Texto:
Daniela Pastrana, Imágenes Rafael Pineda/Pie de Página
Cuatro
millonarios mexicanos concentran fortunas personales equivalentes a una décima
parte del Producto Interno Bruto del país. Los cuatro han construido sus
imperios a partir de sectores privados concesionados y/o regulados por el
sector público. Los cuatro tienen negocios en la industria energética y
extractiva, que han crecido exponencialmente en la última década.
¿Cómo operan? ¿Qué beneficios han dejado en las comunidades donde explotan sus
minas?
Esta investigación de la Red de Periodistas de a Pie fue realizada como parte
de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de
la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ
tiene en alianza con Connectas
Son
los cuatro millonarios más poderosos de México. En 2015, perdieron 39 mil
millones de dólares de su fortuna personal, una cantidad que sextuplica el
presupuesto que el gobierno mexicano destinó, para la atención de 53 millones
de mexicanos pobres en ese mismo año.
Y a pesar de su millonaria pérdida, siguen entre los 10 hombres más ricos de
México, según el ranqueo de Forbes.
En México, sostiene la organización internacional Oxfam, 16 millonarios
concentran la quinta parte de los ingresos totales del país. «Estas élites han
capturado al Estado mexicano, sea por la falta de regulación o por un exceso de
privilegios fiscales», dice en su estudio Desigualdad
Extrema en México.
De esos 16 millonarios, los cuatro que han
peleado la punta desde 1996, –cuando la revista Forbes publicó por primera vez su lista de México–, tienen negocios
en la boyante industria energética y extractiva: Carlos Slim, Germán Larrea,
Alberto Baillères y Ricardo Salinas.
Estos multifacéticos empresarios han impulsado un modelo de nación que permite
diseñar y aplicar políticas que ponen intereses privados por encima de los
pueblos y sus territorios.
Estas son sus historias y las de los pueblos que han destruido.
Slim, el
voraz
Texto; Celia Guerrero, Fotos; Iván Cataneira,
Gráficos: Arturo Contreras Camero
SAN
FELIPE, BAJA CALIFORNIA.- Este es un lugar donde el mar y el desierto se unen.
La diferencia cromática del cielo y el océano apenas se distingue. Mamíferos
marinos llegan al Golfo de California para reproducirse y en invierno la nieve
cubre las montañas que se alzan en medio de dunas de arena junto a la costa.
Especies endémicas proliferan en tierra y agua.
En el
camino de la ciudad fronteriza de Mexicali al puerto de San Felipe, el paisaje
pasa de urbano a agrícola; se muestran exuberantes los campos de cultivo
alimentados por las aguas del río Colorado. Más adelante, rocas volcánicas y
dunas desérticas auguran un espectáculo cuasi extraterrestre. Luego, aparecen
amplias planicies delimitadas por el horizonte celeste y la huella del agua
salada que va y viene se percibe en fronteras blancas sobre la tierra seca.
Al llegar
al kilómetro 123, desde la carretera federal número 5, se alcanza a ver lo que
parece una pirámide, que se levanta entre las montañas a la orilla del camino y
que se distingue del resto por su forma simétrica y caras planas. Entrometidos
en el paisaje, aparecen camiones, oficinas móviles, cintas transportadoras de
materiales, una brecha y, al fondo, un nubarrón de polvo que emana de la
montaña desecha.
Es la
plataforma de lexiviación del complejo minero San Felipe. Un espectáculo que
cualquier turista puede observar; un paisaje al que los habitantes se han
acostumbrado: a un lado de la carretera, un área protegida por su rica
biodiversidad y especies endémicas en peligro de extinción; al otro lado, uno
de los más importantes proyectos megamineros en México, cuyo propietario es el
hombre más rico del país.
Comprar «de a poquitos»
En 1994,
Compañía San Felipe S.A. de C.V., subsidiaria de Minera Frisco, inició
operaciones en Baja California. El proyecto a su cargo, una mina de oro y plata
en la región Sierra Pinta, hoy es considerado por el Servicio Geológico
Mexicano uno de los principales desarrollos mineros en el país.
Desde
entonces, la mina San Felipe ha ido creciendo como la mayoría de los negocios
del magnate Carlos Slim: de manera paulatina, pero contundente. Un hecho que
pasaría desapercibido para la mayor parte de la población, si no fuera porque
la mina se encuentra peligrosamente cerca del Área Nacional Protegida (ANP)
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Elisa
Jeanneht Armendáriz, doctora en ciencias por el Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste, indica que en un inicio este proyecto no llamó la
atención, a pesar de encontrarse a un lado de una zona natural protegida, porque
se presentó por partes. «Lo que hicieron fue una trampa para bajar el perfil»,
afirma.
Las
primeras autorizaciones se las dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) en 1993 y 1995. Entonces la Compañía San Felipe utilizaba
el minado subterráneo, pero ya comenzaban a considerar la
técnica de minería a cielo abierto para mejorar su esquema de explotación lo que
requeriría ampliar la superficie de trabajo y una enorme inversión.
