Juan Blanco, ¿Podrán pararlo?

Por Luis Villagrana

La respuesta del exalcalde de Chihuahua es rotunda: No. Para confirmarlo, agrega: «El asunto ya está resuelto jurídicamente y si mucho le doy una semana para que el caso quede finalizado». Luego, sigue de largo: «Preparo ya mi campaña para ganar una diputación». Y agrega retador: «Ni el PRI, ni el gobernador podrán pararme».
El político albiazul se refiere a las 12 órdenes de aprehensión giradas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra él y un grupo de sus exfuncionarios por presuntos actos de cohecho y peculado, entre ellos la concesión otorgada a la empresa SIRSA para la explotación del relleno sanitario, durante la administración pasada, que dirigió el político y empresario emanado del Partido Acción Nacional (PAN).
Luego de reposar en los archivos de la PGJE durante casi un año, la corporación de justicia decidió reactivar el caso a escaso un día de que Acción Nacional publicara su convocatoria para registrar precandidatos a contender en la próxima elección de julio de este año, con lo que no sólo inauguró el arranque temprano de la contienda electoral a golpes entre militantes del PRI y el PAN, sino que provocó señalamientos al gobernador de «torcer» la justicia por motivos políticos.
«Lo que tiene nervioso al gobierno del estado es que todas las encuestas, las de ellos y las nuestras, nos tienen posicionados como ganadores; eso es lo que influyó en ellos y los orilló a revivir un caso que jurídicamente no va a progresar en contra nuestra porque ya demostramos que nada tenemos que ver», enfatiza Blanco.
Y añade: «Es muy clara la consigna que tiene el gobierno del estado y su partido el PRI: Detener mi camino rumbo a una diputación e impedir que Acción Nacional logre tener una mayoría en el Congreso Federal, porque entonces perderían capacidad de negociación ante el presidente de la república, Felipe Calderón».
El exalcalde responde a entrevista telefónica, apenas a unos cinco minutos de haber participado en un acto de protesta que acabó en trifulca a golpes entre militantes de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, cuando los albiazules intentaron ingresar a la fuerza al museo Casa Chihuahua, donde el gobernador del estado, José Reyes Baeza Terrazas, atendía una reunión con sus homólogos de Tamaulipas, Durango, Coahuila y Nuevo León.
«He intentado muchas veces hablar con el gobernador. Personalmente he buscado hacer citas con él para explicarle y que entienda el caso de que se nos acusa pero nunca me ha dado una respuesta. No me deja acercarme a él. No quiere escucharme», comenta Blanco.
Y acusa: «Es claro que el gobierno del estado está haciendo un uso discrecional de la justicia que no abona en nada a los tiempos de violencia y delincuencia que se viven en el estado. Es increíble que con la misma energía con que nos reprimen, no combatan a los malandrines, hablo de los que queman negocios, los que nos roban a tí y a mí en las calles».
Blanco hace alusión al intento de un grupo de militantes panistas, dirigidos por regidores y diputados, entre ellos Roberto Lara, Javier Gaudini, Antonio López y el propio exalcalde, de ingresar a la reunión de gobernadores, donde fueron repelidos por los priístas con la ayuda de agentes de Cipol, luego de congregarse en la Plaza del Ángel, para dirigirse al lugar donde se desarrollaba el evento.
En la trifulca, el propio Blanco recibió varios golpes en la cabeza, mientras el diputado Lara y el regidor Gaudini, fueron recibidos a patadas en cabeza y costillas en su intento por romper el cerco tendido por los policías del estado alrededor del museo Casa Chihuahua.
«En lugar de enfocarse con toda su capacidad y estructura en combatir delitos que, incluso, ya habían sido erradicados, como la extorsión y el secuestro, gobierno del estado dedica sus esfuerzos a tratar de detenernos, convulsionando todavía más nuestro estado», enfatiza el político, identificado con la ultra derecha de Acción Nacional.
El exedil repite: «Es claro que esto es una persecución política, porque nosotros mismos interpusimos varias denuncias, en febrero, agosto y septiembre de 2007, para que se investigara algunos de los presuntos delitos de los que ahora se nos acusa y por el contrario de hacerlo, el caso lo fueron ‘administrando’ conforme a los tiempos políticos que les convenían».
Blanco hace una comparación de uno de los delitos por los que lo acusan, con un caso similar ocurrido en el mismo tiempo en Ciudad Juárez, durante la administración de Héctor, «Teto», Murguía Lardizábal, que fue el desfalco de tres millones de pesos por desvío de cuentas del Impuesto Predial, asunto que no apareció en la revisión de la cuenta pública realizada por el Congreso del Estado, en esa ciudad.
