Semanario ZETA
No puede Enrique Peña Nieto bajar la incidencia
delictiva relacionada con homicidios tal como lo pregonó en campaña
presidencial en 2012 y en sus primeros meses de gobierno, luego de 20 meses de
administración y a propósito de su II Informe de Gobierno.
El Ejecutivo Federal inició su administración el 1
de diciembre de 2012 con la promesa de que «en un año» se empezarían a ver
resultados de la supuesta estrategia contra el crimen organizado, la violencia
e inseguridad y que por lo tanto habría una hipotética «disminución» en los
delitos que más aquejan a los mexicanos como es el caso de los homicidios tanto
dolosos como culposos.
Ante la ausencia de datos duros que respalden los
dichos de Enrique Peña Nieto, su gobierno prefiere encabezar una cruzada
mediática repitiendo la misma perorata aferrándose a la premisa «Si una mentira
se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad» (del alemán Joseph
Goebbels basado en ruso Vladimir Lenin) que tanto les gusta a los propaganderos
de los gobiernos totalitarios.
Tanto Enrique Peña Nieto como Miguel Ángel Osorio
Chong, el secretario de Gobernación, han comprado esa idea para repetirla hasta
el cansancio en cuanto foro se presenten para borrar por decreto a los muertos
que aparecen todos los días en las zonas urbanas y suburbanas del cementerio
mexicano, desde colgados hasta decapitados, desenterrados de narcofosas o
encajuelados, incinerados y desmembrados, despellejados o hasta con el tiro de
gracia.
Cuando el Ejecutivo Federal acudió al Foro de Davos
en enero de 2013 declaró que «ha habido una disminución real en el número de
homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el
30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos
resulta alentador».
Y luego, de plano Miguel Ángel Osorio Chong,
titular de la Secretaría de Gobernación, declaró el 29 de julio de 2014: “La
violencia se ha reducido a su mínima expresión”.
Ésos han sido los relatos que los peñistas repiten
en los días previos al II sangriento Informe de Gobierno.
EPN supera a Calderón
La administración de Enrique Peña Nieto es ya más
cruenta que la gestión de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa. Las
estadísticas oficiales así lo confirman.
Para empezar, de acuerdo con el Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP), durante los primeros 20 meses de gobierno peñista,
del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014 fueron registradas 57 mil 899
averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo, mientras que en los
primeros 20 meses de administración calderonista (del 1 de diciembre de 2006 al
31 de julio de 2008) la suma fue de 43 mil 694; es decir, el gobierno priísta
supera al panista con 14 mil 205 homicidios tanto culposos como dolosos.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, durante
los primeros 20 meses de gobierno peñista, en el rubro de homicidios dolosos se
registraron 29 mil 417 averiguaciones previas; aunque en los primeros 20 meses
de administración de Calderón se registraron 18 mil 451 en el mismo rubro del
total de asesinatos intencionales.
Durante los últimos 20 meses del calderonato, el
SNSP reportó oficialmente 37 mil 421 «averiguaciones previas» por homicidio
doloso.
Tal como lo ha venido haciendo documentando en los
últimos años, Semanario ZETA investigó la cantidad de homicidios dolosos en los
primeros 20 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Recurriendo como metodología a la contraposición de
la información recabada en las diversas fiscalías y procuradurías, registros
hemerográficos o de asociaciones civiles, servicios periciales e institutos
forenses locales, Semanario ZETA
documentó que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014 sucedieron en
el país 36 mil 718 homicidios dolosos, cifra que a las «Ejecuciones»,
«Enfrentamientos», «Homicidios-Agresiones», los homicidios dolosos producto del
narcomenudeo y hasta los supuestos «crímenes pasionales» con arma de fuego de
alto calibre o con el tiro de gracia; los datos duros evidentemente son
superiores a las 29 mil 417 averiguaciones previas por el mismo concepto que
reporta el SNSP en el mismo período.
