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lunes, 30 de marzo de 2015
El crecimiento de la ciudad en manos de especuladores
Por
Juan Manuel Cruz
Decenas de colonias fantasmas, miles
de viviendas en ruinas, incremento en los costos y rezago en la prestación de
servicios públicos, es el saldo del anárquico crecimiento de la ciudad a
consecuencia de la falta de políticas públicas en materia de planeación urbana
y de adecuaciones a las leyes de catastro.
Solamente en relación a la vivienda,
se estima que hay cerca de 50 mil abandonadas, cientos de ellas casi en ruinas,
que se encuentran diseminadas en toda la mancha urbana fronteriza.
A esta problemática, a la que han
contribuido administraciones estatales y municipales, se suma la existencia de
miles de hectáreas de terreno que son subutilizadas con fines de especulación a
fin de incrementar su valor.
La situación, no solamente se vive en
esta frontera, sino en muchas ciudades del interior del país, lo que ha
obligado a la Federación a establecer nuevas reglas de desarrollo habitacional
para frenar la dispersión de los Municipios.
«Desde que entras a Juárez se ven extensiones
y extensiones de terrenos baldíos, superficies donde caben otras 20 colonias»,
estableció el delegado federal en Chihuahua de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Gustavo Chávez Hagelsieb.
Consideró que esta situación se debe
a la falta de políticas públicas en planeación urbana y por falta de
adecuaciones a las leyes de catastro.
«Por ejemplo, ¿quién gana en estos
terrenos?, por donde hay pavimento, agua y luz, el propietario, pero no tienen
apuro de vender porque entre más infraestructura tenga, más vale el terreno,
están lucrando con recursos del Municipio, el Estado y la Federación», agregó.
Y es que en algunos lotes de éstos
pagan el predial como terreno rústico, rural, por lo que hay que adecuar los
reglamentos o las leyes de catastro para presionarlos a que los vendan o los
desarrollen, «cuesta llevar los servicios a esas colonias y al contar con
ellos, después los terrenos son más caros».
Dijo que posiblemente falta un plan
de ordenamiento municipal en esta frontera, «aquí en Chihuahua Capital, en esta
administración no ha crecido un centímetro la mancha urbana, no dan permisos».
Indicó que la Sedatu apoya con
subsidios para la elaboración de planes de ordenamiento municipal, atlas de
riesgo, hasta en un 70 por ciento del costo del estudio.
Asimismo, señaló,
que se ayuda con subsidios a los desarrolladores de vivienda para que finquen
dentro de la mancha urbana viviendas de interés social, dándoles hasta 70 mil
pesos por vivienda.
Estableció que la
Federación no puede obligar a los Municipios a establecer normas en este
sentido, «son autónomos».
ACOTAR EXPANSION:
El director general de Desarrollo
Urbano del Municipio, José Eleno Villalva Salas, señaló que existen decenas de
colonias que ya cumplieron su vida útil.
«La gente que vivía en estas colonias
ya fallecieron, se movieron y dejaron una gran cantidad de espacios que no
están siendo utilizados, como las colonias Hidalgo, Margaritas, Altavista, Bellavista,
El Barreal, Ex hipódromo y las zonas del centro urbano, en donde ya están
degradadas las viviendas, muchas intestadas, la mayor parte como tapias, dando
un pésimo aspecto y convertidas en nido de malvivientes», agregó.
Indicó que pretenden crear un espacio
para que los ciudadanos puedan depositar sus viviendas y de esta manera contar
con un banco de tierra que pueda ofertarse a los desarrolladores o
inversionistas para activar estas zonas que cuentan con infraestructura.
«Hay escuelas, pero no hay niños, hay
Iglesias, pero no tienen feligreses; por otro lado vemos una gran cantidad de
lunares que se convierten en espacios de especulación y en zonas de desarrollo,
en donde los propietarios las tienen como tierras agrícolas para no pagar el
predial, supuestamente siembran de temporal cuando hay agua rodada, solo para
evadir el predial y generar especulación», afirmó.
