El abismo en Guerrero: Un país convulsionado reclama justicia

Por Juan Pablo Becerra-Acosta/Rodrigo Borja

 

El próximo domingo se cumplirá un mes de que 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala. Han pasado ya 24 días y seguimos sin tener información contundente, irrefutable de lo que ocurrió antes, durante y después de la balacera contra esos jóvenes. No sabemos cuál fue el móvil. Y sin móvil, no hay caso. Hasta ahora hemos tenido, con despistes y contradicciones, la siguiente versión:

En mayo de 2013 el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, habría asesinado a Arturo Hernández Carmona, líder del Frente Unidad Popular, a quien él y su esposa, María de los Ángeles Pineda, habrían amenazado públicamente debido a disputas que tenían de tiempo atrás, las cuales se agudizaron por el homicidio de un síndico, Justino Carvajal Salgado, ocurrido en marzo de ese año. Hernández insinuaba que Abarca había mandado ejecutar a Carvajal. En distintas movilizaciones contra Abarca participaron normalistas de Ayotzinapa, quienes arremetieron contra el ayuntamiento. Ahí habría surgido el encono de Abarca contra los jóvenes. El 26 de septiembre pasado la señora Pineda, cuyos hermanos han sido señalados como miembros de un cártel, daba su segundo informe de labores al frente del organismo DIF. Los estudiantes de Ayotzinapa se dirigían a Iguala, supuestamente para sabotear el acto. Abarca y su esposa habrían dado la orden de «escarmentar» a los jóvenes. El jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ayudado por elementos a su mando y sicarios del cártel local Guerreros Unidos, habría cumplido la instrucción.

Pudo haber ocurrido así. Sin embargo, luego de que fueron encontradas las primeras fosas clandestinas en Iguala se informó que ese hallazgo se debió a que uno de los presuntos asesinos de los jóvenes confesó el homicidio y el lugar donde yacían los cuerpos. Falso: una vez que se realizaron los estudios pertinentes, se comprobó que no, que los restos sepultados ahí no corresponden a los de los jóvenes. Por tanto, el supuesto agresor mintió. ¿O mintieron las autoridades? Luego se dijo que otro presunto homicida ubicó el sitio de otras fosas pero, hasta donde sabemos, tampoco ahí están los restos de los jóvenes. Poco después se indicó que policías de Cocula, municipio colindante con el de Iguala, eran también (¿o nada más ellos?) autores del crimen: que habían levantado a los estudiantes y los habían entregado a criminales. ¿Por qué razón, si no obedecían a Abarca, a su esposa y a su jefe policial de Iguala? No hay móvil.

Hay indicios por aquí, indicios por allá, pero no hay evidencias concluyentes, rotundas, de nada. Y eso, el tiempo transcurrido, ya ocasionó un daño irreversible, termine donde termine la versión de las autoridades. «¿Por qué el narco iba a matar a estudiantes que no se meten con ellos?», escuché plantear en los pasillos de Ayotzinapa. No pocos entre quienes oscilan ahí, miembros de organizaciones que tienen ganas de incendiar todo a partir de sus doctrinas antisistémicas, ya no van a creer nada que provenga del gobierno de Guerrero o del gobierno federal. Nada. Para ellos esto es un crimen de policías contra estudiantes, lo cual, desde su lectura ideologizada, se lee como un crimen de Estado. Del Estado mexicano represor y asesino de jóvenes pertenecientes a movimientos sociales.

Por eso, lo peor está por venir. ¿Qué va a impedir que escale y explote este conflicto? Grupos de policías comunitarios están dispuestos ya a enfrentarse con narcos. La guerrilla (ERPI) llama a lo mismo a través de un batallón de ajusticiamiento. Y mientras sigan pasando los días y no sepamos el móvil, peor…

Sólo aparecen fosas

El  sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, declara contundente que los normalistas ya fueron asesinados y de salvaje manera, fueron rociados con diesel e incendiados, algunos de ellos incluso con vida. Solalinde declara que sus fuentes son testigos presenciales.
Mientras tanto la prensa mundial se ocupa del terrible caso de una manera que habla de la falta de respeto a los derechos humanos en nuestro país. En por lo menos ciudades de 13 países  se han dado manifestaciones con la consigna de «Vivos  los llevaron, vivos los queremos». El Parlamento Europeo lo tratara como asunto urgente y existe una gran presión en el mundo para el esclarecimiento de los hechos.
Los paros de escuelas de la UNAM y colegios de bachilleres en la capital del país son frecuentes en una duración de 48 horas y los paros son constantes lo mismo iniciaron con cuatro facultades de la universidad nacional y luego pasaron a 30 y el último anuncio habla de paralización de actividades en once al momento del cierre de Semanario.
En el Senado los panistas están pidiendo la desaparición de poderes y el 30 de octubre se tomará la decisión, mientras tanto senadores y diputados de los tres partidos más importantes están apelando al sentido común de Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, para que presente una licencia por tiempo indefinido al cargo y ayude a la distensión que amenaza con desbordarse en el país, y en el estado por el gobernado la indignación popular crece y  no es un interlocutor aceptable para nadie.
Guerrero se encuentra en un vértigo de acontecimientos, marchas y protestas que son un asomo al abismo y es claro que el principio de solución del problema pasa por la renuncia o licencia de Aguirre Rivero, la detención del exalcalde de Iguala José Luis Abarca y la aparición de los 43 normalistas.