grandes del país. 

En 1991 los ejidatarios rentaron a Minera Frisco las primeras 63 hectáreas y en menos de 10 años la mina San Felipe ya tenía arrendadas mil 840 hectáreas del ejido.

En 2010, cuando la mina reinició trabajos, la empresa intentó comprar los terrenos, pero un grupo de los ejidatarios reclamó un pago más justo, considerando las ganancias que la mina obtiene de sus tierras. Ricardo Rivera de la Torre, ex abogado del ejido, calculó que ese pago en un millón de dólares por ejidatario (dado que después de terminados los contratos, el lugar permanecerá contaminado durante décadas y ninguna actividad económica podrá realizarse). Para entonces, los ejidatarios estimaban que Frisco había extraído del lugar 36 millones de dólares en oro.

En 2011, rompieron las negociaciones. Algunos ejidatarios iniciaron juicios en contra de la empresa –en el Tribunal Agrario, en la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu) y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua)– por ocupar sus terrenos de forma irregular, adueñarse del agua y contaminar los mantos acuíferos.

Manuel Martín del Campo, actual representante legal del ejido, señala que, de acuerdo con la ley agraria, un contrato de explotación, así como un contrato de ocupación temporal de los terrenos, es ilegal, porque están dentro de los terrenos de uso común del ejido. Por su parte, los integrantes del comisariado ejidal se quejan del trato inequitativo de las autoridades, pues cuando firmaron los contratos de ocupación temporal, la Procuraduría Agraria lo aceptó en un día; en cambio, cuando ellos acudieron a presentar su denuncia, solo los desinformaron.

En todo caso, las demandas no han logrado que la mina detenga su expansión. Y los ejidatarios ahora se ven los efectos sociales: uno de ellos es el agua.

De acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua, Frisco es la empresa minera que más agua tiene concesionada en Baja California, un estado con escasos recursos hídricos.

La empresa tiene dos concesiones de agua, una por 900 mil y otra por 203 mil metros cúbicos anuales.

En 2015, los ejidatarios demandaron a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que se clausuren los pozos que la empresa instaló en terrenos de los que no tienen contrato. Calculan que extraen de manera ilegal 120 litros por segundo. Pero las autoridades no sólo no han dado seguimiento a la denuncia, sino que en enero de 2016, argumentaron que no la encuentran.

La doble cara de la filantropía ambiental

En la minería a cielo abierto extraen los minerales explotando (literalmente) la montaña. Luego, los materiales son molidos, colocados en la plataforma de lexiviación y regados con agua con cianuro para iniciar la separación de los metales. Durante el proceso se libera mercurio, metal que acompaña al oro y la plata y que aún en pequeñas cantidades es tóxico (la Organización Mundial de la Salud lo considera uno de los 10 productos químicos que plantean «especiales problemas de salud pública»).

A pesar de que ello, la construcción piramidal de la minera San Felipe se alza a escasos metros de la carretera que delimita la Reserva del Alto Golfo California-Delta del Río Colorado, y a menos de 30 kilómetros del mar de Cortés o Golfo de California, un lugar en donde viven una de tres especies de mamíferos marinos.

Desde hace varias décadas, organizaciones ecologistas han realizado campañas para proteger a la vaquita marina, una especie de mamífero marino endémica de Golfo californiano, en peligro de extinción. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) dice que las muertes de la vaquita son causadas principalmente por la redes de pesca, por lo que en 2015 se decretó una veda pesquera en el golfo.

Los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe hicieron público un estudio de la calidad del agua del Golfo de Baja California en el cual, dos análisis distintos (uno del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y la empresa Asesoría Integral Ambiental), detectaron una alta concentración de mercurio en el agua.

Profepa respondió que los niveles de mercurio en el agua son normales y tienen mucho tiempo, pero que le darían seguimiento a la denuncia.

Más de un año después, Sunshine Rodríguez, presidente de la cooperativa de pescadores, se queja de que la vaquita sigue apareciendo muerta, a pesar de la veda, y ni las autoridades responsables ni las organizaciones ambientales indagan la relación con la mina.

Otros opositores de la mina hablan también sobre la afectación al borrego cimarrón, una especie protegida en la sierra Las Pintas, e incluso a los pobladores de la zona que sufren de malformaciones, asma y alergias.

¿Por qué no hay una gran oposición de ambientalistas al complejo minero? La investigadora Jeanneht Armendáriz considera que la política conservacionista y de desarrollo sustentable promovida por Carlos Slim, a través de sus fundaciones, es una inversión para sus otros negocios.

La Fundación Carlos Slim invirtió 2 mil 200 millones de pesos –sólo en 2010– en el convenio con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Secretaría de Medio Ambiente para la conservación de la biodiversidad en seis regiones de México, incluida el Alto Golfo de Baja California.

