Por Rubén Martín/Emilio Godoy/Rodrigo Borja
Tras la aprobación hace
un año de la reforma laboral, y en lo que va del año en curso la educativa,
hacendaria, financiera, y finalmente la reforma energética, con mucho esta
última la joya de la corona, la más deseada y apetecida por el capital externo.
Y no es para menos.
Tal como fue aprobada
la iniciativa de Peña Nieto en torno a la reforma energética, las
modificaciones constitucionales a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política del país, los recursos energéticos mexicanos se convertirán en un
negocio jugoso para los gigantes de las empresas energéticas.
No en balde el pasado 7
de noviembre Financial Times dijo
que, tras una reforma hacendaria que supuestamente satisfizo a la izquierda
populista, el gobierno de Peña Nieto ahora «podría pasar una liberación energética diseñada por la derecha política
para el deleite de los capitalistas», en un artículo firmado por John Paul Rathbone yJude Webber en la ciudad de México. Como suele ocurrir en otros debates, la prensa
económica internacional llama a las cosas por su nombre, sin enmascararlas,
como hace buena parte de la prensa nacional y el gobierno de Peña Nieto.
¿Qué significa una
reforma para «deleite de los capitalistas»? Para empezar modificar el marco
legal mexicano, tanto la Constitución del país como la legislación secundaria,
con lo que de facto se quitará el monopolio de explotación que la Nación tiene
de sus recursos energéticos.
Es asombroso lo que la
eliminación o adición de unas pocas palabras acarreará al país. El artículo 27
vigente dice así: «Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno
sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán
concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y
la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que
señale la Ley Reglamentaria respectiva».
La reforma aprobada y lista
para su pubñicacion por Peña Nieto propone: «Tratándose del petróleo y de los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones
y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará
a cabo las explotaciones de esos productos».
Como se ve, se
desaparecen las palabras «ni contratos» del actual artículo 27. Con esto se
abren de par en par las puertas para que las empresas privadas, especialmente
extranjeras, ingresen al país a buscar jugosos contratos con el gobierno
mexicano para intervenir en áreas que hasta ahora les estaban vedadas.
El volumen del negocio
al que esperan ingresar las empresas privadas es enorme. Puede que el cálculo
que hizo Andrés Manuel López Obrador, de un negocio anual de 100 mil millones
de dólares (mdd) sea exagerado, pero no está lejos de los 62,000 mdd que el
director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, declaró a los diputados la semana
pasada. Incluso la cifra más «conservadora» de una inversión anual de 50,000
mdd, prevista por Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), es un extraordinario negocio «para deleite de
los capitalistas», pero no para beneficio de la sociedad mexicana, como
insistentemente advierten las izquierdas.
Cabe señalar que
instituciones financieras internacionales aplaudieron la reforma y auguraron buenos
tiempos.
Requiere más y mejor regulación
Ahora
que México está por abrir el negocio de los hidrocarburos a las
transnacionales, necesita fortalecer la institucionalidad con regulaciones que
obliguen a los actores privados a buenas prácticas para evitar problemas como
los derrames petroleros, y que sancionen las negligencias.
Las
dos cámaras del Congreso legislativo mexicano aprobaron el 10 y el
11 de este mes la reforma constitucional que abre a inversores privados,
locales y extranjeros, la exploración, extracción, refinación, transporte,
distribución y venta de hidrocarburos. Una decisión que desmantela las bases de
la nacionalización de la industria vigente desde 1938.
«Es
una buena oportunidad para el Estado mexicano de construir un marco regulatorio
robusto y, sobre todo, acumular una capacidad de sanción ante conductas
oportunistas o negligencia», dijo a IPS el académico José del Tronco, de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales.
Para el experto, la intensificación de la extracción de
hidrocarburos requiere más prevención de riesgos y que las empresas incorporen
el costo ambiental y humano de sus actividades.
Las dos cámaras aprobaron la reforma de los artículos 25,
27 y 28 de la Constitución, para facultar al gobierno a firmar con particulares
contratos de servicios, de producción y renta compartidas.
También habilitan al Ejecutivo a otorgar licencias o
concesiones para la exploración y explotación de bloques petroleros, mecanismo
utilizado en países como Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Perú.
Además, las corporaciones
podrán almacenar, transportar y vender productos petrolíferos, con lo cual se
rompe el monopolio de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que es también desde hace tiempo un actor transnacional del
sector.
Pero Pemex será una contratista más y no mantendrá el
control de la actividad y los contratos con nuevas operadoras, que estarán a
cargo de la Secretaría de Energía.
