20 preguntas a Laura Carlsen

En la guerra de Calderón, las mujeres pagan doble: Carlsen

Por Luis Villagrana

Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional, con sede en México, advierte que en medio del intento de los gobiernos municipal, estatal y federal, por justificar su estrategia contra el narco, que ha dejado alrededor de 50 mil muertos, se ha desplegado una campaña contra los activistas de derechos humanos, pero de forma especial, contra las defensoras y sus familias. Con una maestría en la Universidad de Stanford y periodista por convicción, Carlsen amplía su análisis de la realidad y dice que en la guerra calderonista son las mujeres las que pagan doble porque además de la violencia física que han padecido, son victimizadas por causas sexistas.

1.

—Pasada las campañas mediáticas de los gobiernos estatal y federal para posicionarse como mejores gobiernos y justificar sus logros en el combate a la delincuencia, ¿qué queda para la reflexión?

—México enfrenta una fuerte crisis humanitaria, y en materia de derechos humanos. Más de cincuenta mil muertos es el saldo de la “guerra contra el narco” del presidente Felipe Calderón, en casi seis años. Miles más han sido desplazados, heridos, desaparecidos o quedado huérfanos.

2.

—Sin embargo la constante de las autoridades es a declarar que es su deber combatir la violencia, incluso, un sector amplio de la población apoya las acciones gubernamentales, ¿qué dice a esto?

—La sociedad mexicana se divide entre los que desde el miedo respaldan a la ofensiva militar para enfrentar el caos, y los que creen que esta ofensiva es por lo menos en parte, la causa del caos. El gobierno calderonista, con el apoyo financiero y político del gobierno de los Estados Unidos, rechaza cualquier crítica o alternativa a la guerra, a pesar de que el costo político del fracaso podría ser muy alto en las elecciones presidenciales de 2012.

3.

—¿Puede hablarse de resultados trascendentes?

—La crisis de la violencia ha dejado a la vista una crisis más profunda y más arraigada, que es la crisis institucional. Mientras se cometen miles de crímenes en el contexto de la guerra y los conflictos entre los cárteles de la droga, el sistema de justicia no logra llevar a sentencia a los culpables en la gran mayoría de los casos. La corrupción, siempre presente, ahora amenaza con sabotear cualquier intento para controlar la situación.

4.

—Ya han surgido grupos que reclaman al gobierno, pero dialogan con él, ¿no será ese el camino de las soluciones?

—Aunque ahora existe un movimiento para la paz en el país que busca justicia para los y las victimas, dialoga con el gobierno, y exige un fin a la guerra, el número de nuevos casos de violaciones de derechos humanos supera por mucho su capacidad de atenderlos.

5.

—¿En esta guerra cuál ha sido el costo que han pagado las defensoras de los derechos humanos?

—Los aspectos de género en esta crisis no son visibilizados, a pesar del enorme incremento en la violencia sexual. Las mujeres siguen siendo una proporción relativamente pequeña de las víctimas, sin embargo, son la mayoría de las personas que denuncian, que buscan justicia por la pérdida de sus seres queridos. Estas defensoras se vuelvan blancos, sin efectivas medidas de protección ni apoyo. En sus casos, como en todos, la falta de voluntad política y capacidad institucional es el contexto en que crece la impunidad.

6.

—Recientemente el gobernador lanzó críticas muy duras contra las y los activistas, a los que calificó de hacer “negocio” con la situación de violencia, ¿cuál es la situación actual de las defensoras?

—El sistema de la administración de justicia deja impune el 98% de los delitos cometidos, incluyendo los que no se reportan por la falta de confianza en el sistema de justicia, los que no están investigados por las autoridades, y los que no llegan a una condena efectiva. Esta situación propicia la comisión de crímenes políticos, del crimen organizado, de delincuencia común y de género, sin acceso a la justicia, sin castigos y sin transparencia.

7.

—¿En medio de esto es peor para las mujeres?