«El mismo empresario que avala proyectos de conservación y reforestación en 43 Áreas Naturales Protegidas Federales (…) tiene minas dentro de polígonos de protección, como es el caso de la mina de oro y plata San Felipe, con influencia directa hacia el Alto Golfo y Delta del Río Colorado», sostiene Armendáriz en su tesis para tener el grado de doctora en ciencias, en la que estudia la relación de las Áreas Naturales Protegidas y Minería.

En cambio, el Programa de Conservación y Manejo de la Reserva, publicado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), dedica cinco renglones a la actividad minera y de la salinera.

Para las autoridades ambientales la conclusión es simple: el complejo minero que diariamente extrae 37 mil toneladas de materiales a tiene «sólo un impacto local» y «no hay evidencias de impacto en la Reserva».

De Fuentes confiables…1243

*Madero a la jefatura de gabinete

Una figura política con la experiencia de Gustavo Madero, quien acaba de anunciar que se une al equipo de trabajo del gobernador electo Javier Corral, sólo cabe en una posición de gran importancia. No es una figura menor en la política nacional y seguramente será el brazo derecho del nuevo gobernador.

*No a la Secretaría General

El propio Madero Muñoz, ha repetido en varias ocasiones que no va a la Secretaría General y lo dijo nuevamente al anunciar su licencia para dejar la Cámara de Diputados, sólo queda una posición que sería de nueva creación y que concuerda con su biografía política: jefe de gabinete.

*La ascensión de Javier Corral

De los días uno al cuatro de octubre, habrá actos importantes con motivo de la toma de posesión de Javier Corral, llama la atención sobre todo el del día tres, en el que todo parece indicar vendrán los amigos de todos los partidos que Corral tiene en la Ciudad de México, tal y como hizo el 10 de  abril en Ciudad Juárez, al presentar la Alianza Ciudadana, aquel fue un evento espectacular, que sólo El Mexicano de Ciudad Juárez y la revista Semanario, repercutieron en su importancia.

*Un grueso expediente

La investigación que se realiza sobre el multimillonario negocio de la compra de medicinas con sobre precio de niveles criminales, es muy grueso, muy robusto y contiene elementos suficientes para llevar ante las autoridades judiciales a Pedro Hernández, Eduardo Almeida y por lo menos dos personajes más de la política y la empresa en la ciudad de Chihuahua. 

*El escándalo gratuito

Las vacaciones de Pancho Barrio, planeadas desde hace un año, causaron gran revuelo en algunos medios de comunicación de la entidad. Barrio no supo comunicar que simple y llanamente haría en compañía de su hijo Pancho, el recorrido del Camino de Santiago, una peregrinación con una tradición de más de mil años, que parte de Francia y termina en Santiago de Compostela, en Galicia, cuando se realiza completa. Lo cierto es que el ex gobernador caminará sólo 160 kilómetros y se llevó unos cómodos zapatos de golf, que fueron los que mejor le acomodaron para la larga caminata de 20 kilómetros diarios en promedio.

*Los vuelos de Corral

Mucha atención mediática ha tenido el ex candidato a diputado por el PRI Fermín Ordóñez, quien ha denunciado que quienes le han prestado aviones a Javier Corral para volar en los últimos meses, puede caer en conflicto de interés, si en el futuro se convierten en proveedores del gobierno, así de extraña es la acusación. De buena fuente sabemos que Corral desde la precampañas, ha volado en avionetas rentadas o prestadas, en aviones rentados o prestados y en líneas comerciales, sobre todo a la Ciudad de México, también volar en Aeroméxico puede ser un potencial conflicto de interés, si compra la línea en los próximos meses… ¿suena absurdo?, es absurdo.

La lección de la elección

 Por Félix Manuel Lazos Ibarra 

        Se hizo evidente desde el inicio de las campañas, tanto a la presidencia municipal como a la gubernatura y, desde luego, a las diputaciones por Chihuahua: la brutal cargada de la inmensa mayoría de los medios de comunicación hacia los candidatos del PRI. 

            Y esto es comprensible–-que no justificable–, si se toma en cuenta la insultante carretonada de dinero del erario de la que echó mano el gobernador del estado, para comprar las conciencias de estos medios.  Así, a billetazo limpio, César Duarte hizo gala de su cinismo y su capacidad corruptora para acallar a los medios que,  incluso, sin rubor alguno se dedicaron a hablar a su favor y atacaron con saña a su más cercano adversario, el panista Javier Corral Jurado. 

             Sin embargo, corruptor y corruptos se equivocaron al suponer que el factor económico sería el fiel de la balanza para engatusar al electorado, dando por hecho que eso sería suficiente para lograr, mediante el engaño y la calumnia, permanecer en el poder. 

