Por Emilio Godoy
MÉXICO, D.F. (IPS) - «Les diría a las
instituciones y empresas que tengan conciencia del gran daño que hacen al
suelo, a la flora, al ambiente, que respeten la decisión de la gente. Están
llevando a cabo un atentado contra la salud y la vida», clamó el indígena mexicano
Taurino Rincón.
Este nahua integra el
Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, una localidad del
occidente del país, que lucha contra la empresa mexicana Gabfer SA de CV, y su
proyecto de explotar una mina a cielo abierto en sus tierras comunales.
«Queremos que la concesión
sea anulada. Estamos firmes de no aceptarla por ningún motivo. Defendemos el
derecho a la vida, al agua y a la naturaleza», dijo Rincón a IPS.
Asegura que la explotación minera contaminaría al manantial
que provee de agua a los 4,000 habitantes de la comunidad situada a 660
kilómetros de Ciudad de México, en el municipio de Comala, en el estado de
Colima.
Gabfer tiene una concesión
para explotar a tajo abierto oro, cobre, plata y manganeso en un área de 100
hectáreas y sus representantes afirman que el proyecto no dañará las fuentes de
agua, aunque todavía no presentó el estudio de impacto ambiental al respecto.
Este caso ilustra los diversos
conflictos entre empresas y las comunidades donde operan y que se repiten en
muchos sectores en América Latina, donde ha habido escasa acogida de los Principios Rectores sobre los Derechos Humanos y las
Empresas,
establecidos en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
Los tres ejes de los 40
principios incorporan el deber de los Estados de proteger los derechos humanos,
la obligación de las empresas de respetarlos y las vías de reparación para las
víctimas de las violaciones.
Entre ellos se destaca que «los
Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas
en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas».
Además, se exhorta a «enunciar claramente que se espera de todas las empresas
domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción el respeto a esos derechos en
todas sus actividades».
Los principios son
voluntarios, no vinculantes ni ejecutables fuera del territorio donde se
produce el daño, pero representan un primer instrumento para la defensa de los
derechos humanos en las actividades económicas del sector privado y público.
El rezago en la aplicación en América Latina se produce
mientras que el Atlas Global de Justicia Ambiental, coordinado por el
Instituto de Ciencia y Tecnología de la española Universidad Autónoma de Barcelona, ha identificado 99
disputas ambientales en Colombia, 64 en Brasil, 49 en Ecuador, 36 en Argentina,
35 en Chile, 33 en Perú y 32 en México.
Se trata de conflictos
relacionados con la extracción minera y de combustibles fósiles, la gestión de
residuos y del agua, el acceso a la tierra y desarrollo de infraestructura.
«Es algo muy nuevo, no ha habido líneas claras
para los gobiernos y para que los principios se vuelvan una realidad nacional»,
señaló el estadounidense Benjamín Cokelet, director ejecutivo del no
gubernamental y regional Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e
Investigación, con base en México.
Pero, puntualizó a IPS, «si
no los aplicamos, será un marco jurídico cooptado por otros intereses» y
provocará «prácticas de simulación».
Desde 2013, Argentina, Chile, Colombia,
Guatemala y México han expresado su intención de instrumentar
los Principios Rectores, según datos del Consejo de Derechos Humanos, pero
ninguno lo concretó.
Chile, con conflictos sociales
vinculados a la minería, a la crianza de salmón en piscifactorías y a grandes
plantaciones forestales y a otros sectores, elabora un plan nacional para
identificar la situación actual, vacíos y buenas práctica, según explicó la delegación del gobierno en el Tercer Foro Anual de Derechos Humanos y Empresas, celebrado en Ginebra en
diciembre.
Además, incluiría medidas
efectivas de reparación para las víctimas, especial atención a los grupos
vulnerables, acciones laborales y de respeto al ambiente, así como
disposiciones anticorrupción y de fomento a la transparencia, se informó en ese
foro de la ONU.
Pero para José Aylwin, codirector
del no gubernamental Observatorio Ciudadano chileno, el ritmo en su país
es lento.
«Solo Colombia ha avanzado
en el desarrollo de este plan, mientras que Chile no muestra, más allá de los
anuncios, avances en esta materia, menos aún en abrir un debate amplio, con
participación de organismos de sociedad civil y de pueblos indígenas, para su
elaboración», aseguró a IPS.
Para activistas como Aylwin,
una preocupación mayúscula es la continuidad de las prácticas violatorias de
derechos humanos por parte de las corporaciones y la impunidad prevaleciente.
«En la región, el discurso de la
responsabilidad social empresarial sigue siendo muy repetitivo y hay una
negativa a entender la situación en términos de derechos humanos», denunció la
colombiana Amanda Romero, del no gubernamental e internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
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Pese a los Principios Rectores y
otras iniciativas, en América Latina «cada vez hay más impunidad», aseguró a
IPS esta investigadora del Centro, con sede en Londres y que en 2013
lanzó el primer informe sobre la región.
Puso como ejemplo el caso de
Colombia, donde hay un aumento de la conflictividad por concesiones mineras y
construcción de infraestructura. «Hemos constatado que hay un incremento en
ataques, en coincidencia con movilizaciones y demandas de comunidades que no
desean esas obras»,
señaló.
Ello pese a que desde 2009, ese
país construyó mecanismos para abordar el nexo entre derechos humanos y
compañías, y en julio de 2014 el gobierno publicó los «Lineamientos para una política pública de derechos humanos
y empresas».
Esa guía aborda la gestión
de riesgos e impactos, transparencia, relación con comunidades, asuntos
laborales y ambientales, así como seguridad, consumidores y tierras.
En su 26 periodo de
sesiones, en junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos formó un grupo de
trabajo intergubernamental de composición plural para diseñar un tratado
vinculante que recoja los ahora voluntarios Principios Rectores.
Entre los países
latinoamericanos, la iniciativa contó con el apoyo de Bolivia, Cuba, Ecuador y
Venezuela, mientras topó con la oposición de un bloque liderado por Colombia,
México y Perú.
El 25 de febrero el Centro de
Información publicó dos plataformas interactivas
para evaluar el desempeño de compañías y gobiernos, con base en un cuestionario
a 100 gobiernos y 180 corporaciones.
Entre las compañías que
respondieron estuvieron Falabella (Chile), Ecopetrol (Colombia), Grupo México,
Petróleos Mexicanos y Petróleos de Venezuela. Todas remitieron como respuesta
sus políticas de responsabilidad social corporativa.
Los gobiernos de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y México contestaron con menciones a sus
planes de desarrollo, programas de derechos humanos y políticas ambientales, en
tanto que Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú no respondieron, al
menos aún.
Ante la gravedad de la
situación, varias organizaciones latinoamericanas idean la creación de un
observatorio que dé seguimiento al tema.
Romero plantea la conversión
de los Principios Rectores en ley nacional, el apoyo al tratado vinculante y
mantener el activismo frente a los órganos garantes de los tratados de derechos
humanos.
Para Aylwin, urge que los
Estados adopten medidas políticas y legislativas «para asegurar la coherencia
de su actuación en la materia y para permitir hacer efectiva la responsabilidad
de las empresas por la violación de derechos humanos».
Editado por Estrella
Gutiérrez
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