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Homicidios dolosos durante el
gobierno de Enrique Peña Nieto
(Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de
julio de 2014)
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INEGI ya no reporta total de
asesinatos
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), registró puntualmente
los homicidios dolosos en el país; no obstante, en la administración de Enrique
Peña Nieto el Instituto reporta menos homicidios dolosos que las propias
procuradurías y fiscalías de los estados.
Por ejemplo, el 23 de julio de 2014, en su boletín
de prensa número 301/14, el INEGI reportó solo 22 mil 732 homicidios dolosos.
El Instituto aclaró que se trata de «cifras preliminares con corte al 10 de
julio del 2014, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la
estadística»; pero el gobierno de Enrique Peña Nieto ya toma la estadística
como definitiva para pregonar la supuesta disminución del 30 por ciento en
asesinatos.
Recurriendo principalmente como fuente a diversas
procuradurías y fiscales, instituciones forenses y ministerios públicos, Semanario ZETA documentó que en realidad
en 2013 sucedieron en el país 23 mil 850 homicidios dolosos; es decir, el INEGI
no informó de por lo menos mil 118 homicidios dolosos sucedidos en ese año.
Semanario ZETA investigó en cada una de las
entidades federativas para detectar en cuáles las procuradurías y fiscalías
registraban el total de homicidios dolosos, a diferencia de las estadísticas
menores que reporta el INEGI; el resultado fue sorprendente: En el estado de
Jalisco en 2013 sucedieron mil 584 homicidios dolosos y no mil 485 como reportó
el INEGI el 23 de julio; en pocas palabras, el INEGI no consideró por lo menos
99 homicidios dolosos de ese año.
En Baja California, Semanario ZETA documentó con información del Consejo de Seguridad
que en 2013 ocurrieron 865 asesinatos dolosos; mientras que el INEGI solo
reportó 770; es decir, el Instituto no informó de por lo menos 95 homicidios
dolosos en ese año. Incluso, el SNSP informó de 775 «averiguaciones previas»
por homicidio doloso, es decir, más averiguaciones previas que asesinatos
intencionales incluso cuando se sabe que una expediente puede tener hasta dos o
más víctimas.
Otro ejemplo claro es Michoacán: Información
derivada del gobierno estatal y registros hemerográficos reveló que en 2013 en
ese estado acaecieron mil 415 muertes por homicidio doloso; pero el INEGI solo
informó que sucedieron 916.
En el caso de Sinaloa, autoridades estatales
reportaron mil 292 homicidios dolosos sucedidos en 2013 en esa entidad, en
tanto que el INEGI solo informó de mil 200.
Y así, sistemáticamente, en el sexenio de Enrique
Peña, el INEGI ya reporta menos homicidios dolosos que las procuradurías,
fiscalías, ministerios públicos e instituciones forenses.
El sexenio de los accidentes
Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa
su campaña de «disminución en la incidencia delictiva», «homicidios a la baja»,
o como dice Osorio Chong que «la violencia se ha reducido a su mínima
expresión», y en tanto el INEGI ya no reporta el total de homicidios dolosos, a
la par aumentan los «accidentes».
Por ejemplo, en los primeros 20 meses de gobierno
calderonista sucedieron 25 mil 243 averiguaciones previas por homicidio
culposo, es decir accidentes; mientras que en los primeros 20 meses del
gobierno peñista la suma ascendió a 28 mil 482; es decir Peña Nieto supera a
Calderón Hinojosa con 3 mil 239 «accidentes».
Incluso, en los últimos 20 meses de gobierno
panista el SNSP informó sobre 26 mil 333 averiguaciones previas por homicidio
culposo y, como ya se anotó, en los primeros 20 meses de administración priísta
la cifra ascendió a 28 mil 482; es decir, en el periodo de 20 meses antes y 20
después del cambio de color en el gobierno federal, los accidentes aumentaron
en 2 mil 149.
