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miércoles, 21 de agosto de 2013

Michoacán, ejemplo del Estado fallido

 
Por Rodrigo Borja
   El Estado de Tamaulipas, ha sido el escenario de los dos grandes golpes contra el narcotráfico del Gobierno de Enrique Peña Nieto. La detención del Miguel Ángel Treviño Morales (Z-40)  líder de Los Zetas, hace un mes, y la de Mario Armando Ramírez Treviño jefe del cártel del Golfo, el sábado pasado, se firmaron en el norte, pero la atención del país hace meses que está puesta en otros dos estados, convertidos en un polvorín armado: Tamaulipas y Guerrero, más grave en el primero.
            La violencia y el desgobierno se sintetizan en Michoacán y Guerrero, sumidos en una profunda crisis política incapaz de hacer frente a la lucha sangrienta de los cárteles. En medio de ambos, entre montañas, se extiende Tierra Caliente, un área regada de cultivos de amapola y marihuana, feudo original del cartel de los Caballeros Templarios en disputa por otros grupos criminales. Solo este fin de semana, las autoridades cuentan más de 20 cadáveres hallados en la zona, datos recogidos por la prensa nacional e incluso la internacional como El País de España.
            Ante la ausencia de un poder político fuerte, recordemos que en el estado de Michoacán, su gobernador tiene meses con licencia por enfermedad y la hasta ahora incapacidad del gobierno federal por devolver la paz, la población de numerosos municipios y comunidades indígenas también ha dicho basta. Los grupos de autodefensa se han multiplicado en los últimos meses. Pertrechados con armas de alto calibre, custodian municipios sin ley de los que hasta las autoridades se han retirado. Las autodefensas se organizan por grupos de vigilancia y convierten las comunidades en fuertes impenetrables para mantener a raya a los criminales, y en este rubro no pocos manejan tanto a narcotraficantes como autoridades federales.
         Exilio masivo
            El periodista Juan Diego Quezada, relata: «A finales de julio, en otro fin de semana salpicado de muertos, fue asesinado en un ataque muy confuso en Michoacán el vicealmirante Carlos Miguel Salazar, el mando de mayor jerarquía de la Marina fallecido por un ataque del crimen organizado.
            «La población de las zonas rurales, las que más sufren el asedio del narcotráfico, abandona sus viviendas en un exilio masivo que ya toca a cientos de familias o se posiciona del lado de los grupos de autodefensa. La ausencia de detenciones de capos y narcotraficantes enfurece a las comunidades que llevan años pagando cuotas a los criminales como forma de extorsión.
            «El último golpe del Ejército (...),ha contribuido a elevar la tensión en la zona. Los militares desarticularon por primera vez una de estas guardias comunitarias en Aquila (Michoacán) y detuvieron a 41 comuneros. Grupos de autodefensa de otras comunidades ya han anunciado el cierre de carreteras y marchas para exigir al gobierno federal la liberación de los detenidos. Mientras los narcotraficantes no caen en Tierra Caliente, los frentes armados se multiplican».
«Hay zonas de Michoacán en guerra»
La diputada Selene Vázquez, fue entrevistada por la periodista Inés Santaeulalia y dejó en claro la gravedad de la situación: En medio del polvorín en que se ha convertido el estado de Michoacán, la diputada local Selene Vázquez ha alzado la voz para denunciar la situación de ingobernabilidad y violencia de la zona y para abogar por las guardias comunitarias. «Estos grupos, muchas veces fuertemente armados, se han organizado entre la población desde hace meses para vigilar sus comunidades y mantener a raya el asedio, la violencia y la extorsión del crimen organizado. Vázquez asegura que viven en un “estado de sitio” y que si no van armados ´saben que ese día pueden no volver´. Sobre el número de muertos en el estado, la diputada de izquierdas dice que ya se ha perdido la cuenta».
Pregunta. ¿Cómo definiría la situación de Michoacán?
Respuesta. Hay zonas que están en situación de guerra. La población sabe que si no van armados, ese día pueden no volver. Hay un estado de sitio, en las comunidades en las que se han organizado para resguardarse no pueden salir. Los grupos criminales están dando cuenta de la dificultad del Estado para cumplir su labor y son los comunitarios los que cumplen las labores que las autoridades debieran hacer. En gran parte de Michoacán hay un estado de excepción y en todo el territorio hay una oleada del crimen organizado, hay secuestro y cobros de cuotas [del narco a la población].
P. ¿Cuál es el papel que juegan las autodefensas?
R. Yo he recorrido muchas comunidades indígenas con guardias comunitarias y la gente es amistosa. Con franqueza los veo hasta contentos, porque aunque no duermen para hacer labores de vigilancia y están preocupados, al fin están liberados de la extorsión y del robo descarado [de los criminales]. Los delitos de secuestro en esas comunidades no existen desde hace seis meses. Están encerrados pero liberados.
