A
sólo tres días de la elección para la renovación de la Cámara de Diputados,
nueve gubernaturas y en términos generales más de tres mil puestos de elección
popular en 14 procesos locales y el intermedio federal, el marco en que se ha
desarrollado el presente proceso electoral ha sido de graves acusaciones de
corrupción, enfrentamientos violentos, y asesinato de candidatos.
El
comentario sobre las elecciones en Chihuahua, han sido en general de insípidas
y poco visibles, sobre todo por las restricciones a que están sometidas por la
reforma la ley electoral de 2014, que en su búsqueda de la equidad tomó medidas
que en la práctica han resultado en campañas poco visibles, sobre todo en lo
que se refiere a diputados federales.
En
general poco se sabe de propuestas de carácter legislativo y los últimos días
se han significado por una andanada de señalamientos contra el candidato
panistas al VI distrito federal electoral, con cabecera en Chihuahua, Juan
Blanco Zaldívar, a quien se acusa de tener un adeudo en cartera vencida con el
banco Unión Progreso, por siete millones de pesos. La andanada menguó cuando
también trascendió que el priista Carlos Hermosillo, candidato a diputado por
el IX distrito federal electoral, con cabecera en Parral, se encuentra en la
misma situación por una cantidad muy superior, se habla de 36 millones de
pesos.
En
términos generales en Chihuahua no se puede hablar de guerra sucia o de
campañas agresivas, como las que se están viviendo por la gubernatura en los
estados de Nuevo León y Sonora. Incluso se pensó que la demanda de Jaime García
Chávez, contra el gobernador César Duarte, por el presunto delito de peculado y
enriquecimiento inexplicable, jugaría un papel importante en el proceso, pero
es un tema cada vez más ausente del debate público.
Antecedentes
ominosos
El
actual proceso electoral inició en medio de grandes manifestaciones por la
desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de
Ayotzinapa, en Iguala Guerrero. También en ese momento había una gran atención
de la prensa internacional por el trágico caso referido y por el
acribillamiento de 21 jóvenes en Tlatlaya, en el Estado de México,
presuntamente a manos del ejército.
Se
habló incluso de la ausencia de condiciones para realizar elecciones en
entidades como Michoacán y sobre todo Guerrero, en donde seguramente en algunas
zonas éstas no se realizarán por lo menos con normalidad y certeza de
seguridad.
Marco
de violencia
Un
enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán, es sólo uno de los eventos más
relevantes por el número de víctimas que han significado el actual proceso
electoral. La versión original y oficial es que elementos federales se
enfrentaron a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, que días antes
había protagonizado una sangrienta jornada con bloqueos quema de bancos y otro
tipo de negocios, y el derribamiento de un helicóptero con elementos del
ejército en el cual murieron en el mismo lugar seis militares y otros tres han
fallecido en los siguientes días, por la gravedad de sus heridas.
Otras
versiones de este evento de algunos familiares de los 42 presuntos
narcotraficantes, ponen en duda la versión oficial y acusan a las autoridades de haber cometido
una masacre.
«Eso no fue un enfrentamiento,
fue una masacre», dijo Víctor Hugo Reynoso, hermano de Luis Alberto, uno de los
42 civiles abatidos en un
operativo de
las fuerzas federales en un rancho de Tanhuato, fronterizo con Jalisco, en el
que también murió un policía federal.
Reynoso sostuvo su argumento
basándose en las supuestas fotos del operativo que publicaron los principales
periódicos nacionales, en las que se ven cuerpos «destrozados, calcinados»,
algunos sin camisetas ni zapatos y al lado de armas largas, señaló.
A eventos como los anteriores se debe sumar la masacre ocurrida en el municipio de Apatzingán que ha sido abordada por diferentes medios de comunicación con presencia nacional, desde el pasado mes de enero en que ocurrieron los hechos.
A eventos como los anteriores se debe sumar la masacre ocurrida en el municipio de Apatzingán que ha sido abordada por diferentes medios de comunicación con presencia nacional, desde el pasado mes de enero en que ocurrieron los hechos.