Señaló que la «zona
de siembra» está entre el Campestre hasta Waterfill, partiendo de la Manuel
Gómez Morín al bulevar Cuatro Siglos: «gran cantidad de propiedades
especulativas, supuestamente siembran, pero lo hacen para evadir el pago del
impuesto predial».
Manifestó que la
ley no puede obligar a la gente a que desarrolle sus propiedades, pero si le
puede modificar su valor en el pago de impuestos a fin de propiciar una
saturación urbana de esas zonas y acotar la especulación de los predios.
Consideró que
esta situación fue detonada por las últimas administraciones estatales de
Patricio Martínez García y José Reyes Baeza Terrazas.
«Generaron zonas
que se han convertido en parajes desérticos, como Parajes 21, Riberas del
Bravo, entre otros, ¨en su tiempo Patricio Martínez y Reyes Baeza, parecer ser
que en otra etapa, causándole un grave problema a la ciudad, por las
distancias, para la cobertura de servicios», añadió.
Indicó que se han
permitido otros polos de desarrollo como Santa Teresa-Jerónimo, San Agustín, «pero
son polos distintos a la expansión que le dieron a Ciudad Juárez, porque hay un
centro de población en el caso de San Agustín, o inversionistas, en el caso de
Jerónimo, que ponen capital de riesgo aprovechando que existe un cruce
internacional, por la conveniencia de la entrada a otro Estado, a Nuevo México».
Dijo que más que
actualizar el Plan Director Sustentable para Juárez, hay que generar programas
de saturación.
«Facilitarles a
los inversionistas la saturación de los espacios, donde hay terrenos aislados,
que el IMIP dé un dictamen que es un área equipada y entonces los
desarrolladores se ahorran un 6 por ciento de su terreno, para eliminar esos
pequeños lunares perdidos dentro de la mancha urbana», indicó.
Señaló que la
última ampliación se generó en la parte oriente y en la parte sur de la ciudad,
hasta donde llegan los polígonos del Cereso Federal y por la parte de Santa
Teresa, «también es Juárez».
Villalva Salas
dijo que trabajan para reducir esta expansión poniendo un límite, porque no se
puede extender más.
Manifestó que hay
que remodelar las viviendas abandonadas, pero no de forma aislada, «sino
agarrar un conjunto, cambiar el entorno y abatir esta situación».
El funcionario
municipal expresó que hay 43 mil viviendas en situación de abandono.
AUMENTAR PREDIAL
A BALDÍOS: REGIDORES
El coordinador de
la Comisión Edilicia del Ayuntamiento de Juárez, José Márquez Puentes, dijo que
la dispersión de la mancha urbana de esta frontera se debe a la influencia de
los terratenientes en las decisiones de los gobiernos.
«Influyen en las
autoridades para que les autoricen fraccionamientos en áreas que deberían
desarrollarse y obligan a que se construyan vialidades por parte de los
gobiernos en sus terrenos para crearles plusvalía y venderlos a mejores costos;
eso motivó la expansión hacia el suroriente», expresó.
El regidor
panista señaló que en esta situación están El Barreal y San Isidro, las zonas
más alejadas de la ciudad y en donde cuenta con vialidades de 4 y 6 carriles, «les
crearon plusvalía para aumentar el valor de los terrenos».
Indicó que desde
la administración estatal del ahora senador Patricio Martínez García a la fecha,
se pavimentaron la Avenida Miguel de la Madrid, Fundadores y los terratenientes
donaron terrenos para construir la Ciudad Universitaria «en medio de la nada y
se pavimentó, se metió alumbrado y otros servicios».
Márquez Puentes
consideró que hay más de 5 mil hectáreas de terrenos subutilizadas que sirven
para especular.
Sin embargo, dijo
que afortunadamente la Sedatu busca ponerle freno a esta situación, obligando a
los desarrolladores a utilizar los financiamientos que les ofrecen en áreas
urbanizadas y no en lotes baldíos ubicados fuera de la mancha urbana.
