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miércoles, 20 de julio de 2016

Corral llama a bancos a no prestarle a Duarte

Por Rodrigo Borja 

El pasado seis de julio, con un Congreso local sitiado por elementos de la policía, quienes apostaron vallas desde la noche anterior, se aprobó por una mayoría de diputados controlados por el gobernador César Duarte, un nuevo adeudo por seis mil millones de pesos, presuntamente para pagar a proveedores y deudas de corto plazo.

La priista Teporaca Romero, demostró que no corre en los carriles del gobernador y el también priista rebelde Eloy Tarín, con menos tompiates, simplemente no asistió al igual que la panista Daniela Álvarez, aunque en este último caso, el motivo de la ausencia tiene que ver más con el desinterés, según observadores políticos.

Un día ante el gobernador electo Javier Corral, publicó en exhorto a los diputados para que no fuera a aprobar el aumento de la deuda que para el mes de marzo, según el propio Corral ascendía a 50,700 millones de pesos.

Responsabilidad a la banca pide Corral
Consumado el hecho de que el Congreso con una votación de 22, contra ocho aprobara un nuevo endeudamiento, a sólo 90 días de que termine la administración de César Duarte.

Nuevamente el gobernador electo hizo un llamado a que no se consumara el nuevo endeudamiento, ahora pidió a la Secretaría de Hacienda, que no avalara el acuerdo del Congreso chihuahuense y a la vez conminó a las instituciones financieras a que no prestara a Duarte Jáquez estos nuevos seis mil millones.

Por otra parte el gobernador se ha encargado de negar que esta sea una nueva deuda, pues no considera los ingresos carreteros como parte del presupuesto y el acuerdo del Congreso precisamente consiste en autorizar los excedentes de los ingresos por el cobro de peaje en carreteras, por los próximos 25 años.

En su llamado a las instituciones financieras, el gobernador electo, ha puesto énfasis en los problemas de procedimiento legal que no se cumplieron en la creación de las empresas paraestatales “Inversiones Carreteras de Chihuahua S.A. de C. V.” y “Fibra Estatal Chihuahua S.A. de C.V.”, empresas que tienen el manejo oficial de los ingresos carreteros.

Corral Jurado ha insistido en diversos foros y ante medios de comunicación, que “a pesar de una clara manifestación en contrario de parte nuestra y de amplios sectores de la sociedad, una mayoría de diputados del PRI, PRD, PVEM, MC, PANAL y PT aprobó en el Congreso del estado una iniciativa del titular del Ejecutivo que compromete aún más los ingresos y el margen de maniobra de las futuras administraciones estatales, al pretender obtener 6,000 millones de pesos adicionales por los ingresos excedentes del fideicomiso carretero hasta 2038, para liquidar presumiblemente compromisos de la actual administración relacionados con el pago a proveedores, el gasto operativo o la regularización de partidas federales, y no para inversiones públicas productivas, como lo señalan la propia Constitución del Estado, la Ley de Deuda Pública estatal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.”

El gobernador entrante ha puesto en duda reiteradamente la legitimidad de algunos de los proveedores que pretenden ser liquidados, con estos seis mil millones de pesos que se deben adicionar a los $50, 700 que se tenían detectados a marzo pasado y llama la atención de que una deuda de estas dimensiones no se refleje en las actividades productivas del estado, en la obra pública, en el equipamiento urbano y los servicios que obligadamente debe prestar el gobierno del estado.

Así lo ha dicho Javier Corral: “La administración estatal pretende ahora liquidar compromisos contraídos tanto con instituciones bancarias y proveedores que han recibido un trato privilegiado a lo largo del sexenio, ya sea en la contratación de créditos a tasas elevadas, o en el favoritismo a ciertos proveedores. De los 6,000 millones de pesos que la administración actual pretende obtener, $3,000 millones estarían destinados a liquidar un crédito contratado con Grupo Financiero Inbursa en octubre de 2015, con una sobretasa que duplica la de otras instituciones bancarias.”

El señalamiento de colusión entre César Duarte e Inbursa, ha sido reiterado y su insistencia a las instituciones financieras para que no apoyen nuevos empréstitos a César Duarte, conlleva la advertencia de las faltas a la ley en la constitución de las empresas paraestatales que llevan el manejo financiero de los cobros de peaje.

Sugiere en sus declaraciones Corral Jurado, que los empréstitos actuales y futuros, sobre ingresos carreteros no son del todo legales y llevan un riesgo para las instituciones crediticias. 

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