Por Daniela Pastrana
IGUALA, Guerrero, (IPS).- El comedor de la Parroquia
de San Gerardo, en el estado mexicano de Guerrero, está convertido en un
memorial del espanto. Largas filas de fotografías cubren las paredes del
galerón. Son decenas de rostros de personas ausentes, desaparecidas, raptadas y
extraídas de su vida sin dejar rastro.
La mayoría son personas del
norte del estado, el más pobre de México y uno de los más asolados por la
violencia. La base de datos del comité de búsqueda suma a 350 personas
desaparecidas y cada semana se suman más.
En el último año, esta parroquia de Iguala ha sido refugio,
cada martes, de familias que han perdido el miedo a denunciar y a buscar a sus
desaparecidos en el cementerio clandestino que se descubrió en los cerros que
rodean a esta ciudad a partir de la desaparición de 43 estudiantes de la
escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
Aquella noche, los estudiantes
fueron atacados por la policía municipal de Iguala y —según se sabe ahora
por la ardua investigación de un grupo de expertos
designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— hubo una acción
concertada entre distintas fuerzas del Estado, incluidos militares y federales,
que duró varias horas y tuvo al menos nueve escenarios.
Los agentes municipales
ejecutaron a cinco civiles, entre ellos dos estudiantes; uno más fue torturado
y su cuerpo apareció horas después junto a un basurero. Se llevaron detenidos a
otros 43 normalistas, como se llaman en México a los estudiantes de magisterio,
que en su mayoría cursaban el primer año.
Al cumplirse el primer
aniversario del ataque, este sábado 26, solo se ha localizado a uno hecho
cenizas y dentro de una bolsa de plástico, mientras estos días se investiga el
probable hallazgo de un segundo.
De los demás, no hay
rastros.
El ataque a los normalistas
destapó el albañal de la alianza entre políticos locales y grupos criminales y
revivió el dolor de los 30,000 desaparecidos que, según las organizaciones de
derechos humanos, dejó la estrategia militar de seguridad instauró el
expresidente Felipe Calderón en enero de 2007 y visibilizó el Movimiento por la Paz, encabezado por el poeta Javier
Sicilia.
Enrique Peña Nieto, en la
Presidencia desde diciembre de 2012, mantuvo la política de seguridad
militar, pero sus efectos se hicieron invisibles por una estrategia mediática
que concentró sus esfuerzos en promover reformas constitucionales para abrir
los sectores de energía y telecomunicaciones a la industria privada.
Solo en el primer año, su gobierno
invirtió cerca de 500 millones de dólares en publicidad oficial, según un
estudio conjunto del Centro de Análisis e Investigación Fundar y del Artículo 19.
Pero la violencia se
mantuvo y según una investigación del diario El Universal, publicada en esta
semana previa al aniversario del ataque a los normalistas, en 2014 las fiscalías
del país reportaron más de 5,000 personas desaparecidas. Es decir, 14 cada día.
También destacan casos como
el de norteño estado de Nuevo León, donde se han localizado 31,000 restos
humanos entre 2011 y 2015, que han llevado a la identificación de 30 personas.
«La diferencia es que ahora
las violaciones a los derechos humanos se están dirigiendo también contra
defensores de derechos humanos y al movimiento social organizado», dijo a IPS
el activista Héctor Cerezo, quien ha documentado las desapariciones forzadas de
defensores y líderes sociales durante los últimos cuatro años.
Durante el mandato de Peña
Nieto, «hemos documentado 81 defensores que han sido víctimas de desaparición
forzada; en el de Calderón documentamos 55. En total son 133 defensores, de
2006 a la fecha, que está documentado que el Estado se los llevó», detalló
«Quizá parece poco en un
universo de miles de desaparecidos, pero indica un incremento en las estrategias
de control social por parte del Estado mexicano», planteó el activista.
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En el comedor de la Parroquia de
San Gerardo, en la ciudad de Iguala, se
han ido colgando las fotos de los desaparecidos
en el estado de Guerrero, en el suroeste de México. Crédito: Daniela Pastrana/IPS.
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El informe «Defender los Derechos
Humanos en México: la represión política, una práctica generalizada»,
presentado el 27 de agosto por el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional
Contra la Desaparición Forzada, documenta 860 violaciones de derechos humanos
contra activistas y luchadores sociales entre junio de 2014 y mayo de 2015.
El registro de violaciones
incluye colectivos —47 organizaciones de la sociedad civil y 35 comunidades—y
un aumento de detenciones arbitrarias, que casi se duplicó.
Entre ellas, se cuentan las
derivadas de una protesta de jornaleros agrícolas en el norteño estado de Baja
California, que trabajan en condiciones de esclavitud, y las movilizaciones de
maestros durante el proceso electoral de junio en el sureño estado de Oaxaca y
en el suroccidental Guerrero, en las que dos manifestantes fueron asesinados.
Para Cerezo, la desaparición
de los normalistas de Ayotzinapa se enmarca en esta estrategia de control
social.
«No se explicaría la
brutalidad, la dimensión de la agresión y que el gobierno haya asumido tanto
costo político solamente por un asunto de drogas. Es una desaparición
‘ejemplificante’ para el movimiento de derechos humanos y el movimiento social»,
insistió.
En todo caso, el brutal
ataque a los estudiantes ha puesto en evidencia la gravedad de la crisis de
derechos humanos en México.
Investigaciones
periodísticas documentaron este año al menos 80 ejecuciones extrajudiciales
cometidas por el ejército y la Policía Federal en tres supuestos combates con
grupos del crimen organizado, en los estados de México y Michoacán.
En Iguala, las brigadas de
civiles que salieron a buscar a sus familiares en los cerros localizaron 104
cuerpos en fosas clandestinas, aunque solo nueve han sido identificados.
«No es solo Ayotzinapa, así
está todo el país» dijo a IPS una de las brigadistas, Graciela Pérez, quien
busca a su hija desaparecida hace tres años en una zona del sur de Tamaulipas
(a 750 kilómetros al norte de Iguala), donde ella sola documentó la ubicación
de 50 fosas clandestinas entre enero y febrero de este año.
La crisis forzó una visita
in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada
por organizaciones de derechos humanos, que se realizará del 28 de septiembre
al 2 de octubre.
Además, en el Congreso legislativo hay están en espera de
discusión cuatro iniciativas para una Ley General de Desaparición Forzada, que
permita tipificar el delito.
«La desaparición forzada de
un grupo grande de personas, integrantes de un movimiento social, es la primera
en su tipo en el México contemporáneo», dice el informe del Comité Cerezo, en
referencia a la desaparición de los estudiantes.
Los padres de los
normalistas desaparecidos en Iguala iniciaron este miércoles 23 un ayuno de 43
horas, un día antes de ser recibidos por el presidente, mientras sábado 26 está
convocada una mega marcha en la capital mexicana, en demanda de que aparezcan y
se esclarezca el caso.
Editado por Estrella
Gutiérrez.
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