Indicó que el
Gobierno Municipal no cuenta con un reglamento o ley que dictamine o limite el
crecimiento.
«Lo único que va
a limitarlo será la Sedatu en base a las disposiciones nacionales, porque la
dispersión es uno de los problemas más graves de muchas ciudades, por las
dificultades para dotar estas zonas de los servicios públicos», expresó.
Reiteró que las
autoridades federales no proporcionarán apoyo financiero para la compra de
vivienda fuera de las zonas urbanizadas de la ciudad.
En tanto que el
Municipio aumentará el Impuesto Predial a los terrenos baldíos de la ciudad, a
fin de obligar e impulsar la construcción en éstos.
«También se
apoyará a los desarrolladores eximiéndoles de
las donaciones que tienen que dar, en este caso cuando son condominios;
asimismo buscamos cómo incentivar más este tipo de construcciones», concluyó.
De fuentes Confiables
*Resultados del almuerzo
Todo parece indicar que uno de los acuerdos sostenidos en
el famoso almuerzo en casa del ex gobernador José reyes Baeza, al cual asistió
el gobernador Cesar Duarte y algunos de sus más allegados, fue el dejar que
Marco Adán Quezada, eche su gato a retozar con miras a la sucesión en la
gubernatura. El ex alcalde de la ciudad de Chihuahua, parece confirmar este
dicho con su gira por Ciudad Juárez y El Paso… no hubo tos por parte de quien
ocupa la Casa de Gobierno, ni hubo una andanada de recordatorios en los medios
de difusión, sobre el trágico accidente en el que murieron nueve personas en un
espectáculo de «trocas monstruo». Al parecer el baecismo ya se encamina en la carrera por la sucesión en
la gubernatura.
*El botín del Senado
Ustedes recordarán que hace más o menos un año, se
suscitó un agrio enfrentamiento entre Gustavo Madero y el entonces coordinador
de la bancada panista en el Senado, Ernesto Cordero. Entre los trapitos que
salieron al sol, fue el manejo discrecional de una partida que en el caso de la del PAN rebaza los 200 millones de pesos, que se maneja con gran
discrecionalidad; por ejemplo de ahí salían los recursos para jugosas asesorías
a uno de los hermanos de Margarita Zavala. Bueno esa partida ya está en manos
del chihuahuense Madero Muñoz, y se da el lujo de pagar cuentas en una comida
para cuatro en uno de los mejores restaurantes de México, con vinillos y todo y
cargarla a la partida del Senado, siendo que la actividad es meramente social,
si se le escarba, saldrá mínimo una factura de más de cuarenta mil pesos de
febrero del presente año.
*Desánimo en la Unión Ciudadana
La organización en formación, llamada Unión Ciudadana,
encabezada por varios líderes de la entidad, entre ellos Víctor Quintana
Silveyra, Jaime García Chávez y Javier Corral, vive una especie de desánimo al
ver que sus esfuerzos por lograr la renuncia del gobernador César Duarte
Jáquez, no camina, o por lo menos camina de manera muy lenta. El argumento para
lograr la salida del gobernador es la denuncia de García Chávez, ante la PGR, por enriquecimiento inexplicable.
*El proyecto Hickerson firme
No obstante la andanada que se le vino a Gustavo de la
Rosa Hickerson, a raíz de que su nombre se mencionó para ser candidato
plurinominal, por MORENA, todo parece indicar que el proyecto sigue firme y su
colocación en el número nueve de la lista
de la primera circunscripción, le da altas posibilidades de llegar a la
Cámara Baja, por la intención del voto que hay a favor del partido recién
creado, mismo que ronda en el diez por ciento.