Reforma, La Jornada, El Universal,
Excélsior, Reporte Índigo y Proceso
informaron, en su momento, que policías federales pudieron haber estado
involucrados en el asesinato de civiles desarmados en dos hechos diferentes
ocurridos en Apatzingán, el 6 de enero de 2015.
El 12 de enero, Alfredo
Castillo, entonces Comisionado Federal de Seguridad por Michoacán, negó que
hubieran ocurrido detenciones y ejecuciones de civiles desarmados.
La investigación de Laura
Castellanos titulada «La Masacre de Apatzingán», de la cual dieron cuenta en su
momento Aristegui Noticias, Proceso y Univisión, se basa en 44
testimonios, actas de defunción, crudas imágenes, audios y videos de diversas
fuentes que revelan que los disparos de la Policía Federal fueron ataques directos y no
producto de enfrentamientos ni de fuego cruzado o «amigo», como se sostuvo en
la versión oficial.
Corrupción de gobernantes
Según The
Wall Street Journal El gobierno mexicano abrió una investigación contra el
gobernador de Sonora y su hermano por supuestamente recibir millones de dólares
de un empresario ligado a compañías que ganaron contratos del gobierno.
La investigación de la
Secretaría de Hacienda gira en torno a por lo menos$3.3 millones de dólares en pagos que presuntamente recibió
Miguel Padrés, el hermano del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, miembro
del Partido Acción Nacional.
Según la investigación
realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría, el dinero
supuestamente fue pagado por Mario Aguirre, un destacado empresario de Sonora
con lazos con las firmas que ganaron licitaciones por un valor de alrededor de $20
millones dólares al año para proveer
uniformes escolares a los niños de las escuelas públicas del estado.
No está claro si se
presentarán cargos formales en el caso. Un vocero de la Oficina de la
Procuraduría declinó comentar. Padrés niega haber hecho algo impropio.
La candidata del PRI al
gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich, por su parte ha sido señalada de usar
una aeronave de un contratista favorecido por sus cabildeos , no únicamente
para realizar su campaña en el estado de Sonora, sino para viajes de recreo a
Las Vegas.
En el mismo marco
electoral desde noviembre, Enrique Peña Nieto, su esposa y el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, han estado involucrados en escándalos de conflictos
de interés en relación a las compras de casas de empresas que han ganado
licitaciones multimillonarias con el gobierno. Todos han rechazado cualquier
acto indebido.
El mes pasado, otro
político destacado del PRI, el ex gobernador del estado de Oaxaca, José Murat,
se convirtió en el foco de acusaciones de actos indebidos después de que el
diario New York Times informó que él
y su familia habían adquirido media docena de propiedades en EE. UU.,
incluyendo un apartamento en la lujosa Times Warner Plaza en Nueva York. Murat
niega cualquier delito.
En febrero, también, la
policía mexicana detuvo a nueve personas estrechamente vinculadas a Ángel
Aguirre, ex gobernador del estado de Guerrero. Bajo presión política, Aguirre
fue retirado de su cargo después de la desaparición y presunto asesinato en
septiembre de 43 normalistas en Iguala, la tercera mayor ciudad de Guerrero, a
manos de policías corruptos y narcotraficantes.
Las nueve personas que
han sido arrestadas, incluyendo el hermano y sobrino del ex gobernador, fueron
acusadas de desviar alrededor de $19 millones de dólares de fondos del gobierno
a sus cuentas personales. Los nueve dicen que son inocentes.
No es la primera vez
que el gobernador de Sonora, Padrés se ha visto envuelto en una controversia.
El año pasado, las autoridades de agua y medioambiente de México encontraron
que el gobernador había construido ilegalmente una represa en su rancho en el
estado árido de Sonora, lo multaron con unos $400,000 dólares y le ordenaron
que destruyera la represa. Pero una fuerte lluvia deshizo la represa antes de
que fuera destruida.
Javier Gándara
Magaña, candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Sonora, su esposa,
sus hijos y su yerno tienen al menos nueve casas en Estados Unidos que no
reportó en sus declaraciones patrimoniales cuando fue Presidente Municipal de
Hermosillo entre 2009 y 2012, publica el diario Milenio.
