Ayotzinapa, urgen respuestas

   Los funestos acontecimientos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, en donde un grupo de policías disparó indiscriminadamente contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, con un saldo inicial de seis personas asesinadas, 20 lesionados —uno de ellos con muerte cerebral— y 43 desaparecidos, se han convertido en un reclamo general de justicia en todo el país, con importantes manifestaciones de la comunidad mexicana en otros países en el mundo.

   Tardía fue la reacción del gobierno federal en este crimen de lesa humanidad en la que todo indica están inmiscuidos elementos de la policía municipal y hay algunos testimonios de la participación de agentes ministeriales lo que inmiscuye al gobierno estatal.

   El periodista Carlos Fazio en el diario de la capital del país La Jornada dice sobre los acontecimientos: «Los ataques sucesivos de la policía municipal y un grupo de civiles armados contra estudiantes; las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada tumultuaria y la tortura, desollamiento y muerte de Julio César Fuentes −a quien, con la modalidad propia de la guerra sucia, le vaciaron la cuenca de los ojos y le arrancaron la piel del rostro−, fue un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada. No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) hacia los estudiantes normalistas. Agentes estatales violaron el derecho a la vida de tres de sus víctimas y una fue torturada; los 43 desaparecidos fueron detenidos por agentes del Estado, acto seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparición forzosa».

    No es el único de los analistas que se han ocupado de estos crímenes que piensa de esa manera, que lo ven como una táctica para diseminar el terror y niegan que sea un evento en el que los policías actuaron sin ningún control.

     El escrutinio mundial al que está sometido el gobierno mexicano y la gravedad de los hechos, han sido calificados por organismos internacionales como el peor asesinato de estudiantes desde el dos de octubre de 1968, obligan a una rápida acción del gobierno federal… tal vez el grito de «vivos los llevaron, vivos los queremos», a estas alturas sea imposible, las autoridades se han centrado en buscar cadáveres. Sin embargo, los directamente responsables pueden y deben ser encontrados de inmediato y recibir el castigo que por ley les corresponda, no hay posibilidades para la impunidad, el país está pendiente y demandante de justicia.

Editorial 1159