«Aquí en Chihuahua ocurrió algo similar durante mi administración, pero a diferencia de allá, nosotros mismos denunciamos el hecho y logramos reintegrar al erario público el dinero robado. Allá, en Ciudad Juárez, no sólo no pasó nada, sino que ni siquiera lo tomaron en cuenta a la hora de auditar al gobierno del priísta Héctor Murguía», señala Juan Blanco.
Gobierno del estado prendió la chispa el 13 de enero, cuando el juez Cuarto de lo Penal, Rodolfo Romano, difundió que otorgó 12 órdenes de aprehensión que la PGJE le solicitó contra los exfuncionarios de la anterior administración municipal y otros tres particulares, por presuntos delitos cometidos en el caso del relleno sanitario y en algunas obras del Programa Hábitat 2006.
Para contribuir aún más a la sospecha, la Procuraduría sólo dio a conocer 11 nombres de los doce implicados, entre los que se reservó el de Juan Blanco, omisión que aumentó aún más la percepción de manejo discrecional del asunto.
Las órdenes de aprehensión solicitadas fueron a consecuencia de la revisión de la cuenta pública ejercida durante la administración de Blanco, en el ejercicio fiscal de 2006, por la probable responsabilidad en calidad de coautores materiales por el delito de cohecho.
En el caso del relleno sanitario, se solicitó acción penal contra el actual director de Aseo Urbano, Ricardo Martínez, Viviana Ramírez Montiel, exjefa del Departamento de Análisis y Legislación y contra el actual regidor, Marco Antonio Sotelo Mesta, encargado de la Subdirección Jurídica.
También se solicitó órdenes de aprehensión en contra de los particulares Ernesto Quiñones y Antonio Armando Acosta Nava, socios de la empresa SIRSA, además de otras en un segundo expediente en que se acusa a Carlos Dingler Cháirez, director de Catastro Municipal, por reducir el costo del Impuesto Predial a dos inmuebles propiedad de su esposa y de su suegra en el año 2005.
En un tercer expediente en que se fundamenta el delito de peculado en los recursos del Ramo 20 del Programa Hábitat 2006, se emitieron órdenes de aprehensión en contra del diputado Roberto Lara Rocha, exdirector de Atención Ciudadana; del regidor Edgard Olivas, exsubdirector de Atención Ciudadana; de Guillermo Ayala, exjefe del Programa Hábitat, además del particular Carmen Carrillo Martínez, por el falso arrendamiento de 16 inmuebles para cursos del Programa Hábitat.
Blanco vuelve a reiterar: «Quieren pararnos. Saben del posicionamiento que tenemos y quieren pararnos, pero no lo van a lograr. Si recurrí al amparo de la justicia federal, no es porque me sienta culpable, sino porque se nos ha negado el acceso a nuestro expediente y tememos una trampa».
Se refiere al amparo tramitado el 14 de enero en contra de cualquier orden de aprehensión emitida por el Distrito Morelos, en Chihuahua, como una maniobra para tratar de poner a salvo sus derechos políticos y evitar el bloqueo de su aspiración para contender por una diputación.
Con esta amenaza latente en todo momento, Blanco expresa que tramita a diario amparos para evitar que la Procuraduría lo sorprenda con una detención, maniobra con la que lograrían detenerlo en su carrera rumbo a la gubernatura, la cual según su estrategia, pasa por ocupar una diputación.
El empresario panista indica que hasta el momento lleva siete amparos interpuestos, tres de los primeros solicitados por violación al derecho de petición debido a que la Procuraduría se negó a responder la información solicitada por su abogado defensor y por no atender la solicitud de archivar el caso.
¿El embate contra Blanco y su equipo favorece a los grupos internos contrarios? Se le pregunta al político, tomando en cuenta las filtraciones a la opinión pública del distanciamiento del alcalde de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera y del grupo identi-ficado como Familia Feliz—adversario histórico—encabezado por Cruz Pérez Cuéllar.
«En Acción Nacional estamos acostumbrados a las diferencias. Estamos acostumbrados a la democracia. No me asustan las diferencias. Lo que nos une son los principios de doctrina del partido», responde Blanco.
«Aprovecho el medio para darle un gran reconocimiento al licenciado Borruel por su extraordinaria contribución al partido, así como a Cruz Pérez Cuéllar, con el que tengo una extraordinaria relación. No hay conflicto», asegura.
Y agrega: «Si el partido considera que yo tengo un capital político que aportar y si yo puedo servir en algo a mi país, además de ayudar a que nuestro presidente logre tener una mayoría en el congreso para que pueda realizar la obra que le falta, con mucho gusto ahí estaré presente».
—Nadie lo parará, pues.
—No. Nadie. El caso está resuelto jurídicamente. Sólo falta esperar.s