Por Emilio Godoy
MÉXICO,
D.F. (IPS) - La detención de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del Cártel del
Pacífico, no alterará la dinámica del tráfico de drogas en México, pero ofrece la
oportunidad de transformar la política contra este delito, coinciden expertos
consultados por IPS.
El
organigrama del Cártel de Sinaloa, ahora del Pacífico, «refleja la debilidad
del Estado mexicano», analizó Edgardo Buscaglia, presidente del no gubernamental Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia.
En Sinaloa, estado del noroccidente de México, tenía su
centro de operaciones el narcotraficante más buscado del mundo, hasta su
captura en la madrugada del sábado 22.
A juicio de Buscaglia, los dos anteriores gobiernos, del
derechista Partido de Acción Nacional (PAN), «sólo desarmaron grupos
reticulares del poder, sin reemplazarlos» por una adecuada presencia del
Estado.
Para lograrlo, se necesita «la investigación patrimonial»
de la red empresarial y política que permitió en primer lugar la expansión del
Cártel de Sinaloa, dijo Buscaglia.
El Cártel del Pacífico es el más poderoso que opera en
México y se disputa con al menos otras siete agrupaciones delictivas la
producción, el traslado y el contrabando de drogas ilícitas hacia el gran
mercado estadounidense.
Efectivos de la marina mexicana detuvieron a Guzmán, de
56 años, en un edificio de apartamentos en la turística y portuaria ciudad
de Mazatlán, gracias a información compartida por la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Guzmán ya había sido capturado en Guatemala en 1993, pero
tras su extradición y encarcelamiento en una prisión de alta seguridad en el
occidental estado de Jalisco, se fugó en enero de 2001, durante el gobierno de
Vicente Fox (2000-2006).
Desde entonces, Guzmán, apoyado en Ismael «El Mayo»
Zambada y Juan José «El Azul» Esparragoza, construyó un imperio
narcoempresarial, con presencia en 58 países de América Latina, Europa, Asia y
África, según datos de Buscaglia y de otros especialistas en el tema.
En esa red transnacional, la organización obtiene insumos
para fabricar drogas, comprar armas, lavar dinero y crear centros de
producción, almacenamiento y distribución.
Su
reaprehensión «era previsible, porque (estos capos) se vuelven objetivos para
demostrar que en México existe el Estado de derecho», consideró Javier Oliva,
experto en seguridad nacional y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la pública
Universidad Nacional Autónoma de México.
En el pasado sexenio, presidido por Felipe Calderón
(2006-2012), «hubo
rivalidades en el gabinete. Ahora la coordinación es notablemente mayor y hay
una línea de continuidad, porque las Fuerzas Armadas siguen estando al frente
de la lucha», analizó.
Cuando asumió el cargo, en diciembre de 2012, el
presidente Enrique Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional
(PRI), prometió un nuevo enfoque de seguridad, para diferenciarse del legado de
su antecesor Calderón, cuya guerra contra las drogas dejó más de 100,000
muertos.
La diferencia ha sido de matices, pues Peña Nieto ha
mantenido a los militares en el frente de la lucha contra los cárteles y la
caza de sus capos.
En julio de 2013, fuerzas gubernamentales aprehendieron a
Miguel Ángel Treviño «El Z-40», líder de Los Zetas, la banda fundada a inicios
de la primera década del siglo por ex miembros de cuerpos de élite del ejército
mexicano.
La violencia amainó un poco, aunque también obedece a la
menor estridencia de su manejo por la opinión pública.
En
2013, se reportaron 34,648 homicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, mientras que en 2012 la cifra fue de 38,052 muertes violentas.
Para evitar escándalos como su fuga de 2001, Guzmán
podría ser extraditado a Estados Unidos, cuyo gobierno ofrecía cinco millones
de dólares por su captura y donde afronta acusaciones de tráfico de drogas y
lavado de capitales.
La aprensión de Guzmán se produjo tan sólo dos días
después de la llamada «Cumbre de los Tres Amigos» entre los gobernantes de
Canadá, Stephen Harper, de Estados Unidos, Barack Obama, y Peña Nieto, en la
mexicana ciudad de Toluca para celebrar los 20 años del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
«Cuando el Estado autoritario se desarma, queda un vacío
de Estado. Eso hace que la delincuencia organizada adquiera más poder. Los
grupos mexicanos se beneficiaron de esos vacíos», apuntó Buscaglia.
Para el autor del libro «Vacíos de poder en México», «esa
transición continúa y esos vacíos siguen sin llenarse. Llenando esos vacíos, es
difícil que surjan personajes como Guzmán».
El experto considera que el gran desafío es regular la
producción de drogas y quitar los incentivos a la fabricación de sustancias
tóxicas, en una situación contrastante, con un mercado sobrerregulado, el
estadounidense, y otro muy poco normado, el mexicano.
«Se resuelve
regulando mejor los mercados. Si se deshace la oportunidad de hacer dinero, se
deshace la influencia de los grupos delincuenciales», planteó al defender la
despenalización de sustancias como la marihuana (cannabis).
Desde que se lanzó la guerra militar contra las drogas en
2006, Fuerzas Armadas ejecutaron a varios dirigentes del narcotráfico: Arturo
Beltrán Leyva, en 2009, Ignacio Coronel, una figura cercana a Guzmán, en 2010,
y Antonio Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo, ese mismo año.
La revista estadounidense Forbes estimó la fortuna de Guzmán, en cuya lista de
multimillonarios figuró entre 2009 y 2012, en unos 3,000 millones de dólares.
Para Oliva, la recaptura ofrece «la oportunidad para
hacer prevención sobre el uso de las drogas y una pedagogía en el sentido de
concienciar sobre que quien entra en esa actividad termina mal, muerto o
detenido».
El
portal Historias del Narco especula con que Dámaso
López Jr., apodado «El Mini Lic» y ahijado de Guzmán, ocuparía su sitio.
Oriundo también de Sinaloa, López fue calificado por el Departamento de
Justicia de Estados Unidos como «su brazo derecho» y encabeza una
banda de jóvenes conocida en redes sociales como «Grupo Ántrax» o «Los Ántrax».
Luego de la detención de
Guzmán, Phil Jordan, exdirector de inteligencia de la DEA en El Paso, ciudad
fronteriza de Estados Unidos con México, se mostró sorprendido, porque según su
versión el capo capturado financió la campaña electoral de Peña Nieto.
La declaración hecha a la cadena de televisión
estadounidense Univisión compromete a la DEA sobre su conocimiento de los
presuntos vínculos entre las organizaciones criminales y las dirigencias
políticas mexicanas.
«Está documentado en pasadas campañas del PRI. ‘El
Chapo’, Rafael Caro Quintero, del desaparecido Cártel de Guadalajara, todos
daban dinero a quien aspirara a la Presidencia. No tengo los documentos, pero
hay informes de inteligencia que señalan que el cártel de ‘El Chapo’ está muy
involucrado con la política», dijo Jordan.
¿Por qué entonces lo detuvo el gobierno de Peña Nieto? «Algo
salió mal entre el PRI y ‘El Chapo’ Guzmán», especuló. Y tampoco descartó que
el capo hubiera negociado su captura.
Ninguno de los dos gobiernos se ha pronunciado hasta
ahora sobre lo dicho por Jordan.
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