Los procesos electorales
El próximo domingo 22 del mes en curso se abrirán las inscripciones de candidatos de las diez instituciones políticas que buscan asientos
en la Cámara de Diputados, para la legislatura de medio término del
presidente Enrique Peña Nieto, las mismas cierran el día 29 y con ello
se arranca formalmente el proceso electoral del presente año.
Habrá
elecciones en catorce entidades, nueve de ellas para el cambio de
gobernador y en cinco para relevo de alcaldías y diputaciones estatales. Como
se ve la elección del próximo 7 de junio es de gran relevancia para la
vida institucional del país ya que también se eligen a los 500 nuevos
miembros de la Cámara Baja.
Es
la primera elección que estará regida por las reglas de la más reciente
de las reformas electorales, que entre sus puntos más importantes
centraliza los procesos electorales de todo el país, bajo el mismo
árbitro: El Instituto Nacional Electoral.
El INE, por sus siglas, nació bajo graves sospechas de favoritismo hacia el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde
Ecologista de México, con quien han sido muy permisivos en sus
contumaces prácticas violatorias de las reglas electorales,
señaladamente los llamados «cine minutos», que han sido denunciados como
violatorios a la norma por parte de los partidos de oposición, por
supuesto entre estos no contamos ni al PVEM ni al Partido Nueva Alianza.
Se
habla por parte de siete de los diez partidos representados en el
Consejo General del INE, de un bloque de consejeros comandados por Marco
Antonio Baños y que sirven a los intereses del PRI, ésto llevó a los
partidos denunciantes a levantarse de la mesa del consejo y la situación
aún no se regulariza del todo.
El
proceso inicia pues con graves acusaciones de favoritismo al partido en
el poder y de falta de energía y carácter de el consejero presidente
Lorenzo Córdoba Vianello, quien ha sido varias veces señalado como tibio
en su posición y finalmente permisivo a las acciones encabezadas por
Marco Antonio Baños, a favor del partido en el gobierno.
No
obstante los anterior, la apuesta debe ser a la de un proceso limpio,
que entre otras cosas pueda avanzar en la recuperación de la confianza
ciudadana en los árbitros electorales y con ellos en el voto, como
instrumento para lograr los cambios que la sociedad reclama.
Editorial 1179
viernes, 20 de marzo de 2015
Empresas mineras lesionan los DDHH
Por Emilio Godoy
MÉXICO, D.F. (IPS) - «Les diría a las
instituciones y empresas que tengan conciencia del gran daño que hacen al
suelo, a la flora, al ambiente, que respeten la decisión de la gente. Están
llevando a cabo un atentado contra la salud y la vida», clamó el indígena mexicano
Taurino Rincón.
Este nahua integra el
Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, una localidad del
occidente del país, que lucha contra la empresa mexicana Gabfer SA de CV, y su
proyecto de explotar una mina a cielo abierto en sus tierras comunales.
«Queremos que la concesión
sea anulada. Estamos firmes de no aceptarla por ningún motivo. Defendemos el
derecho a la vida, al agua y a la naturaleza», dijo Rincón a IPS.
Asegura que la explotación minera contaminaría al manantial
que provee de agua a los 4,000 habitantes de la comunidad situada a 660
kilómetros de Ciudad de México, en el municipio de Comala, en el estado de
Colima.
Gabfer tiene una concesión
para explotar a tajo abierto oro, cobre, plata y manganeso en un área de 100
hectáreas y sus representantes afirman que el proyecto no dañará las fuentes de
agua, aunque todavía no presentó el estudio de impacto ambiental al respecto.
Este caso ilustra los diversos
conflictos entre empresas y las comunidades donde operan y que se repiten en
muchos sectores en América Latina, donde ha habido escasa acogida de los Principios Rectores sobre los Derechos Humanos y las
Empresas,
establecidos en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
Los tres ejes de los 40
principios incorporan el deber de los Estados de proteger los derechos humanos,
la obligación de las empresas de respetarlos y las vías de reparación para las
víctimas de las violaciones.
Entre ellos se destaca que «los
Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas
en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas».
