Por Emilio Godoy
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Algunos de los niños y niñas
que acoge
Villa Infantil Irapuato, donde se cumplen altos
estándares de
atención y cuidado. Pero otros muchos
menores acogidos en albergues en México
viven en estado
de indefensión. Crédito: Cortesía de Laura Martínez.
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MÉXICO, D.F., (IPS) - Los albergues que acogen
en México a niños y niñas huérfanos o en situación vulnerable, carecen de la
necesaria regulación y supervisión del Estado, lo que propicia que se produzcan
violaciones escandalosas de sus derechos humanos en esos centros.
«La situación es grave. No
se piensa en el interés superior del niño. Se violan sus derechos», aseguró
Laura Martínez, directora del no gubernamental Patronato Pro Hogar del Niño de
Irapuato, en la ciudad de ese nombre del central estado de Guanajuato, a unos
300 kilómetros al norte de Ciudad de México.
«No hay un censo nacional,
dónde están, quién los atiende, bajo qué metodología. Tendríamos que estar bien
regulados, bien supervisados. Las regulaciones no se cumplen y no existe
legislación al respecto», denunció a IPS.
Su albergue, conocido popularmente
como Villa Infantil Irapuato, opera desde 1969 y tiene
capacidad para atender a 40 niños y niñas huérfanos o en situación de riesgo de
entre seis y 20 años. Desde 2003 funciona con su propio protocolo de atención.
Los acogidos son remitidos por la
oficina estadual del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y se nutre con
financiamiento público y privado.
La institución funciona en
un escenario de falta de registro y legislación, normas incumplidas,
supervisión inexistente, carencia de profesionalización y de recursos
financieros, en una situación que especialistas consideran que es violatoria de
tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
En este país de 118 millones de
personas, unos 45 millones menores de 18 años, existen unos 700 centros de
acogida públicos y privados que resguardan a 30,000 de ellos. Pero la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar indica que unos
400,000 menores mexicanos carecen de tutela parental y de ellos 100,000
sobreviven en las calles.
El último escándalo con el
manejo de estas instituciones estalló el 15 de julio, cuando la Procuraduría
(fiscalía) General anunció el rescate de 596 personas, entre ellas 492 niños,
del albergue «La Gran Familia», en la ciudad de Zamora, en el occidental estado
de Michoacán. Eran víctimas de maltrato y sobrevivían en condiciones
paupérrimas.
Lo fundó en 1967 y dirigía
Rosa del Carmen Verduzco, conocida como «Mamá Rosa», a quien se catalogó de
«inimputable» por cuestiones de edad y de salud, mientras se procesa penalmente
a seis de sus colaboradores por secuestro, maltrato infantil y abusos sexuales.
El 30 de julio el centro fue clausurado definitivamente.
«El Estado tiene un retraso de 30
años en la garantía de los derechos de la infancia en políticas públicas. Nunca
ha supervisado estos establecimientos, son más bien asuntos coyunturales en los
cuales se acuerda y voltea la mirada hacia ellos», denunció Martín Pérez,
director ejecutivo de la mexicana Red por los Derechos de la Infancia.
Como el Estado no da dinero,
tampoco supervisa. «Y eso deja en indefensión a las niñas y niños. Los
albergues se convierten en una caja negra, nunca se sabe el método educativo,
los aportes o los daños», indicó Pérez a IPS.
Aunque sin las dimensiones
del caso de «Mamá Rosa», las irregularidades en los alberges que adquieren
dimensiones de noticia no son excepción.
El 17 de junio, las
autoridades rescataron a 33 niños de entre 5 y 17 años y otros 10 jóvenes de 18
a 24 años de la Casa Hogar Domingo Savio, en la central ciudad de Puebla, ante
indicios de ser víctimas de abusos de su director.
En 2011, 19 niños fueron
liberados del Instituto Casa Hogar Nuestro Señor de la Misericordia y Nuestra
Señora de la Salette en Ciudad de México, que eran sujetos de ultrajes y
amenazas de muerte para que no denunciaran las condiciones en que vivían.
Dos años antes, las
autoridades recobraron a 126 menores maltratados en los albergues «Casitas del
Sur», administrados por la no gubernamental Reintegración Social. Además,
detectaron la desaparición de 15, de los cuales tres continúan perdidos.
La Ley de Asistencia Social
obliga a la Secretaría (ministerio) de Salud a monitorear a los centros de
acogida, pero esa supervisión es prácticamente inexistente.
Preocupación internacional
Desde hace más de una
década, México está en la mira de instancias internacionales por esas
prácticas.
En sus recomendaciones de 2006 al Estado mexicano,
el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de
las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el alto número de niños
trasladados a instituciones privadas sin que se tenga control de ellas, por lo
cual recomendó crear un directorio y una base de datos de los menores en esa
situación.
