Despreciados por los medios nacionales, quienes sólo lo registraron sin su contextualización, se trata de minimizar el que un grupo de activistas, académicos e intelectuales tienen lista la demanda a presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente de México, Felipe Calderón, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, debido a que su estrategia contra el narcotráfico «ha dejado más de 50,000 muertes».
En el documento se pide también un juicio penal contra el capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, «el Chapo», y otros narcotraficantes, así como contra ministros militares y civiles por daños a la sociedad mexicana y los derechos humanos. Entre los firmantes hay personalidades de amplia fama por su solvencia intelectual y ética.
La demanda remonta sus argumentaciones contra Felipe Calderón desde el inicio de «una guerra» contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006 y que como resultado de ello «México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50,000 muertos, 230,000 desplazados, 10,000 desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados».
Los promotores de la queja informaron que la denuncia será presentada al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, el próximo 25 de mayo y está respaldada por unas 20,000 firmas ciudadanas, «lo que convierte la demanda en la más grande que haya recibido La Haya en su historia».
Otro de los promotores afirmó que «existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado.
«Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes (...) son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana», indicó, según consigna en su nota informativa El Universal de la ciudad de México.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) John Ackerman puntualizó que «es hora de que los responsables de las carnicerías» vayan a juicio.
Ackerman dijo que no es gratuito que en 2010, Felipe Calderón «se desmarcó de la palabra 'guerra' para referirse al combate al narcotráfico, porque sabe las implicaciones que eso tiene en el derecho internacional, que puede ser llevado a juicio».
Sostienen —los firmantes— en su denuncia que esta situación se debe por igual «a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el 8 por ciento investigados. La falta de autonomía de la PGR y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.
«Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Es tan evidente que se trata de una política del gobierno panista – concebida desde Washington – que incluso se ha comenzado a legislar para convertirlas en una obligación a cargo de las autoridades».
Entre otros que ya se han adherido a la denuncia firman John Mill Ackerman, del IIJ de la UNAM, Manuel Fuentes, de Anad; José Rosario Marroquín, del Centro Prodh, Julio Scherer Ibarra; Rafael Barajas El Fisgón; Octavio Rodríguez Araujo, el productor de cine y televisión Epigmenio Ibarra y el especialista en seguridad nacional y narcotráfico Edgardo Buscaglia, investigador de la ONU, entre 20 mil firmas más.
Es claro que sobre el explosivo anuncio se ha tendido un manto de humo, pero los intelectuales que estuvieron en la rueda de prensa que anunció la acción, son de reconocida solvencia ciudadana.
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