En 2001
la empresa suspendió temporalmente actividades. Compañía San Felipe no hizo
públicas las razones, sin embargo, en su reporte anual de 2000, Frisco consideró que las condiciones del
mercado minero eran poco favorables, por el estancamiento del precio de los
metales.
Ocho años
después, en 2009, otra empresa subsidiaria de Frisco, Minera Real de Ángeles,
realizó un contrato de arrendamiento y
ocupación de las
instalaciones de la mina. Este nuevo proyecto cambió radicalmente las
operaciones: pasó de ser una mina subterránea a una mina a cielo abierto.
El método
de minería a cielo abierto y separación de metales por medio de cianuro es un
sistema prohibido en Montana, Estados Unidos, y otros países como Turquía,
Grecia, República Checa, Australia, Alemania y Costa Rica por sus efectos tóxicos y
devastadores para las sociedades y el medio ambiente.
El nuevo
desarrollo fue presentado ante Semarnat por partes. Primero, en marzo de 2010,
como un proyecto de alrededor de 60 hectáreas que incluyó la
incorporación de un tajo (explotación de la montaña mediante minado); un
circuito de trituración de minerales; patios de lixiviación (depósitos para
separar el oro y la plata); tanques de almacenamiento de reactivos (cianuro);
tepetatera (pila de material estéril); áreas de servicio (talleres y almacenes
de diesel y explosivos); tres subestaciones, un canal de desvío de agua
pluviales y dos caminos.
Seis
meses después, en septiembre de 2010, Semarnat autorizó una segunda parte. Esta nueva autorización
de 360 hectáreas incluyó la planta de
Merril-Crowe y fundición (en donde se precipitan los metales y funden en
lingotes). Y en agosto de 2011, se autorizó una planta desalinizadora que
ocupó otras 60 hectáreas.
Al final,
Minera Real de Ángeles absorbió a Compañía San Felipe y se convirtió en la
empresa encargada del proyecto minero. La mina San Felipe procesó en 2013 –de
acuerdo con el reporte anual de Frisco– 37 mil toneladas diarias de material.
Cinco veces más que el año anterior.
Un proyecto del tamaño de la
Ciudad de México
La prueba
de que el proyecto minero San Felipe nunca se detuvo, incluso durante la
suspensión de trabajos de 2001 a 2009, está en la adquisición de las
concesiones. También es un ejemplo de cómo una compañía madre utiliza a sus
subsidiarias para expandirse.
La
historia es así:
Entre
1994 y 2003, la primera empresa de Frisco en recibir la titularidad de
concesiones fue Compañía San Felipe. Le otorgaron 29.
En 2003, 2005 y 2009 –durante el período de suspensión de operaciones–, Minera
María continúo adquiriendo concesiones para Frisco en la zona. Obtuvo 40.
En 2009,
Minera María cedió a Minera Real de Ángeles los derechos de las 40 concesiones.
Y
finalmente, en 2011, Minera Real de Ángeles recibió tres concesiones más por su
cuenta.
Entre las
tres empresas obtuvieron 72 concesiones mineras para Frisco en Mexicali, en una
superficie acumulada de 127 mil 600 hectáreas (unos mil 276 kilómetros
cuadrados). Es decir, casi la superficie de la ciudad de México.
¿Quién gana y quién pierde con la
mina?
Unos 70
kilómetros al sur de la mina está el puerto pesquero y turístico de San Felipe.
Es el lugar de vacaciones de miles de familias de la capital del estado, que
está a un par de horas de viaje en carretera. También es la primera playa
turística que suelen visitar los estadounidenses que cruzan a México por
Mexicali. Varias colonias residenciales son ocupadas por extranjeros que huyen
de sus fríos inviernos a climas más cálidos.
Sin
embargo, la mayor parte de la población local y la población flotante parece
indiferente a la mina. Sólo un grupo reducido de ejidatarios del Plan Nacional
Agrario –del que forman parte los terrenos en donde se encuentra el complejo
minero– y algunos pescadores cuestionan el proyecto.
Con 520
mil hectáreas, el ejido Plan Nacional Agrario (PNA) es uno de los más grandes
del país.
En 1991 los ejidatarios rentaron a Minera Frisco las primeras 63 hectáreas y en
menos de 10 años la mina San Felipe ya tenía arrendadas mil 840 hectáreas del
ejido.
En 2010,
cuando la mina reinició trabajos, la empresa intentó comprar los terrenos, pero
un grupo de los ejidatarios reclamó un pago más justo, considerando las
ganancias que la mina obtiene de sus tierras. Ricardo Rivera de la Torre, ex
abogado del ejido, calculó que ese pago en un millón de dólares por ejidatario
(dado que después de terminados los contratos, el lugar permanecerá contaminado
durante décadas y ninguna actividad económica podrá realizarse). Para entonces,
los ejidatarios estimaban que Frisco había extraído del lugar 36 millones de
dólares en oro.