«Al Comité le preocupa la
falta de información sobre los niños que han sido separados de sus padres y
viven en instituciones. El Comité toma nota del gran número de niños que viven
en instituciones administradas por el sector privado, y lamenta la falta de
información y de supervisión de esas instituciones por parte del Estado», cita
el documento.
Por ello, el Comité que vigila el
cumplimiento de los países de laConvención sobre los Derechos del Niño, recomendó que el Estado
establezca reglamentos basados en esos derechos, promulgue leyes eficaces,
fortalezca estructuras como la familia extensa, capacite mejor al personal y
asigne más recursos a los órganos pertinentes.
En el informe «Derechos del niño y la niña
a vivir en familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización
en las Américas» la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió en
octubre a los Estados a adoptar regulaciones sobre la autorización y
habilitación de las instituciones de acogimiento, los estándares de prestación
del servicio, los mecanismos de supervisión y control, y sanciones adecuadas.
«La institucionalización expone
a los niños a mayores riesgos de sufrir diversas formas de violencia, abuso,
negligencia, e incluso explotación, en comparación con los niños que se
encuentran en otras modalidades de cuidado alternativo», concluyó la CIDH, que
forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos.
La sociedad civil mexicana
plantea una ofensiva para que el Estado cumpla con las obligaciones asumidas.
Durante el 69 periodo previo de sesiones del grupo de trabajo,
que se realizará entre el 22 al 26 de septiembre, una delegación de niñas y
niños, junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y
organizaciones no gubernamentales presentarán en Ginebra un informe sobre la
situación de la niñez, que incluye a los menores sin cuidados parentales.
Entre mayo y junio de 2015,
el Comité de los Derechos del Niño, compuesto por 18 expertos independientes,
evaluará a México.
Además, la relatora sobre los Derechos de la Niñez de
la CIDH, la paraguaya Rosa María Ortiz, visitará México en octubre para
elaborar un reporte sobre la situación en el país.
«Planteamos que es necesario
evitar la institucionalización, tener una ley general de cuidados alternativos
y que es urgente contar con información clara y detallada sobre los niños y
niñas en las instituciones», explicó Pérez.
Para Martínez, es muy
importante revisar el modelo de atención de cada una de las organizaciones.
«Todo se queda en un modelo asistencialista. ¿Y quién puede garantizar el
seguimiento de los casos? El camino va por otro lado, el de trabajar para que
el niño se desarrolle», inquirió.
Editado por Estrella
Gutiérrez
Enjuician a presunta «Mamá Rosa» juarense
Soledad Griensen Porras, directora
del albergue «Mujeres Unidas contra la Violencia», fue denunciada por sus
presuntas protegidas y tras un cateo en el lugar, fue detenida el 18 de octubre
de 2011 acusada de abusos y agresiones en perjuicio de las menores que acudían
a ese centro de ayuda, financiado por fondos públicos.El juicio contra Griensen inició ya y la pena mínima que demanda el Ministerio Público es de 347 años de prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de privación de la libertad, trata de personas, abuso sexual y lesiones.
La defensa, encabezada por el licenciado Héctor González Mocken señaló al Tribunal que no hay pruebas para destruir el principio de inocencia que le asiste a la acusada y aseguró que por más de 15 años ella estuvo asistiendo a mujeres víctimas de la violencia.
En la acusación, se estableció que entre marzo y el 18 de octubre de 2011, mediante coacción moral y el engaño, Soledad Griensen ejerció un abuso de poder y vulneró la voluntad de siete mujeres, pues las amenazaba de muerte para retenerlas.
Además, se expuso, las obligaba a realizar trabajos de servidumbre y no las dejaba salir solas. A una de ellas la forzó a establecer relación con un agente federal el 17 de octubre de 2011.
A otra de las supuestas víctimas la obligaba a dar masajes a un hombre identificado como José Santos y de otra de ellas se presume obtuvo un beneficio económico por ofrecer sus servicios sexuales a partir de septiembre de 2011 y hasta que fue detenida Griensen, un mes después.
También es señalada por prostituir a las mujeres en las propias instalaciones del albergue, a partir de mayo de 2010.
Además se le atribuye que entre abril y el 18 de octubre de 2011 en las instalaciones del albergue, hizo tocamientos y colocó un chile en las partes íntimas de una menor de 4 años, esto sin propósito de llegar a la cópula.
Respecto al delito de privación de la libertad por el total de las víctimas la representación social pidió un castigo de 135 años de prisión y una multa equivalente a 120 veces el salario mínimo; 10 años y tres meses por el ilícito de abuso sexual agravada; 196 años de cárcel trata de personas y seis años por el ilícito de lesiones en comisión por omisión. (Con información de El Diario, de Juárez).
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