Además, se exhorta a «enunciar claramente que se espera de todas las empresas
domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción el respeto a esos derechos en
todas sus actividades».
Los principios son
voluntarios, no vinculantes ni ejecutables fuera del territorio donde se
produce el daño, pero representan un primer instrumento para la defensa de los
derechos humanos en las actividades económicas del sector privado y público.
El rezago en la aplicación en América Latina se produce
mientras que el Atlas Global de Justicia Ambiental, coordinado por el
Instituto de Ciencia y Tecnología de la española Universidad Autónoma de Barcelona, ha identificado 99
disputas ambientales en Colombia, 64 en Brasil, 49 en Ecuador, 36 en Argentina,
35 en Chile, 33 en Perú y 32 en México.
Se trata de conflictos
relacionados con la extracción minera y de combustibles fósiles, la gestión de
residuos y del agua, el acceso a la tierra y desarrollo de infraestructura.
«Es algo muy nuevo, no ha habido líneas claras
para los gobiernos y para que los principios se vuelvan una realidad nacional»,
señaló el estadounidense Benjamín Cokelet, director ejecutivo del no
gubernamental y regional Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e
Investigación, con base en México.
Pero, puntualizó a IPS, «si
no los aplicamos, será un marco jurídico cooptado por otros intereses» y
provocará «prácticas de simulación».
Desde 2013, Argentina, Chile, Colombia,
Guatemala y México han expresado su intención de instrumentar
los Principios Rectores, según datos del Consejo de Derechos Humanos, pero
ninguno lo concretó.
Chile, con conflictos sociales
vinculados a la minería, a la crianza de salmón en piscifactorías y a grandes
plantaciones forestales y a otros sectores, elabora un plan nacional para
identificar la situación actual, vacíos y buenas práctica, según explicó la delegación del gobierno en el Tercer Foro Anual de Derechos Humanos y Empresas, celebrado en Ginebra en
diciembre.
Además, incluiría medidas
efectivas de reparación para las víctimas, especial atención a los grupos
vulnerables, acciones laborales y de respeto al ambiente, así como
disposiciones anticorrupción y de fomento a la transparencia, se informó en ese
foro de la ONU.
Pero para José Aylwin, codirector
del no gubernamental Observatorio Ciudadano chileno, el ritmo en su país
es lento.
«Solo Colombia ha avanzado
en el desarrollo de este plan, mientras que Chile no muestra, más allá de los
anuncios, avances en esta materia, menos aún en abrir un debate amplio, con
participación de organismos de sociedad civil y de pueblos indígenas, para su
elaboración», aseguró a IPS.
Para activistas como Aylwin,
una preocupación mayúscula es la continuidad de las prácticas violatorias de
derechos humanos por parte de las corporaciones y la impunidad prevaleciente.
«En la región, el discurso de la
responsabilidad social empresarial sigue siendo muy repetitivo y hay una
negativa a entender la situación en términos de derechos humanos», denunció la
colombiana Amanda Romero, del no gubernamental e internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
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Pese a los Principios Rectores y
otras iniciativas, en América Latina «cada vez hay más impunidad», aseguró a
IPS esta investigadora del Centro, con sede en Londres y que en 2013
lanzó el primer informe sobre la región.
Puso como ejemplo el caso de
Colombia, donde hay un aumento de la conflictividad por concesiones mineras y
construcción de infraestructura. «Hemos constatado que hay un incremento en
ataques, en coincidencia con movilizaciones y demandas de comunidades que no
desean esas obras»,
señaló.
Ello pese a que desde 2009, ese
país construyó mecanismos para abordar el nexo entre derechos humanos y
compañías, y en julio de 2014 el gobierno publicó los «Lineamientos para una política pública de derechos humanos
y empresas».
Esa guía aborda la gestión
de riesgos e impactos, transparencia, relación con comunidades, asuntos
laborales y ambientales, así como seguridad, consumidores y tierras.
