La ambigüedad norteamericana: Más poderoso el narco que el Ejército: EE.UU.

Por Rodrigo Borja

El ejército que de facto son las bandas del narcotráfico en México, está entre los diez más poderosos del mundo y por simple deducción lógica el Ejército Mexicano, está en clara desventaja en  esta «guerra» que se libra desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón. Dos ejércitos desiguales y es de esperarse que gane el más poderoso.

Es la vieja política de la zanahoria y el garrote, practicada históricamente por los Estados Unidos. El mes de marzo terminó con otra arremetida de los vecinos del norte al Ejército Mexicano y con ello a su jefe supremo el presidente Felipe Calderón. Envuelto en algodones, el general James Winnefeld, jefe del comando de Estados Unidos, defendió, así dice el parte informativo, a las fuerzas armadas mexicanas ante el Capitolio. Destaca que los militares «respetan los derechos humanos en sus operaciones». El funcionario sostuvo que el crimen organizado mexicano es «sofisticado incluso para los estándares estadunidenses». El FBI, por su parte, se mostró preocupado porque la violencia narco traspase la frontera sur de su país.

James Winnefeld, aseguró que México enfrenta en el crimen organizado una amenaza «sofisticada y despiadada», y si bien no tiene índole militar, se ubicaría entre las 10 principales fuerzas armadas del mundo si se toma en cuenta que cada año recibe US$ 40 mil millones provenientes de Estados Unidos.

En una audiencia ante el Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, el almirante Winnefeld elogió la transformación que las fuerzas armadas mexicanas han tenido en los últimos 10 años para dar prioridad a operaciones regulares y no a desastres naturales.

            Asimismo, el militar apoyó ante el Congreso de su país la efectividad y actuación humanitaria de las fuerzas armadas mexicanas, y reiteró la importancia de transformarse de una fuerza tradicional a una entrenada para enfrentar la criminalidad.

Ante el Comité de Fuerzas Armadas, Winnefeld señaló que durante sus 11 meses al frente del llamado Northcomm ha sido testigo de la «creciente efectividad» de los militares mexicanos.

Aprovechó para defenderlos de los constantes ataques por la violación a los

Derechos humanos, que provocó que la Organización de las Naciones Unidas, recomendara su regreso a los cuarteles: «A pesar de un adversario habilidoso en materia informativa, (los militares mexicanos) están determinados a respetar los derechos humanos en sus operaciones y ansiosos de aprender de nuestras duras experiencias en esta área», apuntó el militar.

El almirante añadió que EE.UU. respeta la decisión mexicana de controlar mejor la violencia desatada en el norte de su territorio antes de abrir otro frente en su frontera con Guatemala.

Dijo también que México ve su frontera sur como estratégica. «Saben que tienen que resolver ese tema, pero tienen un problema de capacidad, sus fuerzas armadas no son grandes».

En fecha reciente Winnefeld sostuvo que México libra una batalla no sólo sobre su futuro, sino sobre el de Norteamérica, porque mientras Estados Unidos perdió a un agente (Jaime Zapata) aquí han muerto más de dos mil miembros de las fuerzas federales.

Violencia del narco afecta a EE.UU.: FBI

El director general del FBI, Robert Mueller, reconoció  que le preocupa que la violencia de los cárteles que castiga a México «se traslade al norte de la frontera» y, por ello, consideró como «un imperativo» garantizar la seguridad: «La violencia extrema al otro lado de nuestra frontera sur, continúa impactando a EE.UU.», aseguró Mueller durante una audiencia senatorial y al evocar el atentado criminal en marzo de 2010 contra tres funcionarios estadounidenses en los consulados de Ciudad Juárez y el asesinato del agente federal Jaime Zapata, abatido el pasado 15 de febrero por un comando de «Los Zetas» en una carretera federal de San Luis Potosí.

Las recomendaciones de la ONU

Las declaraciones anteriores, se dieron luego de que  el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, GTDFI, publicó sus observaciones preliminares tras visitar nuestro país, en las que hace una serie de recomendaciones para evitar las desapariciones forzadas. Estas se definen, de acuerdo con la Convención internacional al respecto, como «…el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley».

Son más de 30 recomendaciones, de tipo jurídico y operativo. Además de reformas constitucionales e institucionales, se incluyen dos que han comenzado a levantar ámpulas: el retiro, en el corto plazo, de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública, y la eliminación de la figura del arraigo. Y hace, además, una observación fortísima, después de cuatro años —y 35 mil muertos— de una lucha que no parece tener solución a corto plazo: «…el GTDFI reconoce el derecho y el deber del Estado de perseguir la criminalidad. Sin embargo, no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse, sin una adecuada y completa investigación penal, los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado».

De inmediato comenzaron las reacciones. Desde el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, quien sostuvo que retirar a las tropas sería abandonar a los ciudadanos, hasta la Sedena, que emitió un documento en el que sugiere que, tras las quejas referentes a los derechos humanos, se encuentra la delincuencia organizada, como una forma de desprestigiarle y limitar sus operaciones. Este concepto es interesante, porque plantea a la «delincuencia organizada» como una entidad capaz de organizar operaciones de contrainteligencia y combatir a su enemigo por otros medios. Habla de una estrategia y una visión a largo plazo para poder seguir su negocio con tranquilidad.

La estrategia, por parte del Estado, parece consistir simplemente en el combate frontal, ignorando que este no es un problema local, sino regional, y que no terminará mientras exista un mercado para estas sustancias. Así, hoy se combate en lo local a balazos y en lo regional de manera dispersa, sin una visión a largo plazo que necesariamente debería de plantearse la reducción de la violencia como prioridad, así como el combate frontal a las adicciones a través de programas de salud, y al tráfico a través de labores de inteligencia y estrictos controles bancarios. Eso, y en lo regional a través de la extensa red de embajadas y consulados con la que contamos: cada diplomático debería de convertirse en un cabildero que promoviera más regulaciones al tráfico y consumo de enervantes y armas.

Es incomprensible que se refuten, a priori, las recomendaciones de la ONU, sin estudiarlas a fondo. Es evidente que la estrategia actual ha desgastado de manera innecesaria a las instituciones sin resultados palpables, ni perspectivas a corto o largo plazo. Y es urgente que el gobierno considere que, si como sociedad no sabemos lo que es ganar en esta guerra, ciertamente sabemos lo que es perderla: 35 mil mexicanos muertos son demasiados.