En
tanto, el periódico Reforma reporta que Maricela Velázquez
Sánchez, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al
gobierno de Cuernavaca, en Morelos, omitió reportar en su declaración
patrimonial una casa que compró a menos de la mitad de su precio
mediante una inmobiliaria que la diputada federal con licencia creó ex
profeso para ello.
El
diario capitalino dice que la candidata tricolor adquirió en 5.3 millones
de pesos una casa de mil 767 metros cuadrados en el Fraccionamiento Las
Delicias, en Cuernavaca.
«Dicho
precio, asentado en la escritura pública 10247, es una ganga si se compara con
los precios que tienen inmuebles similares en esa zona, que fluctúan entre 9 y
13 millones de pesos, según los portales inmobiliarios especializados», refiere Reforma.
Tres candidatos asesinados
Al menos tres personas que aspiraban a un
cargo en las elecciones locales y estatales del próximo 7 de junio fueron
asesinadas en estados azotados por la violencia de los carteles del
narcotráfico.
Personas armadas que
iban en una camioneta dispararon contra Enrique Hernández, candidato a alcalde
del municipio de Yurécuaro, en el estado de Michoacán, cuando participaba en un
mitin político en plena calle.
La fiscalía del estado
dijo en un comunicado que además de matar a Hernández, candidato por el izquierdista
Morena, los atacantes hirieron a otras tres personas.
Hernández era uno de
los civiles que se alzó en armas en 2013 y participó en el movimiento de
autodefensas que lucharon contra el cártel de Los Caballeros Templarios.
El mismo día, un comando armado disparó contra
Héctor López Cruz, aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a
un puesto municipal en Huimanguillo, en el estado de Tabasco, en el golfo de
México. En el momento del ataque, López Cruz regresaba a su casa después de un
día de campaña con Erubiel Alonso, el líder del PRI en Tabasco.
Alonso describió
Huimanguillo como «uno de los lugares más violentos y peligrosos de Tabasco»
donde la violencia por el tráfico de drogas se une al tráfico de migrantes y a
los asaltos, robos y otros crímenes.
Este mismo mes de mayo
pero en el estado de Guerrero otro candidato a alcalde por el PRI, Ulises
Fabián Quiroz, fue asesinado.
Quiroz aspiraba a la
alcaldía de Chilapa, una localidad que ha sido escenario de violentos
enfrentamientos entre dos grupos criminales que se disputan la región. En
noviembre se localizaron 11 cuerpos decapitados y amontonados en el borde de
una carretera y desde entonces no han parado de aparecer cadáveres
desmembrados, quemados o decapitados, lo que hizo complicado para el PRI
encontrar a un candidato que sustituyera a Quiroz.
En marzo pasado fue asesinada una precandidata a
alcalde también en Guerrero. Aide Nava González fue secuestrada y su cuerpo
encontrado decapitado. Ella había anunciado sus planes para postularse a la
alcaldía de Ahuacuotzingo por el Partido de la Revolución Democrática.
En pasadas elecciones la violencia no ha estado dirigida a ningún
partido político en concreto y aspirantes de distintas formaciones se vieron
afectados.
Entrevistado por Milenio José
Antonio Crespo, analista del Centro de Investigación y Docencia Económica,
señaló que la violencia electoral no es nueva en México. «Cada vez que hay
elecciones, en los últimos años, desde el presidente Felipe Calderón cuando
menos, hay este tipo de muertes, secuestros y amenazas», dijo.
Recordó, por ejemplo,
el asesinato en 2010 del candidato a gobernador del norteño estado de
Tamaulipas, Rodolfo Cantú, días antes de la jornada electoral y dijo que son
varios los políticos que tiran la toalla por amenazas.
Asimismo, subrayó que
aunque también hay violencia «política de un partido contra otro» la más
preocupante es la generada por el crimen organizado porque «está revelando lo
que ya sabemos, que ese problema está fuera del control del Estado mexicano».
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