En 2011,
rompieron las negociaciones. Algunos ejidatarios iniciaron juicios en contra de
la empresa –en el Tribunal Agrario, en la Secretaría de Desarrollo, Territorial
y Urbano (Sedatu) y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua)– por ocupar sus
terrenos de forma irregular, adueñarse del agua y contaminar los mantos
acuíferos.
Manuel
Martín del Campo, actual representante legal del ejido, señala que, de acuerdo
con la ley agraria, un contrato de explotación, así como un contrato de
ocupación temporal de los terrenos, es ilegal, porque están dentro de los
terrenos de uso común del ejido. Por su parte, los integrantes del comisariado
ejidal se quejan del trato inequitativo de las autoridades, pues cuando
firmaron los contratos de ocupación temporal, la Procuraduría Agraria lo aceptó
en un día; en cambio, cuando ellos acudieron a presentar su denuncia, solo los
desinformaron.
En todo
caso, las demandas no han logrado que la mina detenga su expansión. Y los
ejidatarios ahora se ven los efectos sociales: uno de ellos es el agua.
De
acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua, Frisco es la
empresa minera que más agua tiene concesionada en Baja California, un estado
con escasos recursos hídricos.
La
empresa tiene dos concesiones de agua, una por 900 mil y otra por 203
mil metros cúbicos anuales.
En 2015,
los ejidatarios demandaron a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que se
clausuren los pozos que la empresa instaló en terrenos de los que no tienen
contrato. Calculan que extraen de manera ilegal 120 litros por segundo. Pero
las autoridades no sólo no han dado seguimiento a la denuncia, sino que en
enero de 2016, argumentaron que no la encuentran.
La doble cara de la filantropía
ambiental
En la
minería a cielo abierto extraen los minerales explotando (literalmente) la
montaña. Luego, los materiales son molidos, colocados en la plataforma de
lexiviación y regados con agua con cianuro para iniciar la separación de los
metales. Durante el proceso se libera mercurio, metal que acompaña al oro y la
plata y que aún en pequeñas cantidades es tóxico (la Organización Mundial de la
Salud lo considera uno de los 10 productos químicos que plantean «especiales problemas de salud pública»).
A pesar
de que ello, la construcción piramidal de la minera San Felipe se alza a
escasos metros de la carretera que delimita la Reserva del Alto Golfo
California-Delta del Río Colorado, y a menos de 30 kilómetros del mar de Cortés
o Golfo de California, un lugar en donde viven una de tres especies de mamíferos
marinos.
Desde
hace varias décadas, organizaciones ecologistas han realizado campañas para
proteger a la vaquita marina, una especie de mamífero marino endémica de Golfo
californiano, en peligro de extinción. La Procuraduría Federal de Protección al
Medio Ambiente (Profepa) dice que las muertes de la vaquita son causadas
principalmente por la redes de pesca, por lo que en 2015 se decretó una veda pesquera en el golfo.
Los
pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San
Felipe hicieron público un estudio de la calidad del agua del Golfo de Baja
California en el cual, dos análisis distintos (uno del Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo y la empresa Asesoría Integral Ambiental),
detectaron una alta concentración de mercurio en el agua.
Profepa
respondió que los niveles de mercurio en el agua son normales y tienen mucho tiempo, pero
que le darían seguimiento a la denuncia.
Más de un
año después, Sunshine Rodríguez, presidente de la cooperativa de pescadores, se
queja de que la vaquita sigue apareciendo muerta, a pesar de la veda, y ni las
autoridades responsables ni las organizaciones ambientales indagan la relación
con la mina.
Otros
opositores de la mina hablan también sobre la afectación al borrego cimarrón,
una especie protegida en la sierra Las Pintas, e incluso a los pobladores de la
zona que sufren de malformaciones, asma y alergias.
¿Por qué
no hay una gran oposición de ambientalistas al complejo minero? La
investigadora Jeanneht Armendáriz considera que la política conservacionista y
de desarrollo sustentable promovida por Carlos Slim, a través de sus
fundaciones, es una inversión para sus otros negocios.
La
Fundación Carlos Slim invirtió 2 mil 200 millones de pesos –sólo en 2010– en el convenio con
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Secretaría de Medio Ambiente
para la conservación de la biodiversidad en seis regiones de México, incluida
el Alto Golfo de Baja California.
«El mismo
empresario que avala proyectos de conservación y reforestación en 43 Áreas
Naturales Protegidas Federales (…) tiene minas dentro de polígonos de
protección, como es el caso de la mina de oro y plata San Felipe, con
influencia directa hacia el Alto Golfo y Delta del Río Colorado», sostiene
Armendáriz en su tesis para tener el grado de doctora en ciencias, en la que
estudia la relación de las Áreas Naturales Protegidas y Minería.
En
cambio, el Programa de Conservación y
Manejo de la Reserva, publicado
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), dedica cinco
renglones a la actividad minera y de la salinera.
Para las
autoridades ambientales la conclusión es simple: el complejo minero que
diariamente extrae 37 mil toneladas de materiales a tiene «sólo un impacto
local» y «no hay evidencias de impacto en la Reserva».
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