Moreira: Eslabón débil

Por Rodrigo Borja

           La lucha electoral que inicia formalmente en sólo unos meses, no permitirá la debilidad que conlleva una denuncia penal contra el líder del Partido Revolucionario Institucional, por falsificación de documentos para contraer deuda, por cierto desmesurada, un mil por ciento de la recibida y aun cuando la bomba no explota todavía, el ex gobernador de Coahuila y la deuda contraída por esa entidad durante su gobierno, son un lastre que difícilmente se podrá llevar en la campaña que culmina el primer domingo del próximo mes de julio.

            De una deuda apenas superior a los trescientos millones de pesos se paso a casi 32 mil millones, y en muchas ocasiones en gran oscuridad, de hecho ya el secretario de Hacienda Ernesto Cordero, presentó formal denuncia por la irregularidad.

            Asunto añejo

            Las irregularidades en la contratación de deuda por parte del gobierno de Coahuila, fueron denunciadas originalmente por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional del Congreso local de esa entidad el pasado mes de junio, hace más de sesenta días, pero se mantuvo sin trascender a nivel nacional por semanas, hasta que en los últimos días empieza a cobrar nuevo cariz y se espera que sus repercusiones se den en las próximas semanas, cuando arrecie la lucha electoral y entre los escenarios probables está la salida «por motivos de salud» o algo perecido de Humberto Moreira.

            La denuncia presentada por los diputados coahuilenses es por fraude, falsificación y uso de documentos falsos e incluso podría encuadrar el delito de simulación de acto jurídico.

            Los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Coahuila acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar formalmente una denuncia en contra de quien resulte responsable por la falsificación de documentos oficiales para obtener créditos por 3 mil millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y algunas instituciones bancarias, solicitando en la propia denuncia se cite a declarar a Humberto Moreira y Javier Villarreal Hernández, gobernador con licencia y al secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC).

            Los medios locales de Coahuila fueron los primeros en reseñar el asunto,  a decir de los diputados panistas, Javier Villarreal solicitó dos créditos ante instituciones bancarias y la SHCP por un total de 3 mil millones de pesos, resultando que la documentación que presentó en los trámites es apócrifa, ya que falsificó tanto decretos del Congreso del Estado, como periódicos oficiales del Gobierno del Estado para ese fin.

            Los diputados panistas presentaron como pruebas los periódicos oficiales y los decretos del Congreso auténticos y mostraron que no corresponden a los plasmados en los documentos presentados   al momento de la contratación de los créditos.

            «Esperamos que la Fiscalía actúe conforme a derecho y con imparcialidad castigando a quienes resulten responsables, así sea el propio gobernador con licencia Humberto Moreira» señaló el diputado Rodrigo Rivas.

           

             A nivel nacional

          No fue inmediato pero el asunto saltó a nivel nacional, la periodista Carole

Simonnet del diario Reforma, reportó sobre dos denuncias contra el Gobierno de Coahuila.

           En conferencia de prensa, el delegado del CEN en esa entidad, Federico Döring, acusó a Javier Villarreal, titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) de haber contratado en marzo de este año deuda pública falsificando documentos.

                Respecto de la segunda denuncia, el diputado Mario Dávila acusó al actual presidente nacional del PRI de haber desaparecido 762 millones de pesos, al convertir la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila en la «caja chica» de su gobierno.

            «Durante su administración, desvirtuó el objetivo original de la Promotora, al convertirla en su caja chica, a través de retenciones a los productores, vía extorsión, contra la amenaza de no comercializar su producción si se negaban», aseveró.

            Subrayó que de acuerdo con los contratos de PRODEMI con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en poder del PAN, un tercio de los recursos retenidos tenían que destinarse para seguridad de los trabajadores de las empresas mineras, obra social e infraestructura en la región carbonífera, lo cual hasta ahora no se ha cumplido.

            «Hay cerca de 800 millones de pesos que no sabemos dónde están, los hermanos Moreira y Villarreal no han dado una sola explicación de dónde está ese recurso», denunció el diputado Ramírez, refiera la nota de Reforma.           

        Frente a la acusación, Moreira no ha emitido palabra, salvo para decir que se trata de golpes preelectorales. También ha sostenido que no hablará sobre el tema hasta después de los comicios. Pero su silencio es más amplio: ha dejado de hablar sobre cualquier otro tema. El caso Chaires parece haber conseguido algo que parecía difícil: silenciar a Humberto Moreira, el llamado «gober bailador».

            Más funcionarios involucrados

            Reforma, quien mejor ha seguido el asunto, consigna: «Además de los senadores panistas y los diputados locales de Coahuila, también el sector empresarial ha demando que Moreira Valdés aclare su situación legal pues, según el presidente de la Coparmex Laguna, Víctor Alducín Flores, la ciudadanía de Coahuila debe sentirse agraviada con el simple hecho de que se presuma que durante la administración estatal de Moreira Valdés no sólo un funcionario de bajo perfil (Chaires), sino también el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como familiares políticos de otros funcionarios, se hayan enriquecido desviando recursos.

El 23 de junio, y a través de un comunicado de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un exhorto al presidente Felipe Calderón y a funcionarios federales, así como al gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, para que se abra una inmediata investigación que valore la fortuna de Vicente Chaires Yáñez, quien fuera funcionario de tercer nivel en la gestión de Moreira Valdés, y Lorenzo Schuessler, concuño de Javier Villarreal, el actual titular del Sistema de Administración Tributaria en Coahuila.

            Es claro que un líder priista en año electoral, con asuntos pendientes como el referido lo hacen totalmente disfuncional, de ahí que analistas políticos de todo el país, vean el relevo en la dirigencia nacional del PRI, como un paso ineludible, previo al proceso de la sucesión presidencial.