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lunes, 30 de marzo de 2015

El crecimiento de la ciudad en manos de especuladores

Por Juan Manuel Cruz
Decenas de colonias fantasmas, miles de viviendas en ruinas, incremento en los costos y rezago en la prestación de servicios públicos, es el saldo del anárquico crecimiento de la ciudad a consecuencia de la falta de políticas públicas en materia de planeación urbana y de adecuaciones a las leyes de catastro.
Solamente en relación a la vivienda, se estima que hay cerca de 50 mil abandonadas, cientos de ellas casi en ruinas, que se encuentran diseminadas en toda la mancha urbana fronteriza.
A esta problemática, a la que han contribuido administraciones estatales y municipales, se suma la existencia de miles de hectáreas de terreno que son subutilizadas con fines de especulación a fin de incrementar su valor.
La situación, no solamente se vive en esta frontera, sino en muchas ciudades del interior del país, lo que ha obligado a la Federación a establecer nuevas reglas de desarrollo habitacional para frenar la dispersión de los Municipios.

ESPECULACIÓN: SEDATU

«Desde que entras a Juárez se ven extensiones y extensiones de terrenos baldíos, superficies donde caben otras 20 colonias», estableció el delegado federal en Chihuahua de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Gustavo Chávez Hagelsieb.
Consideró que esta situación se debe a la falta de políticas públicas en planeación urbana y por falta de adecuaciones a las leyes de catastro.
«Por ejemplo, ¿quién gana en estos terrenos?, por donde hay pavimento, agua y luz, el propietario, pero no tienen apuro de vender porque entre más infraestructura tenga, más vale el terreno, están lucrando con recursos del Municipio, el Estado y la Federación», agregó.
Y es que en algunos lotes de éstos pagan el predial como terreno rústico, rural, por lo que hay que adecuar los reglamentos o las leyes de catastro para presionarlos a que los vendan o los desarrollen, «cuesta llevar los servicios a esas colonias y al contar con ellos, después los terrenos son más caros».
Dijo que posiblemente falta un plan de ordenamiento municipal en esta frontera, «aquí en Chihuahua Capital, en esta administración no ha crecido un centímetro la mancha urbana, no dan permisos».
Indicó que la Sedatu apoya con subsidios para la elaboración de planes de ordenamiento municipal, atlas de riesgo, hasta en un 70 por ciento del costo del estudio.
Asimismo, señaló, que se ayuda con subsidios a los desarrolladores de vivienda para que finquen dentro de la mancha urbana viviendas de interés social, dándoles hasta 70 mil pesos por vivienda.
Estableció que la Federación no puede obligar a los Municipios a establecer normas en este sentido, «son autónomos».


ACOTAR EXPANSION:

El director general de Desarrollo Urbano del Municipio, José Eleno Villalva Salas, señaló que existen decenas de colonias que ya cumplieron su vida útil.
«La gente que vivía en estas colonias ya fallecieron, se movieron y dejaron una gran cantidad de espacios que no están siendo utilizados, como las colonias Hidalgo, Margaritas, Altavista, Bellavista, El Barreal, Ex hipódromo y las zonas del centro urbano, en donde ya están degradadas las viviendas, muchas intestadas, la mayor parte como tapias, dando un pésimo aspecto y convertidas en nido de malvivientes», agregó.
Indicó que pretenden crear un espacio para que los ciudadanos puedan depositar sus viviendas y de esta manera contar con un banco de tierra que pueda ofertarse a los desarrolladores o inversionistas para activar estas zonas que cuentan con infraestructura.
«Hay escuelas, pero no hay niños, hay Iglesias, pero no tienen feligreses; por otro lado vemos una gran cantidad de lunares que se convierten en espacios de especulación y en zonas de desarrollo, en donde los propietarios las tienen como tierras agrícolas para no pagar el predial, supuestamente siembran de temporal cuando hay agua rodada, solo para evadir el predial y generar especulación», afirmó.
Señaló que la «zona de siembra» está entre el Campestre hasta Waterfill, partiendo de la Manuel Gómez Morín al bulevar Cuatro Siglos: «gran cantidad de propiedades especulativas, supuestamente siembran, pero lo hacen para evadir el pago del impuesto predial».
Manifestó que la ley no puede obligar a la gente a que desarrolle sus propiedades, pero si le puede modificar su valor en el pago de impuestos a fin de propiciar una saturación urbana de esas zonas y acotar la especulación de los predios.
Consideró que esta situación fue detonada por las últimas administraciones estatales de Patricio Martínez García y José Reyes Baeza Terrazas.
«Generaron zonas que se han convertido en parajes desérticos, como Parajes 21, Riberas del Bravo, entre otros, ¨en su tiempo Patricio Martínez y Reyes Baeza, parecer ser que en otra etapa, causándole un grave problema a la ciudad, por las distancias, para la cobertura de servicios», añadió.
Indicó que se han permitido otros polos de desarrollo como Santa Teresa-Jerónimo, San Agustín, «pero son polos distintos a la expansión que le dieron a Ciudad Juárez, porque hay un centro de población en el caso de San Agustín, o inversionistas, en el caso de Jerónimo, que ponen capital de riesgo aprovechando que existe un cruce internacional, por la conveniencia de la entrada a otro Estado, a Nuevo México».
Dijo que más que actualizar el Plan Director Sustentable para Juárez, hay que generar programas de saturación.
«Facilitarles a los inversionistas la saturación de los espacios, donde hay terrenos aislados, que el IMIP dé un dictamen que es un área equipada y entonces los desarrolladores se ahorran un 6 por ciento de su terreno, para eliminar esos pequeños lunares perdidos dentro de la mancha urbana», indicó.
Señaló que la última ampliación se generó en la parte oriente y en la parte sur de la ciudad, hasta donde llegan los polígonos del Cereso Federal y por la parte de Santa Teresa, «también es Juárez».
Villalva Salas dijo que trabajan para reducir esta expansión poniendo un límite, porque no se puede extender más.
Manifestó que hay que remodelar las viviendas abandonadas, pero no de forma aislada, «sino agarrar un conjunto, cambiar el entorno y abatir esta situación».
El funcionario municipal expresó que hay 43 mil viviendas en situación de abandono.