—La situación es peor aún para las mujeres debido a los sesgos discriminatorios por sexo, clase, etnia y edad. A la discriminación se suma la falta real de recursos para dar respuesta a las violaciones a derechos humanos.

8.

—Aunque la violencia de género ha sido más aguda en otras etapas, por ejemplo en los años 90, ahora es menor ¿no?

—Un antecedente importante es el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciados desde el año 1993, caso emblemático, tanto por tratarse de crímenes de género con características comunes de tortura y violencia sexual extremas, como por ser un ejemplo del grave problema de impunidad en México por la falta de voluntad política para investigar y resolver los feminicidios.

9.

—Aquí —como en otras partes— ya ha atenido algunas recomendaciones ¿cree que va en el camino correcto?

—En este caso y otros, el gobierno mexicano ha profundizado una manera sofisticada de incumplir sus obligaciones en derechos humano (la simulación) en que realiza acciones formales que publicita desproporcionadamente con el fin de aparentar cumplir con sus obligaciones, tanto internacionales como nacionales, pero en realidad esas acciones no se traducen en un cambio sustantivo de la realidad que mantiene violaciones graves a los derechos humanos.

10.

— ¿Puede decirse que ahora la violencia de género se sumó —sin solución—  a una violencia generalizada por el narcotráfico?

—A partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón y promovido por el gobierno de los Estados Unidos, con el despliegue de unos 45 mil miembros de las fuerzas armadas en las calles, la violencia ha aumentado a niveles alarmantes: 50 mil homicidios y miles de desplazados y desaparecidos. El registro de quejas de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad se ha aumentado en 600 por ciento.

11.

—Ya no hay presencia importante del Ejército, ¿ayuda esto o es igual?

—La estrategia sigue siendo militarizada, aunque no haya soldados. La militarización presenta nuevas amenazas y riesgos adicionales a mujeres defensoras de derechos humanos, sobre todo en regiones indígenas, aquí, en el norte del país y en otras zonas de conflicto agudo. Se han denunciado múltiples casos de violación sexual, abuso y asesinato atribuidos a las fuerzas armadas, además de asesinatos y abusos atribuidos a los cárteles de la droga.

12.

—En el contexto de la ofensiva lanzada por el gobernador, César Duarte, ¿qué condiciones de riesgo enfrentan las defensoras de los derechos humanos?

—Las defensoras de derechos humanos en México enfrentan condiciones de amenazas y grave riesgo para llevar a cabo su trabajo y sostener su seguridad e integridad personal. Los responsables principales de tales agresiones son el Estado con sus autoridades y fuerzas de seguridad, los grupos conservadores, los medios de comunicación y los grupos criminales.

13.

— ¿Cuál ha sido la reacción frente a estos peligros?

            —Los desafíos para la protección de las defensoras implican garantizar su seguridad inmediata a través de sus propias redes sociales y civiles —pues no es posible confiar para ello en las instancias públicas y del Estado— y, al mismo tiempo, exigir y fortalecer el Estado democrático y de derecho para que cumpla con sus obligaciones de garantizar la integridad y la seguridad de los y las defensoras.

14.

—Denuncias de agresión contra ellas las hay, pero ¿qué papel juega la impunidad?

—A la falta de debida investigación de los casos de violaciones a derechos humanos y de amenazas y violaciones a derechos de las propias defensoras, se suma que no hay sanción, ni reparación alguna por los daños, ni programas de prevención.

15.

—Esto dispara los ataques en contra de estas organizaciones ¿no?

—Estos hechos, bajo la responsabilidad de las autoridades, sostiene que particulares —ya sean empresas, crimen organizados o personas conocidas— continúen e incrementen la violencia contra las mujeres y las defensoras, en clara colusión con las autoridades.

16.

—¿Esta situación limita el impacto social del trabajo de las defensoras?