El marco regulatorio, planteó Tronco, tiene que ser muy
diferente a cuando solo había que controlar a un grupo, regido por reglas
locales. Múltiples operadores participarán en múltiples actividades y los
controles se dificultarán sin reglas fuertes y que tengan en cuenta las leyes
internacionales en la materia.
En caso de que Pemex supuestamente incumpla un contrato,
las compañías operadoras podrán recurrir a organismos internacionales de arbitraje,
como paneles del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco
Mundial.
Los alcances totales de la reforma se definirán en las
leyes secundarias que deberán elaborar los legisladores en los próximos meses y
en reglamentos a cargo del gobierno.
La reforma obtuvo en un tiempo récord de 80 horas los
avales de los parlamentos de al menos 17 de los 31 estados de este país,
necesarios para obtener su rango constitucional. Ahora ha vuelto al
Congreso para su ratificación final, antes de que el presidente Enrique Peña
Nieto la promulgue.
«Las
experiencias internacionales no son nada alentadoras. Es solo abrir el negocio,
pero no está claro cómo queda el beneficio de la población», dijo a IPS el
director de Comunicación de Greenpeace México, Raúl Estrada.
«Se asegura que va a atraer inversión, esa
inversión se va a gastar en los efectos secundarios de la reforma», como
derrames y contaminación, abundó.
La reforma tensó el ambiente político. Las dos fuerzas de
la izquierda parlamentaria, el Partido de la Revolución Democrática y el
Movimiento de Regeneración Nacional, la rechazan por considerar que privatiza
Pemex y entrega el petróleo a empresas extranjeras.
Ambos se proponen interponer amparos contra la reforma y
organizar un referendo en 2015, con base en la Ley Federal de Consulta Popular
aprobada el 11 de este mes.
En el Senado la reforma obtuvo 95 votos a favor y 28 en
contra. En la cámara baja los votos favorables fueron 354 y los contrarios
134.
Las dos fuerzas tradicionales, el gobernante Partido
Revolucionario Institucional y el opositor Partido de Acción Nacional, la
apoyaron, junto con dos grupos minoritarios, el Verde Ecologista y Nueva
Alianza.
El gobierno asegura que la producción de crudo pasará de
los actuales 2,5 millones de barriles diarios a tres millones en 2018 y a 3.5
millones en 2025. En gas natural, se pasará de 5,700 millones de pies cúbicos
diarios a 8,000 millones en 2018 y a 10,400 millones en 2025.
Asimismo, promete que incrementará en uno por ciento el
producto interno bruto para 2018 y en dos por ciento para 2025, al tiempo que
generará 500,000 nuevos empleos en los próximos cuatro años y 2.5 millones en
algo más de una década.
Los terrenos susceptibles de nuevas regulaciones serían
la exploración y explotación de yacimientos a profundidades superiores a los 1,500
metros y los campos de gas de esquisto, en los cuales Pemex trabaja desde 2010
con escasos resultados.
Luego del derrame de
petróleo de la plataforma Deepwater Horizon, en abril de 2010 en aguas
estadounidenses del Golfo de México, la estatal Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) puso en marcha las Disposiciones administrativas en materia de seguridad
industrial en aguas profundas, para prevenir ese tipo de
ecocidios.
Las regulaciones incluyen la evaluación de planes de
contingencia y la contratación de un seguro contra accidentes. Pero la reforma
implica revisar esas acciones para abarcar a empresas privadas.
«No hay seguridad de que el Estado sea más riguroso con
Pemex respecto de lo que puede ser con empresas privadas. ¿Es más probable que
se metan con Pemex o con Exxon?», se preguntó retóricamente Tronco.
«¿Tenemos la capacidad como para ejercer justicia en
cualquiera de los ámbitos, para empresas estatales o privadas? Si no la
tenemos, debemos empezar a construirla», planteó.
El gobierno estadounidense no
aplica por completo las nuevas normas de seguridad industrial y protección
ambiental creadas luego del desastre de 2010.
«Tenemos muchísimos ejemplos de cómo se viola la ley.
¿Cómo se traduce la reforma en políticas públicas, presupuesto, transparencia,
seguimiento y control sobre el uso de los recursos y objetivos logrados? Esa es
la parte trascendente para tener claro si esas reformas van a funcionar o no»,
cuestionó Estrada.
En México Greenpeace ha denunciado la conducta de
Pemex en comunidades donde hay actividad petrolera. Este tipo de conflictos se
agudizarían con la entrada de empresas privadas.
La reforma crea la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y Protección al Medio Ambiente, que fijará estándares para la
industria. Hay dudas de si duplicará labores y competencias de la CNH, la
Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente.
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