Por Luis Villagrana
Considerado como el único proyecto trascendente de promoción política que se podrá realizar en este periodo de gobierno, el programa de Movilidad Urbana finalmente quedó bajo el control del gobernador César Duarte, luego de una disputa sorda entre estado y municipio por los dividendos que dejará la obra, la cual dará fluidez a la ciudad y detonará la economía en algunos sectores, mientras que regidores panistas siguen la línea de rechazo ordenada por su presidente nacional, Gustavo Madero, en el contexto de la guerra electoral que se libra.
Durante esta semana el municipio inició la venta de bases para licitación de las obras en 25 mil pesos, en las que se invertirán dos mil millones de pesos en trabajos de vialidades de conexión con el periférico Camino Real y en repavimentación de calles con concreto hidráulico, bajo el esquema de la nueva Ley de Inversión Pública de Proyectos a Largo Plazo.
Vacuna vs la kórima municipal del 10%
En la reconstrucción de los entretelones, previo al palomeo del proyecto, funcionarios estatales indicaron que con esta ley se ató las manos lo más posible al alcalde Teto Murguía y a su equipo, para evitar la tradicional kórima del 10 por ciento que se pide a los constructores por obtener los contratos de obra y para no dejar que se llevara él solo las palmas por este proyecto.
En un principio el Municipio planeaba realizar una gran mega obra de pavimentación sólo con su capacidad de endeudamiento, calculada en entre 300 y 500 millones de pesos, con la adquisición de deuda propia y sin controles externos en el manejo de los presupuestos, pero luego de un proceso de intervención del propio Duarte, este plan se frustró.
Este programa de pavimentación, planeado por el Municipio, hubiera podido ejecutarse sólo con la aprobación de los miembros de Cabildo en el Ayuntamiento de Juárez, mediante mayoría simple, tomando en cuenta el control que Murguía ejerce sobre los regidores priístas y los partidos satélites, como el PANAL y el PRD.
«No van a ser 500, van a ser dos mil millones de pesos y quiero que se apliquen en pavimentación», dijo el gobernador a colaboradores propios y del alcalde Murguía, con quien se comprometió a impulsar la aprobación del crédito millonario.
Esta orden bajó a dos de los diputados de Duarte: René Franco y Gabriel Flores Viramontes, adversarios políticos de Murguía, quienes aún con la animadversión hacia el alcalde, debieron impulsar la aprobación del crédito, con la condicionante de formar una comisión de vigilancia en la elaboración de los proyectos ejecutivos, la aplicación de los presupuestos y el desarrollo de las obras. Control total.
Ante la magnitud de la obra, los constructores locales habituales que obtienen los contratos de obra, se vieron imposibilitados para participar en condiciones equitativas contra las grandes empresas foráneas, según comentó el regidor de Hacienda, Santiago Nieto.
«Han estado viniendo conmigo para manifestarme esa preocupación, yo les propuse que se juntaran, que entre todos dieran de alta una empresa y que unieran esfuerzos para competir contra las grandes constructoras, porque sí sería bueno que ésos dos mil millones de pesos se queden aquí», expresó el regidor de Hacienda y coordinador de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pero a los controles que tiene la nueva Ley de Inversión Pública de Proyectos a Largo Plazo, se agrega otra condicionante: la obligación que tendrá el ganador de la licitación de aportar de inmediato «dinero fresco» en garantía, fijado en 600 millones de pesos, con lo que podría quedar fuera la chiquillada local.
Aunque como lo manifestó Nieto, el coordinador de regidores priístas, los constructores locales tienen la esperanza de realizar trabajos subrogados por la empresa que gane la licitación, para acceder de esta forma a parte de este presupuesto.
El plan avalado por la Cocef
El plan de Movilidad Urbana contempla la construcción de 14 conexiones viales, además de la repavimentación de 14 vialidades con concreto hidráulico, todas para agilizar el tránsito y comunicación a las diversas colonias en las inmediaciones del anillo periférico del Camino Real.