AUMENTAR PREDIAL A BALDÍOS: REGIDORES

El coordinador de la Comisión Edilicia del Ayuntamiento de Juárez, José Márquez Puentes, dijo que la dispersión de la mancha urbana de esta frontera se debe a la influencia de los terratenientes en las decisiones de los gobiernos.
«Influyen en las autoridades para que les autoricen fraccionamientos en áreas que deberían desarrollarse y obligan a que se construyan vialidades por parte de los gobiernos en sus terrenos para crearles plusvalía y venderlos a mejores costos; eso motivó la expansión hacia el suroriente», expresó.
El regidor panista señaló que en esta situación están El Barreal y San Isidro, las zonas más alejadas de la ciudad y en donde cuenta con vialidades de 4 y 6 carriles, «les crearon plusvalía para aumentar el valor de los terrenos».
Indicó que desde la administración estatal del ahora senador Patricio Martínez García a la fecha, se pavimentaron la Avenida Miguel de la Madrid, Fundadores y los terratenientes donaron terrenos para construir la Ciudad Universitaria «en medio de la nada y se pavimentó, se metió alumbrado y otros servicios». ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽a gobiernos.
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Márquez Puentes consideró que hay más de 5 mil hectáreas de terrenos subutilizadas que sirven para especular.
Sin embargo, dijo que afortunadamente la Sedatu busca ponerle freno a esta situación, obligando a los desarrolladores a utilizar los financiamientos que les ofrecen en áreas urbanizadas y no en lotes baldíos ubicados fuera de la mancha urbana.
Indicó que el Gobierno Municipal no cuenta con un reglamento o ley que dictamine o limite el crecimiento.
«Lo único que va a limitarlo será la Sedatu en base a las disposiciones nacionales, porque la dispersión es uno de los problemas más graves de muchas ciudades, por las dificultades para dotar estas zonas de los servicios públicos», expresó.
Reiteró que las autoridades federales no proporcionarán apoyo financiero para la compra de vivienda fuera de las zonas urbanizadas de la ciudad.
En tanto que el Municipio aumentará el Impuesto Predial a los terrenos baldíos de la ciudad, a fin de obligar e impulsar la construcción en éstos.
«También se apoyará a los desarrolladores eximiéndoles de  las donaciones que tienen que dar, en este caso cuando son condominios; asimismo buscamos cómo incentivar más este tipo de construcciones», concluyó.

