“Legislar a modo”

Desde finales de mes de mayo, cuando fue aprobada, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, fue denunciada como una medida tendiente a cubrir la salida del gobernador César Duarte, quien ha sido amplia y repetidamente acusado de múltiples actos de corrupción.

Aprobada por 18 votos de priistas y afines contra seis del PAN, el entonces candidato Javier Corral, calificó el hecho como un acto de provocación por parte del gobernador y un total despropósito, dejar en sus manos una fiscalía que busca combatir –teóricamente—la corrupción.

Entre las incongruencias de la ley presentada a iniciativa del gobernador César Duarte, se encuentra el hecho de que el nombramiento y su remoción quedaban en manos del Fiscal General del Estado y dicha decisión sólo podía ser objetada por las dos terceras partes del Congreso y en un lapso no mayor a 30 días naturales.

Claramente había sido concebida como un “paquete de impunidad”, nombre que a estas leyes le ha dado el líder nacional del PAN Ricardo Anaya. Los diputados panistas dijeron en su momento que una fiscalía como la aprobada carecía desde su origen de objetividad y libertad de actuación por su clara dependencia del gobernador.

La irregular situación no pasó desapercibida para la Procuraduría General de la República, quien presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Congreso de Chihuahua y de su gobernador César Duarte.

Esto porque en la entidad se emitió una reforma para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, “sin esperar para tal efecto la publicación de las leyes generales que establecen el Sistema Nacional Anticorrupción”, indicó la PGR en un comunicado, difundido la noche del pasado lunes 11 de julio.

“Una vez terminado el análisis de las reformas realizadas por el Congreso chihuahuense, la PGR detectó que estas contienen vicios legales, los cuales no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015”, detalló la PGR.

Con esta medida se echa por tierra “el paquete de impunidad” de César Duarte y no por los deseos de la oposición en Chihuahua, sino de la mismita PGR.                                                Editorial 1238