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Ciudades y municipios más violentos
en el sexenio de EPN
(Homicidios Dolosos del 1 de
diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014)
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Luego de una investigación minuciosa en cada una de
las entidades federativas, ZETA documentó 36 mil 718 homicidios dolosos, en los
primeros 20 meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de
julio de 2014.
El Estado de México, que gobierna el priísta
Eruviel Ávila, es líder en cadáveres: Este Semanario documentó que la entidad
gobernada por Enrique Peña Nieto entre 2005 y 2011registró 4 mil 876 homicidios
dolosos en los primeros 20 meses de gobierno tricolor.
El segundo estado más violento es Guerrero, con 3
mil 301 homicidios dolosos; le sigue en tercer sitio el estado de Chihuahua con
3 mil 062 homicidios dolosos; después Michoacán con 2 mil 403 y en quinto
escaño se ubica Jalisco con 2 mil 385.
Hay que considerar que la zona que incluye el
Estado de México, Guerrero, Michoacán y Jalisco concentra 12 mil 965 homicidios
dolosos, cantidad que representa el 35 por ciento del total de 36 mil 718.
Información recabada por este Semanario de las
procuradurías y fiscalías estatales revela que Acapulco es la ciudad más
violenta con mil 371 homicidios dolosos sucedidos en los primeros 20 meses de
gobierno peñista; mientras que el segundo lugar es para el Distrito Federal con
mil 267 en el mismo período.
El municipio de Tijuana, o la «ciudad modelo» tanto
Calderón como de Peña, continúa en el tercer sitio con 897 homicidios dolosos
cometidos en los primeros 20 meses de gobierno peñista; mientras que Ciudad
Juárez se ubica como la cuarta ciudad más violenta con 779 homicidios dolosos
en el mismo período y Ecatepec, Estado de México, los homicidios dolosos ascendieron
a 769 en el mismo lapso.
Ola de crímenes
al amparo del
uniforme
Por Rodrigo Borja
Los últimos días
el país se ha convulsionado por diversos hechos en los que las víctimas se
cuentan por decenas y los presuntos
victimarios son policías o miembros del ejército, lo que nos habla de una creciente
falta de respeto a los Derechos Humanos
y de abusos del poder. Los 22 ejecutados en Tlatlaya y el asesinato o
desaparición de estudiantes en Guerrero, hablan con claridad del agravamiento del
problema.
Christof Heyns, relator especial
de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, pide una rápida investigación e independiente sobre los hechos de
Tlatlaya en donde hay la sospecha de que ocho militares ejecutaron a 22 presuntos
delincuentes.
Cada día hay más luz sobre este
caso ocurrido el 30 de junio pasado y reportado originalmente por la agencia AP
y retomado e investigado ampliamente por la revista Esquire, cuyos reporteros localizaron a «Julia» una testigo de los
hechos.
Los militares detenidos por los
hechos de Tlatlaya, tiene un historial de incidentes y antecedentes que los
ubican con informantes del cártel de La
familia y también de haber baleado a empleados municipales de Arcelia, en
el estado de Guerrero, en esta última entidad aún permanecen desaparecidos
decenas de estudiantes normalistas, hechos atribuidos a la policía de Iguala.
Entre los antecedentes del 22
Batallón de Infantería, acantonado en Tlatlaya, se encuentra un documento del 9
de octubre de 2008, es la columna Plaza Pública del desaparecido periodista
Miguel Ángel Granados Chapa, la cual se titula «Matanza silenciosa» y relata
como al medio día del lunes 18 de agosto de 2008, el tianguis que se instala a
un lado de la parroquia de San Pedro Limón fue interrumpido con la llegada de
tres vehículos y «una veintena de individuos con el rostro cubierto y con
vestimenta tipo militar disparó sus armas, AR15 y AK47 contra la pequeña
multitud que trajinaba en el lugar. Murieron por lo menos 23 personas, niños y adultos,
y decenas más resultaron heridas». Una matanza sin sentido, estúpida, al lugar
de los hechos llegaron horas después elementos del ejército a limpiar la escena
del crimen y no se inició ninguna averiguación previa.
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