Las conexiones que comunicarán con el Camino Real son la avenida 16 de Septiembre, Leonel Guzmán, Mariano Escobedo, Zoltepec y Feldespato, así como Granito, Pavorreal, Santos Dumont, Miguel de la Madrid, Teófilo Borunda y Oscar Flores, Baudelio Pelayo e Independencia, Parque Industrial Juárez y Presa Mal Paso, Plutarco Elías Calles y eje vial, además de Camino de la Plata y Camino Real.
Las calles que serán re pavimentadas son Oro, Ignacio Altamirano, Insurgentes, División del Norte, Adolfo López Mateos, Plutarco Elías Calles, Teófilo Borunda, Manuel J. Clouthier, Ramón Rayón, Miguel de la Madrid, Zihutanejo, Enrique Pinoncelly, Camino de la Plata y Santiago Troncoso.
José Mario Sánchez Soledad, administrador adjunto de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), organismo que auditará todos los procesos del proyecto, además de ser uno de los posibles financiadores a través del Banco de América del Norte, señala que este proyecto obedece al gran rezago de conexiones que existe en la ciudad.
La Cocef ha construido en los últimos 16 años, alrededor de cuatro mil 300 millones de dólares en infraestructura, de los cuales el Banco de América del Norte, ha financiado mil millones de dólares por medio de este organismo binacional.
La Cocef «jala» dos dólares por cada dólar aportado los distintos gobiernos que realizaron algún tipo de obra de infraestructura que tuviera impacto en cualquiera de los rubros ambientales, por lo que, según Sánchez Soledad, es una gran «zanahoria» para el desarrollo de este tipo de proyectos.
Luego de las grandes invasiones en tierras irregulares al poniente de la ciudad, las administraciones en turno orientaron todo el crecimiento hacia el sur, de forma específica hacia los terrenos de Bermúdez y Quevedo, entre otros terratenientes.
Esta orientación provocó entre otros males, que las vialidades fueran construidas de formas paralelas de norte a sur y de sur a norte, por lo que el resto de la ciudad quedó aislado de la comunicación, provocando trastornos de horas-hombre, mayores costos económicos en los traslados, además de problemas sociales como el impacto a la salud.
Durante la expropiación del Lote Bravo, en la administración del panista Francisco Villarreal, el crecimiento se orientó hacia el suroriente, con lo que surgieron nuevos asentamientos de población en esa parte de la ciudad, igualmente incomunicados, por lo que ahora, con el programa de conectividad, se solucionará una gran parte del rezago en este rubro.
Ley de Inversión Pública a Largo Plazo, avance en transparencia
Sánchez Soledad indica que en el proyecto de Movilidad Urbana existe un gran desconocimiento del tema, porque se está haciendo bajo un esquema diferente, debido a que se está aplicando la nueva Ley de Inversión Pública para Proyectos de Largo Plazo.
Los municipios sólo tienen cuatro formas de hacer inversión pública: la primera es con recursos propios, la segunda es con participaciones federales y estatales, la tercera es con deuda directa y la otra es por medio de donaciones, expresa el funcionario de Cocef.
«Sin embargo el rezago de infraestructura es tan grande que las limitantes que presentan estos esquemas no da para abatirlo. En endeudamiento un municipio solamente se puede endeudar hasta un cierto periodo de tiempo, conforme a las leyes estatales actuales», agrega.
Si se quiere hacer un proyecto que requiere grandes cantidades de dinero, es probable que el municipio no libre a pagar el crédito dentro de su periodo, por lo que sería imposible legalmente que pudiera obtenerlo, indica.
En el caso particular de este programa que se realizará bajo el nuevo esquema legal, la empresa ganadora de la licitación será quien solicite el crédito, aunque en primera instancia está Cocef-Banco de América del Norte, la ganadora podrá escoger institución crediticia.