De fuentes Confiables

*Resultados del almuerzo
Todo parece indicar que uno de los acuerdos sostenidos en el famoso almuerzo en casa del ex gobernador José reyes Baeza, al cual asistió el gobernador Cesar Duarte y algunos de sus más allegados, fue el dejar que Marco Adán Quezada, eche su gato a retozar con miras a la sucesión en la gubernatura. El ex alcalde de la ciudad de Chihuahua, parece confirmar este dicho con su gira por Ciudad Juárez y El Paso… no hubo tos por parte de quien ocupa la Casa de Gobierno, ni hubo una andanada de recordatorios en los medios de difusión, sobre el trágico accidente en el que murieron nueve personas en un espectáculo de «trocas monstruo». Al parecer el baecismo ya  se encamina en la carrera por la sucesión en la gubernatura.

*El botín del Senado
Ustedes recordarán que hace más o menos un año, se suscitó un agrio enfrentamiento entre Gustavo Madero y el entonces coordinador de la bancada panista en el Senado, Ernesto Cordero. Entre los trapitos que salieron al sol, fue el manejo discrecional de una partida que en el caso de la del PAN rebaza los 200 millones de pesos, que se maneja con gran discrecionalidad; por ejemplo de ahí salían los recursos para jugosas asesorías a uno de los hermanos de Margarita Zavala. Bueno esa partida ya está en manos del chihuahuense Madero Muñoz, y se da el lujo de pagar cuentas en una comida para cuatro en uno de los mejores restaurantes de México, con vinillos y todo y cargarla a la partida del Senado, siendo que la actividad es meramente social, si se le escarba, saldrá mínimo una factura de más de cuarenta mil pesos de febrero del presente año.

*Desánimo en la Unión Ciudadana
La organización en formación, llamada Unión Ciudadana, encabezada por varios líderes de la entidad, entre ellos Víctor Quintana Silveyra, Jaime García Chávez y Javier Corral, vive una especie de desánimo al ver que sus esfuerzos por lograr la renuncia del gobernador César Duarte Jáquez, no camina, o por lo menos camina de manera muy lenta. El argumento para lograr la salida del gobernador es la denuncia de García Chávez, ante  la PGR, por enriquecimiento inexplicable.

*El proyecto Hickerson firme
No obstante la andanada que se le vino a Gustavo de la Rosa Hickerson, a raíz de que su nombre se mencionó para ser candidato plurinominal, por MORENA, todo parece indicar que el proyecto sigue firme y su colocación en el número nueve de la lista  de la primera circunscripción, le da altas posibilidades de llegar a la Cámara Baja, por la intención del voto que hay a favor del partido recién creado, mismo que ronda en el diez por ciento.

Los procesos electorales


El próximo domingo 22 del mes en curso se abrirán las inscripciones de candidatos de las diez instituciones políticas que buscan asientos en la Cámara de Diputados, para la legislatura de medio término del presidente Enrique Peña Nieto, las mismas cierran el día 29 y con ello se arranca formalmente el proceso electoral del presente año.
Habrá elecciones en catorce entidades, nueve de ellas para el cambio de gobernador y en cinco para relevo de alcaldías y diputaciones estatales. Como se ve la elección del próximo 7 de junio es de gran relevancia para la vida institucional del país ya que también se eligen a los 500 nuevos miembros de la Cámara Baja.
Es la primera elección que estará regida por las reglas de la más reciente de las reformas electorales, que entre sus puntos más importantes centraliza los procesos electorales de todo el país, bajo el mismo árbitro: El Instituto Nacional Electoral.
El INE, por sus siglas, nació bajo graves sospechas de favoritismo hacia el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, con quien han sido muy permisivos en sus contumaces prácticas violatorias de las reglas electorales, señaladamente los llamados «cine minutos», que han sido denunciados como violatorios a la norma por parte de los partidos de oposición, por supuesto entre estos no contamos ni al PVEM ni al Partido Nueva Alianza.
Se habla por parte de siete de los diez partidos representados en el Consejo General del INE, de un bloque de consejeros comandados por Marco Antonio Baños y que sirven a los intereses del PRI, ésto llevó a los partidos denunciantes a levantarse de la mesa del consejo y la situación aún no se regulariza del todo.
El proceso inicia pues con graves acusaciones de favoritismo al partido en el poder y de falta de energía y carácter de el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello, quien ha sido varias veces señalado como tibio en su posición y finalmente permisivo a las acciones encabezadas por Marco Antonio Baños, a favor del partido en el gobierno.
No obstante los anterior, la apuesta debe ser a la de un proceso limpio, que entre otras cosas pueda avanzar en la recuperación de la confianza ciudadana en los árbitros electorales y con ellos en el voto, como instrumento para lograr los cambios que la sociedad reclama.
Editorial 1179