En su 26 periodo de
sesiones, en junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos formó un grupo de
trabajo intergubernamental de composición plural para diseñar un tratado
vinculante que recoja los ahora voluntarios Principios Rectores.
Entre los países
latinoamericanos, la iniciativa contó con el apoyo de Bolivia, Cuba, Ecuador y
Venezuela, mientras topó con la oposición de un bloque liderado por Colombia,
México y Perú.
El 25 de febrero el Centro de
Información publicó dos plataformas interactivas
para evaluar el desempeño de compañías y gobiernos, con base en un cuestionario
a 100 gobiernos y 180 corporaciones.
Entre las compañías que
respondieron estuvieron Falabella (Chile), Ecopetrol (Colombia), Grupo México,
Petróleos Mexicanos y Petróleos de Venezuela. Todas remitieron como respuesta
sus políticas de responsabilidad social corporativa.
Los gobiernos de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y México contestaron con menciones a sus
planes de desarrollo, programas de derechos humanos y políticas ambientales, en
tanto que Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú no respondieron, al
menos aún.
Ante la gravedad de la
situación, varias organizaciones latinoamericanas idean la creación de un
observatorio que dé seguimiento al tema.
Romero plantea la conversión
de los Principios Rectores en ley nacional, el apoyo al tratado vinculante y
mantener el activismo frente a los órganos garantes de los tratados de derechos
humanos.
Para Aylwin, urge que los
Estados adopten medidas políticas y legislativas «para asegurar la coherencia
de su actuación en la materia y para permitir hacer efectiva la responsabilidad
de las empresas por la violación de derechos humanos».
Editado por Estrella
Gutiérrez
De fuentes confiables
*Pamplinas
El almuerzo que ofreció en su casa el ex gobernador José
Reyes Baeza y al cual asistió el gobernador César Duarte Jáquez, ha querido ser
difundido como un evento en el que los priistas se aprestan para unidos, dar la
batalla por las nueve diputaciones en juego el día siete de junio. Sin embargo,
observadores políticos más analíticos, no ven en la reunión ningún signo real
de que los equipos políticos representados por el gobernador y por su
antecesor, se unan en una causa en común, fue sólo una reunión para la foto, lo
cierto es que hay posiciones irreconciliables entre ambos personajes.
*Pamplina II
Hasta el momento no hay un solo gesto por parte del
gobernador de dar espacios en su equipo a miembros del baecismo, al contrario,
hay nombramientos en el área de las delegaciones federales dados desde hace un
año, que no se hacen efectivos porque el gobernador no da la orden… simplemente
se ignora el oficio con el nombramiento.
*Rumor pertinaz
En los corrillos políticos de la capital del estado, se
habla de que el oficialmente ex panista Cruz Pérez Cuéllar, sigue en la
negociación, para lograr una de las primeras tres posiciones del Partido
Movimiento Ciudadano, para llegar por la vía plurinominal a una diputación
federal.
*Pichú «amarrado»
En los últimos días se soltó una campaña contra Gustavo
de la Rosa Hickerson, por supuestas irregularidades en su trabajo como
visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Curiosamente la
campaña inició cuando se supo de sus posibilidades reales de llegar a la Cámara
de Diputados por la vía plurinominal, como candidato externo de MORENA;
originalmente se le situó en el número nueve de la primera circunscripción,
pero se habla de que para asegurarlo, lo han colocado en el tercer sitio.
*Los panistas de plácemes
Luego de dos elecciones consecutivas en las que sólo han
logrado un triunfo por la vía del voto en la disputa por las diputaciones
federales de Chihuahua, el PAN, que se había tenido que conformar solamente con
el II distrito federal electoral, con cabecera en Ciudad Juárez; al parecer
ahora dará fuerte pelea en por lo menos dos distritos más: el quinto con
cabecera en Delicias, encabezado por el ex alcalde Mario Mata y el sexto con
cabecera en la ciudad de Chihuahua encabezado por el ex alcalde Juan Blanco.
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