Esa empresa solicitará el crédito bajo las condiciones técnicas y los requerimientos de la necesidad del municipio, como por ejemplo en el caso del proyecto, existe la exigencia de que el particular invierta capital fresco, que ahora es de 600 millones de pesos para comenzar las obras.
«La empresa tiene un gran riesgo, porque será la solicitante del crédito, se compromete a cumplir con las condiciones de la licitación y aparte meterle capital fresco, por lo anterior se generó una garantía estatal, que es el gobierno quien constituido en fideicomiso aporta sus participaciones para asegurar los pagos», agrega Sánchez Soledad.
El administrador de Cocef calificó esta ley como una de las más avanzadas con las cuales se pueden abatir rezagos históricos en otros rubros, con la garantía de participaciones o derechos, limitados para no comprometer la operación de la administración.
La participación de la Cocef en este esquema es ver en el proceso de certificación si el proyecto cuenta con beneficios ambientales para que pueda acceder, si así se requiere, a un crédito del banco al particular que gane la licitación.
«En el proceso de certificación, la coadyuvó con la Junta de Aguas y Municipio para que se pusieran de acuerdo en realizar primero las obras de drenaje, antes que la pavimentación, que es uno de los requisitos de esta institución ambiental», señala Sánchez Soledad.
En este esquema el Municipio nunca ve el dinero del crédito otorgado, porque éste va directo al particular y sólo le entregará partidas sobre obra terminada y sobre revisión de avance de obras, con lo que quedan garantizados la calidad y los tiempos de entrega.
Línea nacional del PAN: otro moreirazo en Chihuahua
Aunque el nuevo esquema, que se aplicará por primera vez en Ciudad Juárez, tiene muchos más candados de seguridad que las formas anteriores para realizar obra pública, directivos locales y estatales del Partido Acción Nacional (PAN), además de regidores albiazules, entre ellos el coordinador, Sergio Madero, rechazan el proyecto de movilidad urbana.
Madero señala en entrevista anterior que el proyecto obedecía a los intereses de terratenientes en el Camino Real, entre ellos el empresario Vallina, quien cuenta con cientos de hectáreas de terrenos aledaños a la zona Jerónimo-Santa Teresa, la llamada «Ciudad Vallina».
Indica que el proyecto también está elaborado con criterios político-electorales, además de que cuestiona la viabilidad de las próximas administraciones, al comprometer las partidas estatales y federales en prenda por los pagos bancarios sobre el crédito de dos mil millones de pesos.
En oposición, su compañero en la fracción edilicia, el regidor panista Héctor Hernández, quien votó a favor del crédito y que ahora enfrenta un proceso de expulsión por esa decisión, indica que el proyecto de Movilidad Urbana tiene más beneficios que perjuicios.
Hernández dio a conocer que los regidores estuvieron recibiendo llamados telefónicos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, antes que de que fuera sometido a discusión de Cabildo, para votar en contra del proyecto, con lo que no sólo viola la autonomía municipal, sino que va en contra del voto de conciencia contemplado en los estatutos de su partido.
Panistas que apoyan a Hernández aseguran que el planteamiento vino del propio presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, bajo el razonamiento de que uno de los ejes principales de la campaña presidencial sería las críticas al endeudamiento desmedido del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
«Pensaban que el moreirazo podría ligarse con la deuda contraída aquí, en el Municipio de Juárez, por lo que era condición indispensable que los regidores votaran en contra de ese proyecto», señalaron los panistas, aunque las diferencias son sobresalientes, dado que en aquel caso se falsificaron documentos, mientras que aquí, intervienen instituciones de prestigio, como en el caso de la Cocef.
El tema generó polémica, división y enfrentamientos al interior del PAN, porque unos acataron la línea dictada por el PAN en México, mientras que otros optaron por el voto de conciencia debido a que le ven bondades al proyecto de Movilidad Urbana.
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