viernes, 20 de marzo de 2015

Empresas mineras lesionan los DDHH



MÉXICO, D.F. (IPS) - «Les diría a las instituciones y empresas que tengan conciencia del gran daño que hacen al suelo, a la flora, al ambiente, que respeten la decisión de la gente. Están llevando a cabo un atentado contra la salud y la vida», clamó el indígena mexicano Taurino Rincón. 
Este nahua integra el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, una localidad del occidente del país, que lucha contra la empresa mexicana Gabfer SA de CV, y su proyecto de explotar una mina a cielo abierto en sus tierras comunales.
«Queremos que la concesión sea anulada. Estamos firmes de no aceptarla por ningún motivo. Defendemos el derecho a la vida, al agua y a la naturaleza», dijo Rincón a IPS.
Asegura que la explotación minera contaminaría al manantial que provee de agua a los 4,000 habitantes de la comunidad situada a 660 kilómetros de Ciudad de México, en el municipio de Comala, en el estado de Colima.
Gabfer tiene una concesión para explotar a tajo abierto oro, cobre, plata y manganeso en un área de 100 hectáreas y sus representantes afirman que el proyecto no dañará las fuentes de agua, aunque todavía no presentó el estudio de impacto ambiental al respecto.
Este caso ilustra los diversos conflictos entre empresas y las comunidades donde operan y que se repiten en muchos sectores en América Latina, donde ha habido escasa acogida de los Principios Rectores sobre los Derechos Humanos y las Empresas, establecidos en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los tres ejes de los 40 principios incorporan el deber de los Estados de proteger los derechos humanos, la obligación de las empresas de respetarlos y las vías de reparación para las víctimas de las violaciones.
Entre ellos se destaca que «los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas». Además, se exhorta a «enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción el respeto a esos derechos en todas sus actividades».
Los principios son voluntarios, no vinculantes ni ejecutables fuera del territorio donde se produce el daño, pero representan un primer instrumento para la defensa de los derechos humanos en las actividades económicas del sector privado y público.
El rezago en la aplicación en América Latina se produce mientras que el Atlas Global de Justicia Ambiental, coordinado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la española Universidad Autónoma de Barcelona, ha identificado 99 disputas ambientales en Colombia, 64 en Brasil, 49 en Ecuador, 36 en Argentina, 35 en Chile, 33 en Perú y 32 en México.
Se trata de conflictos relacionados con la extracción minera y de combustibles fósiles, la gestión de residuos y del agua, el acceso a la tierra y desarrollo de infraestructura.

