Por Daniela Pastrana
MÉXICO, D.F. (IPS) - Edgar Torres
Castillo tiene 21 años y hace dos que está en la cárcel de Gómez Palacio, un
municipio de la Comarca Lagunera, ubicada entre los norteños estados mexicanos
de Durango y Coahuila, que se caracteriza por sus limitados recursos hídricos y
por ser una de las zonas más peligrosas del país.
Amparo Castillo, la madre de este recluso condenado
a ocho años de prisión por robar un teléfono celular, lo vio por última vez el
18 de diciembre, en la visita familiar. «Lo noté extraño, muy triste y como si
estuviera lastimado», contó la mujer vía telefónica a IPS. «Sólo estuvimos una
hora y empezaron a sacarnos, había mucha tensión», añadió angustiada.
En la madrugada del 17 de diciembre, la policía trasladó a 137 internos del
penal de Gómez Palacio a cárceles federales.
Al día siguiente, al finalizar la visita familiar, los vecinos de la zona
escucharon un rudo intercambio de balazos y lamentos en el interior de la
cárcel. Las autoridades reportaron que todo se debió a un intento de fuga, que
dejó un saldo de 25 muertos, entre ellos seis guardias que no estaban armados.
En un comunicado, la policía de Durango afirmó que los presos habían disparado
contra los guardias al frustrarse la evasión. Luego, el gobierno federal
desalojó totalmente el penal, donde en los últimos tres años murieron 78
personas y se registraron varias fugas masivas. En ese momento quedaban unos
500 detenidos.
Como otros familiares, Castillo se trasladó al penal al escuchar las noticias
del enfrentamiento. Ante la desesperación por la falta de información, los
familiares realizaron protestas y bloqueos de carreteras. «No sabíamos si
estaban vivos o no», narró.
Este enfrentamiento sangriento entre presos y guardias evidenció la crisis del
sistema carcelario mexicano, que según los expertos ha colapsado.
En México hay 429 prisiones, según el último informe de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal. De ellas, 15 son administradas por el gobierno
nacional, 10 por las autoridades del Distrito Federal, la capital del país, 91
por municipios y el resto es responsabilidad de los estados.
Distintos informes señalan que la sobrepoblación carcelaria ya alcanza a 22 por
ciento, equivalente a más de 40,000 presos, de la capacidad instalada. Además,
cuatro de cada 10 personas en prisión en México están aún sin sentencia firme,
pero todas comparten los mismos recintos sin distinción alguna de su situación
procesal.
Las personas juzgadas por delitos federales, generalmente involucradas con el
crimen organizado, ocupan sólo una quinta parte de la población penitenciaria
del país.
Tras una
visita a 24 cárceles del país en 2009, el Subcomité para la Prevención de
la Tortura de las Naciones Unidas alertó en un informe las fallas
estructurales en el sistema penal mexicano, que alientan las prácticas de
abusos de todo tipo para conseguir declaraciones de autoincriminación.
El uso excesivo de la prisión preventiva (encarcelar a una persona mientras se
procesa la causa en la que está involucrada) se convirtió en una bomba con la
cruzada contra los carteles de las drogas que emprendió Felipe Calderón durante
su gobierno de 2006 a 2012.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentado en septiembre, revela
que en seis de cada 10 cárceles del país hay una especie de cogobierno de
grupos criminales.
El informe advierte sobre focos de riesgo en una decena de estados del país. Sólo
entre 2010 y 2012 se registraron 14 fugas, con un total de 521 presos evadidos,
dos motines y 75 riñas que dejaron más de 350 personas muertas.
La cárcel de Gómez Palacio, que tuvo seis directores en menos tres años, ha
sido escenario de escandalosas fugas y actos de corrupción.
En marzo de 2009, un convoy de hombres armados y disfrazados de policías
federales entró a ese penal a plena luz del día y se llevó cinco presos. En
julio del 2010, la entonces directora, Margarita Rojas, fue detenida y acusada
por la Procuraduría General de la República de permitir la salida de reclusos
que luego participaron en una matanza de 17 personas en una finca cercana.
Según el gobierno federal, los custodios permitían a un grupo de internos salir
del penal por la noche, usando el armamento de los custodios y vehículos
oficiales, para realizar «actos de venganza» entre grupos criminales.
Pero no es el único caso. Jorge Carvallo, presidente del Colegio de Abogados
del Estado de México, colindante con la capital del país, denunció en noviembre
de 2010 que, con la complicidad de la policía estatal, internos en la cárcel de
Barrientos salían por las noches a cometer atracos.
El gobierno de Durango anunció el viernes 21 el cierre definitivo de la cárcel
de Gómez Palacio, que se convertirá en cuartel de policía. Los familiares de
los reclusos que estaban ahí buscan desesperados información sobre ellos que
nadie les da.
«Estamos tratando de ayudar a un grupo de señoras que se acercaron a nosotros y
que llegaron en condiciones terribles, anímicamente destrozadas, y con mucho
miedo por sus familiares», dijo a IPS la activista Verónica Villarreal, del
Consejo Coordinador Obrero Popular, que alojó a un grupo de mujeres que llegó a
pedir datos a la capital del estado, a unas cuatro horas de Gómez Palacio.
Desde el miércoles 19, Amparo Castillo vela afuera de la cárcel de Durango en
espera de ver a su hijo. «No nos dicen nada, no sabemos cómo están. Sólo que a
unos los llevaron a cárceles de otros estados y que otros están aquí, pero nos
dijeron que vamos a poder verlos en cuatro semanas», dijo.
«Aquí no hay ley, han juzgado gente sin pruebas. Y ahora se les hace fácil
cerrar el lugar, no piensan en los gastos que eso representa para uno. Mi hijo
no robó el celular, pero en todo caso, yo ya lo pagué. ¿Qué quieren? No es para
ocho años de cárcel ni para tener que pasar todo esto», enfatizó.
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