            —Para realizar el trabajo de las defensoras de derechos humanos con mayor seguridad y eficacia, es urgente poner fin a la impunidad, pues sostiene la cadena de violencia contra ellas por exigir justicia y, muchas veces se extiende contra las familias de las víctimas y de ellas.

17.

—Estos organismos han recurrido muy poco a la movilización social para protegerse, ¿no es efectivo este recurso?

            —En alarmante contrapartida de la impunidad de las violaciones de derechos humanas y contra defensoras, se ha incrementado el uso del sistema de procuración y administración de justicia para criminalizar la movilización social y el trabajo de muchas defensoras y defensores de derechos humanos para reprimirlos.

18.

—Ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ¿esto prueba que no mienten o que exageran?

—La CIDH ha sido clara en varias de sus sentencias contra México en afirmar que si existe violencia contra las mujeres, es porque el Estado mexicano a través de sus autoridades, sostiene una cultura de discriminación contra las mujeres. Esta discriminación se exacerba contra mujeres indígenas, jóvenes, migrantes, pobres, lesbianas y contra aquellas que exigen justicia. También sobresalen mayores ataques contra aquellas defensoras que defienden derechos de las mujeres ligados a su sexualidad y reproducción. Aquellas que promueven el derecho a decidir libremente la maternidad y las que defienden a mujeres encarceladas por abortar están siendo atacadas de manera grave por grupos conservadores, así como aquellas que defienden los derechos a la diversidad sexual. La discriminación está presente todavía en leyes y reglamentos, pero sobre todo en prácticas que las autoridades realizan y que tienen por resultado la falta de acceso a la justicia y la preservación de una cultura misógina.

19.

—El gobierno federal tiene sus instancias que promueven los derechos humanos, ¿es una simulación lo que hacen en ellas?

—La situación actual de militarización de amplias zonas del país, así como de vacío del Estado en otras, deja en claro que las acciones realizadas sobre derechos humanos son aisladas, no se coordinan entre los tres niveles de gobierno, ni entre las diversas instancias y poderes. La ciudadanía poco conoce sus derechos y el funcionamiento de las instituciones para hacerlos valer, socialmente hay poca promoción y apoyo a los derechos humanos; peor aún, existe una campaña desde el poder para vincular el trabajo de las y los defensores de derechos humanos a la protección de la delincuencia. Las pocas garantías que se han construido desde las autoridades para dar protección a quienes defienden los derechos humanos, como las medidas cautelares, son inútiles pues no hay presupuesto para implementarlas, y no se coordinan las instituciones para realizarlas.

20.

—Ciudad Juárez ha sido emblemática en violaciones, ¿los han documentado?

—Casos hay muchos, los emblemáticos son los de Josefina Reyes: dirigente social del Valle de Juárez, Chihuahua que luchó por la paz y denunció violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas enviadas a la zona como parte de la guerra contra el narcotráfico. Fue asesinada el 3 de enero de 2010. Después del asesinato, su familia seguía con su trabajo y buscando justicia; varias personas de su familia han sufrido amenazas, agresiones e incluso han sido asesinados: Rubén Reyes (asesinado previamente); María Magdalena Reyes, Elías Reyes y Luisa Órnelas (asesinados en febrero de 2011); Sara Salazar y Saúl Reyes (madre y hermano de Josefina) y un sobrino suyo recibieron amenazas y la quema de su vivienda. Ninguno de los crímenes ha sido resuelto.

«También los de Marisela Escobedo. En agosto de 2008 la hija de Marisela, Rubí Frayre desapareció. Después de averiguaciones por parte de la familia, encontraron sus restos y el culpable, su pareja, Sergio Barraza, quien confesó al crimen. Los jueces estatales lo dejaron libre. Después de la indignación pública, fue sentenciado pero ya se encontraba prófugo. Marisela nunca dejó de exigir justicia y el 16 de diciembre, protestando frente a las oficinas estatales en la capital de Chihuahua ella fue asesinada con un tiro a la cabeza. El crimen no ha sido resuelto.»