P. Hay rumores sobre quién pueda estar tras algunos de estos grupos. ¿Cree que todas son auténticas?
R. Yo creo que todos son auténticos, pero hay algunos más fuertes que otros. Los que logran la cohesión de toda la población están más tranquilos. Hay otras comunidades en donde hay disputas entre ellos y eso debilita el proceso. Luego está La Ruana, es una comunidad que veo muy fuerte, pero ahí los alzados son los pobres, los ricos no le entran.
P. ¿Cree que es lícito que usen armas?
R. Ese es el punto. Defenderse es lícito. Las armas causan muchos problemas y entrañan un riesgo, pero los criminales están fuertemente armados y no les pueden entrar con pistolitas. En Michoacán la gente siempre ha usado armas registradas para cazar o por seguridad, pero efectivamente ahora muchos tienen armas no permitidas. Las tienen porque se las han decomisado a los Caballeros Templarios. Hay que decir que las autodefensas muchas veces han colaborado con las autoridades y les han señalado lugares que permanecen ocultos. La gente ha sido honesta y en los pueblitos donde hay laboratorios [de droga] le han abierto el paso a la autoridad. La mayoría de los michoacanos están armados. Es un asunto de guerra, y en la guerra no miras con qué pistola te matan. En la guerra todo se vale.
P. ¿El Gobierno federal está haciendo todo lo que puede en la zona?
R. No, siempre podría hacer más. En Michoacán estamos militarizados desde la época de [el ex presidente] Felipe Calderón. El punto de las guardias comunitarias es que llaman a los militares cuando hay una emergencia pero están un tiempo y se van. Los vuelven a dejar a merced de estos señores. Solo van de paso.
P. Muchos comuneros denuncian que los políticos municipales protegen a los narcos, ¿cree que es verdad?
R. Sí, pero no solo en Michoacán. No lo digo solo yo, hubo denuncias del PAN y del PRD en el sentido de la clara participación de los grupos criminales en favor del PRI. En las elecciones pasadas, aunque ya casi no se diga, hubo renuncias de candidatos por amenazas en todos los partidos.
P. Es la primera política que defiende abiertamente las autodefensas, ¿tiene miedo?
R. No sé vivir con miedo y tampoco quiero. No le debo nada a nadie, no le he hecho daño a nadie. He tratado de vivir mi vida de manera correcta, y una de las maneras correctas de vivir es decir lo que se piensa, sino no tiene sentido estar en la política. Cualquier funcionario público que piense más en cuidarse en lo particular que en generar beneficio, que no se dedique a la política. La política es en función de los demás
P. ¿Ha recibido amenazas?
R. Nunca.
«Estamos olvidados en algún lugar que también es México»
Inés Santaeulalia relata: «El miedo por la violencia que sufre el estado mexicano de Michoacán, (..), viajó este miércoles a la capital. Con los rostros escondidos tras un pañuelo, seis hombres y una mujer de forma anónima exigieron ayuda al gobierno de Peña Nieto. «Secretario Osorio Chong, no nos distinga porque no tenemos preparación, porque nuestro color no es el de ustedes. Por favor, a ver si alguien puede voltear a vernos», dijo al micrófono la mujer.
            Son representantes de cuatro comunidades purépechas y dicen que «en sus tierras no hay más autoridad que ellos y su gente, organizados en grupos de ciudadanos desarmados que vigilan los caminos y los accesos. La policía municipal, a la que acusan de estar coludida con el crimen organizado, ya no se acerca por allí. Tampoco nadie los quiere. En la zona solo quedan unos 25 militares que dejan hacer. ´Más que ellos a nosotros, los protegemos nosotros a ellos´, cuenta uno de los comuneros en el local de la organización Centro Prodh.
            «El levantamiento dura ya siete meses y las cosechas languidecen en los campos, desatendidos por los hombres alistados en una suerte de frente popular. Los hombres rondan los caminos en turnos de 12 horas mientras las mujeres usan una misma cocina para hacer comida para todos. Los niños de la secundaria han dejado la escuela por el riesgo que supone salir de sus comunidades.´Es una pesadilla lo que estamos viviendo. Estamos olvidados en algún lugar que también es México´».
            Santaelalia dice: «Son las consecuencias de plantarle cara al narco.´A los malos, a los otros´, como ellos llaman a los carteles del narcotráfico que se disputan la zona. Las cerca de 5,000 personas que pueblan las cuatro comunidades decidieron el pasado enero negarse a pagar 2000 pesos al año (unos 160 dólares) por cada hectárea de cultivo que en nombre de un cartel les exigió un vecino de su mismo municipio. “Nos dijo que lo malo era que nos podían matar. Ahí dijimos ‘tope lo que tope’ vamos a defendernos”».

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