Con ese hecho, desdeñaron e insultaron la inteligencia de la gente, que ya está harta de que le jueguen el dedo en la boca y que no estuvo dispuesta a tolerar un engaño más. De tener que aguantar y sufrir un sexenio más de cinismo, corrupción e impunidad como el de César Duarte Jáquez y sus cómplices. Por esa razón, la nomenklatura duartista se llevó un palmo de narices, al volcarse los electores a las urnas y manifestar su repudio contra la tiranía tricolor. 

           Lo demás es historia. La derrota del PRI fue tan aplastante como abrumadora. En esa derrota también llevan su parte los medios de comunicación, que sucumbieron a la tentación de vender su conciencia y su credibilidad por treinta monedas. En el pecado llevarán la penitencia. 

Resulta grotesco y vergonzoso, de pena ajena, ver ahora a aquellos «periodistas» que ayer le lamían las suelas a Duarte y echaban pestes contra Corral, hoy buscan afanosamente al gobernador electo para intentar congraciarse con él, con el obvio y ominoso propósito de sacarle provecho. La impudicia y la desvergüenza no tienen orillas. 

          En lo personal, no  fueron pocas las ocasiones en las que sostuve acaloradas discusiones con algunos colegas del oficio sobre el tema. Algunos de ellos me recriminaban mi crítica sistemática hacia el gobernador y su insaciable corrupción. Decían que con ello, sólo revelaba mis afanes de exhibicionismo y lucimiento personal. «Todo lo que buscas es la trascendencia, pasar a la posteridad», me dijeron. 

        En un ejercicio de honestidad, debo reconocer que puede que tengan razón. Puede que en mi fuero interno eso esté ocurriendo; que busque a través de mi oficio la trascendencia pero, en todo caso, sería la consecuencia, nunca la finalidad.  ¿Qué tendría eso de malo? Pienso además que las críticas no deben centrarse en aquellos que buscan trascender, sino en los que se atascan en la mediocridad. 

         La incongruencia y la simulación es un mal endémico social. Estoy pensando en algunos compañeros que, durante las campañas electorales tomaron partido por los candidatos del partido que ha sido, es,  y seguramente será sinónimo de la corrupción y el autoritarismo. Esos compañeros  que enderezaron sus baterías para atacar a los opositores al PRI, que se alquilaron como vulgares porros tricolores, hoy buscan a los gobernantes electos suplicando perdón y olvido.   

        Sin embargo, Corral y Cabada, deben estar conscientes de que los resultados electorales no constituyen un cheque en blanco del que pueden disponer, cobrar y echarse a dormir. 

Ambos deben saber que tales resultados no son producto de su ángel, simpatía, sex appeal, o arrastre en materia de popularidad, sino de un pueblo que rebasó los límites del hartazgo de un régimen soberbio, arrogante y tirano que lo agravió sistemáticamente, sin pensar que algún día se rebelaría para cobrarle la factura. Es decir, en términos reales, la gente no votó por ellos sino en contra de sus verdugos. 

De modo pues, que Corral y Cabada deberán poner sus barbas a remojar y aprender la lección en cabeza ajena. 

         En ese sentido, una mala señal manda Corral a sus electores cuando, en pleno ejercicio de transición de gobierno, desestima las críticas de una buena parte de la sociedad, que no ve con buenos ojos el hecho de tener en su equipo de seguridad a una persona cuya reputación está en entredicho.  Se trata de su jefe de seguridad Juan Manuel Escamilla León, quien cobró notoriedad en aquel sangriento episodio en Plazuela de Acuña, en donde encabezó un operativo policíaco en el cual dio muerte a presuntos delincuentes armados y atrincherados en una finca de aquella zona de la ciudad. 

       En este hecho, aun y cuando Escamilla fue acusado de exceso de fuerza y abuso de autoridad, enfrentó la acusación y fue absuelto, la mancha ahí está. 

        Un elemento más que abona a la desconfianza ciudadana hacia el personaje de marras, es el testimonio del abogado y activista Jaime García Chávez, quien le hizo saber de viva voz a Corral Jurado de las amenazas que Escamilla, siendo éste el jefe de guaruras del ex gobernador Patricio Martínez  le lanzó. Es decir que a la luz de los hechos, estamos ante un personaje peligroso; un represor social proclive a la violencia.  

       «Nadie mejor que Javier Corral sabe quién reúne el perfil adecuado para cuidar de su seguridad personal y la de su familia», dijo una voz en defensa de la decisión del gobernador electo de conservar a Escamilla. Y acaso tiene razón; a Corral le asiste todo el derecho de colocar ahí a quien mejor considere, pero no a costa poner en riesgo la seguridad física de la sociedad, sobre todo de aquel sector que lo eligió, y que expresa un fundado temor de que, en cualquier momento, pudiera ser víctima de abusos y atropellos por parte de Escamilla o sus subordinados. Pudiera ser este un aviso a tiempo.