 «Es algo muy nuevo, no ha habido líneas claras para los gobiernos y para que los principios se vuelvan una realidad nacional», señaló el estadounidense Benjamín Cokelet, director ejecutivo del no gubernamental y regional Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, con base en México.
Pero, puntualizó a IPS, «si no los aplicamos, será un marco jurídico cooptado por otros intereses» y provocará «prácticas de simulación».
Desde 2013, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y México han expresado su intención de instrumentar los Principios Rectores, según datos del Consejo de Derechos Humanos, pero ninguno lo concretó.
Chile, con conflictos sociales vinculados a la minería, a la crianza de salmón en piscifactorías y a grandes plantaciones forestales y a otros sectores, elabora un plan nacional para identificar la situación actual, vacíos y buenas práctica, según explicó la delegación del gobierno en el Tercer Foro Anual de Derechos Humanos y Empresas, celebrado en Ginebra en diciembre.
Además, incluiría medidas efectivas de reparación para las víctimas, especial atención a los grupos vulnerables, acciones laborales y de respeto al ambiente, así como disposiciones anticorrupción y de fomento a la transparencia, se informó en ese foro de la ONU.
Pero para José Aylwin, codirector del no gubernamental Observatorio Ciudadano chileno, el ritmo en su país es lento.
«Solo Colombia ha avanzado en el desarrollo de este plan, mientras que Chile no muestra, más allá de los anuncios, avances en esta materia, menos aún en abrir un debate amplio, con participación de organismos de sociedad civil y de pueblos indígenas, para su elaboración», aseguró a IPS.
Para activistas como Aylwin, una preocupación mayúscula es la continuidad de las prácticas violatorias de derechos humanos por parte de las corporaciones y la impunidad prevaleciente.
«En la región, el discurso de la responsabilidad social empresarial sigue siendo muy repetitivo y hay una negativa a entender la situación en términos de derechos humanos», denunció la colombiana Amanda Romero, del no gubernamental e internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
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Pese a los Principios Rectores y otras iniciativas, en América Latina «cada vez hay más impunidad», aseguró a IPS esta investigadora del Centro, con sede en Londres y que en 2013 lanzó el primer informe sobre la región.
Puso como ejemplo el caso de Colombia, donde hay un aumento de la conflictividad por concesiones mineras y construcción de infraestructura. «Hemos constatado que hay un incremento en ataques, en coincidencia con movilizaciones y demandas de comunidades que no desean esas obras», señaló.
Ello pese a que desde 2009, ese país construyó mecanismos para abordar el nexo entre derechos humanos y compañías, y en julio de 2014 el gobierno publicó los «Lineamientos para una política pública de derechos humanos y empresas».
Esa guía aborda la gestión de riesgos e impactos, transparencia, relación con comunidades, asuntos laborales y ambientales, así como seguridad, consumidores y tierras.
En su 26 periodo de sesiones, en junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos formó un grupo de trabajo intergubernamental de composición plural para diseñar un tratado vinculante que recoja los ahora voluntarios Principios Rectores.
Entre los países latinoamericanos, la iniciativa contó con el apoyo de Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, mientras topó con la oposición de un bloque liderado por Colombia, México y Perú.
El 25 de febrero el Centro de Información publicó dos plataformas interactivas para evaluar el desempeño de compañías y gobiernos, con base en un cuestionario a 100 gobiernos y 180 corporaciones.
Entre las compañías que respondieron estuvieron Falabella (Chile), Ecopetrol (Colombia), Grupo México, Petróleos Mexicanos y Petróleos de Venezuela. Todas remitieron como respuesta sus políticas de responsabilidad social corporativa.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y México contestaron con menciones a sus planes de desarrollo, programas de derechos humanos y políticas ambientales, en tanto que Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú no respondieron, al menos aún.
Ante la gravedad de la situación, varias organizaciones latinoamericanas idean la creación de un observatorio que dé seguimiento al tema.
Romero plantea la conversión de los Principios Rectores en ley nacional, el apoyo al tratado vinculante y mantener el activismo frente a los órganos garantes de los tratados de derechos humanos.
Para Aylwin, urge que los Estados adopten medidas políticas y legislativas «para asegurar la coherencia de su actuación en la materia y para permitir hacer efectiva la responsabilidad de las empresas por la violación de derechos humanos».
Editado por Estrella Gutiérrez

De fuentes confiables

*Pamplinas
El almuerzo que ofreció en su casa el ex gobernador José Reyes Baeza y al cual asistió el gobernador César Duarte Jáquez, ha querido ser difundido como un evento en el que los priistas se aprestan para unidos, dar la batalla por las nueve diputaciones en juego el día siete de junio. Sin embargo, observadores políticos más analíticos, no ven en la reunión ningún signo real de que los equipos políticos representados por el gobernador y por su antecesor, se unan en una causa en común, fue sólo una reunión para la foto, lo cierto es que hay posiciones irreconciliables entre ambos personajes.

*Pamplina II
Hasta el momento no hay un solo gesto por parte del gobernador de dar espacios en su equipo a miembros del baecismo, al contrario, hay nombramientos en el área de las delegaciones federales dados desde hace un año, que no se hacen efectivos porque el gobernador no da la orden… simplemente se ignora el oficio con el nombramiento.

*Rumor pertinaz
En los corrillos políticos de la capital del estado, se habla de que el oficialmente ex panista Cruz Pérez Cuéllar, sigue en la negociación, para lograr una de las primeras tres posiciones del Partido Movimiento Ciudadano, para llegar por la vía plurinominal a una diputación federal.

*Pichú «amarrado»
En los últimos días se soltó una campaña contra Gustavo de la Rosa Hickerson, por supuestas irregularidades en su trabajo como visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Curiosamente la campaña inició cuando se supo de sus posibilidades reales de llegar a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, como candidato externo de MORENA; originalmente se le situó en el número nueve de la primera circunscripción, pero se habla de que para asegurarlo, lo han colocado en el tercer sitio.

*Los panistas de plácemes
Luego de dos elecciones consecutivas en las que sólo han logrado un triunfo por la vía del voto en la disputa por las diputaciones federales de Chihuahua, el PAN, que se había tenido que conformar solamente con el II distrito federal electoral, con cabecera en Ciudad Juárez; al parecer ahora dará fuerte pelea en por lo menos dos distritos más: el quinto con cabecera en Delicias, encabezado por el ex alcalde Mario Mata y el sexto con cabecera en la ciudad de Chihuahua encabezado por el ex alcalde Juan Blanco.