Luis Villagrana
Tortura y detención arbitraria, allanamiento de morada y cateos ilegales, trato cruel y robo, detención ilegal y amenazas, intimidación, desaparición forzada, daños en propiedad ajena, violaciones a la libertad y vulneración de la seguridad jurídica, son delitos cometidos por elementos del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez del 2008 a la fecha y permanecen en la impunidad, denunciaron organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Este reclamo se da en medio del tono triunfalista con que el gobernador de Chihuahua, César Duarte, asegura haber reducido los delitos en la entidad, entre ellos el homicidio y la extorsión del crimen organizado.
«Hace las cuentas alegres, mientras la impunidad prevalece y los ataques contra líderes sociales se toleran, sin que haya una intervención enérgica de las autoridades estatales y federales», acusa Emilia González, derecho humanista que en agosto de 2010 recibió visitas amenazantes de soldados armados en su domicilio, mientras impulsó el juzgamiento en el fuero civil de los crímenes cometidos por militares.
González indica que en testimonios documentados por las diversas organizaciones de Chihuahua se refiere que cientos de personas detenidas fueron interrogadas por militares, quienes les sacaban información por medio de torturas: golpes, toques eléctricos, sumersión en agua y sus cabezas fueron cubiertas con bolsas de plástico.
En sus informes la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua establece que tan sólo en 2009 recibió más de mil 450 denuncias por violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad.
«Las distintas organizaciones, al menos las que estamos vertebradas en el trabajo de seguimiento a estos casos, podemos decir que a la fecha los resultados no sólo están ceros, sino que en el 90 por ciento de ellos, los militares no movieron un solo dedo, no existe ningún acusado en la cárcel o al menos no que alguien sepa», indica la lideresa.
En los momentos álgidos, en los que se produjeron denuncias públicas, varios líderes sociales fueron amenazados y otros asesinados, por eso en esta fecha en que se detecta un nuevo repunte de ataques contra organizaciones surgen otra vez el miedo y la incertidumbre, indica.
Conforme a documentos periodísticos a principios de enero de 2010, la defensora de los derechos humanos, Josefina Reyes, residente del poblado de Guadalupe, en el Valle de Juárez, fue ejecutada de un disparo y su muerte fue relacionada con su trabajo de denuncias por los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas.
Una colega de Reyes, Cipriana Jurado, líder de la Organización Popular Independiente, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su integridad y posteriormente cruzó al lado norteamericano por la ciudad de El Paso, donde obtuvo asilo.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos difundieron algunos de los casos documentados por sus integrantes, cuyos expedientes permanecen en el limbo en las distintas instancias a las que fueron a parar en busca de resolución.
Tortura y detención arbitraria, allanamiento de morada y cateos ilegales, trato cruel y robo, detención ilegal y amenazas, intimidación, desaparición forzada, daños en propiedad ajena, violaciones a la libertad y vulneración de la seguridad jurídica, son delitos cometidos por elementos del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez del 2008 a la fecha y permanecen en la impunidad, denunciaron organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Este reclamo se da en medio del tono triunfalista con que el gobernador de Chihuahua, César Duarte, asegura haber reducido los delitos en la entidad, entre ellos el homicidio y la extorsión del crimen organizado.
«Hace las cuentas alegres, mientras la impunidad prevalece y los ataques contra líderes sociales se toleran, sin que haya una intervención enérgica de las autoridades estatales y federales», acusa Emilia González, derecho humanista que en agosto de 2010 recibió visitas amenazantes de soldados armados en su domicilio, mientras impulsó el juzgamiento en el fuero civil de los crímenes cometidos por militares.
González indica que en testimonios documentados por las diversas organizaciones de Chihuahua se refiere que cientos de personas detenidas fueron interrogadas por militares, quienes les sacaban información por medio de torturas: golpes, toques eléctricos, sumersión en agua y sus cabezas fueron cubiertas con bolsas de plástico.
En sus informes la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua establece que tan sólo en 2009 recibió más de mil 450 denuncias por violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad.
«Las distintas organizaciones, al menos las que estamos vertebradas en el trabajo de seguimiento a estos casos, podemos decir que a la fecha los resultados no sólo están ceros, sino que en el 90 por ciento de ellos, los militares no movieron un solo dedo, no existe ningún acusado en la cárcel o al menos no que alguien sepa», indica la lideresa.
En los momentos álgidos, en los que se produjeron denuncias públicas, varios líderes sociales fueron amenazados y otros asesinados, por eso en esta fecha en que se detecta un nuevo repunte de ataques contra organizaciones surgen otra vez el miedo y la incertidumbre, indica.
Conforme a documentos periodísticos a principios de enero de 2010, la defensora de los derechos humanos, Josefina Reyes, residente del poblado de Guadalupe, en el Valle de Juárez, fue ejecutada de un disparo y su muerte fue relacionada con su trabajo de denuncias por los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas.
Una colega de Reyes, Cipriana Jurado, líder de la Organización Popular Independiente, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su integridad y posteriormente cruzó al lado norteamericano por la ciudad de El Paso, donde obtuvo asilo.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos difundieron algunos de los casos documentados por sus integrantes, cuyos expedientes permanecen en el limbo en las distintas instancias a las que fueron a parar en busca de resolución.
«Sólo iba a trabajar»
Miembros del Centro de Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez presentaron un testimonio bajo el nombre protegido de Roberto ocurrido en agosto de 2008. Roberto recorría el mismo camino con rumbo a la empresa donde había trabajado en el turno nocturno por 25 años. Antes de llegar a su lugar de trabajo fue detenido por un retén de militares, lo bajaron del auto, lo inspeccionaron y acosaron con preguntas violentas: ¿qué hacía en su auto a esa hora?, ¿a dónde se dirigía?, ¿por qué estaba nervioso?
Aunque se esforzaba por contestar de la mejor manera, el temor sobre lo que les ha sucedido a muchos en Ciudad Juárez lo puso nervioso. Luego que los soldados revisaron el auto, le mostraron un paquete con droga (que Roberto no reconoció) e iniciaron otro interrogatorio, ¿de dónde había sacado la droga?, ¿quién se la había vendido? Roberto no acertaba a poder contestar, nunca ha consumido droga, ni comprado ni vendido, sólo iba al trabajo.
Le vendaron los ojos, lo ataron de las muñecas y lo llevaron a un lugar que sólo conoce por los sonidos, pisadas fuertes que entraban y salían, preguntas de los militares, golpes y gritos de hombres que estaban en el mismo lugar y estaban siendo torturados.
A los tres días de interrogatorios y golpes, lo soltaron con una advertencia: «Si te preguntan qué te pasó, diles que te secuestraron, acuérdate que sabemos donde vive tu familia». La familia acudió a interponer denuncia el mismo día de su desaparición en agosto de 2008. En febrero de 2010 fue llamado a ampliar la denuncia contra los militares ante el mayor Dorian Martínez de Justicia Militar en Ciudad Juárez pero decidió no acudir por el temor a las represalias.
Aunque se esforzaba por contestar de la mejor manera, el temor sobre lo que les ha sucedido a muchos en Ciudad Juárez lo puso nervioso. Luego que los soldados revisaron el auto, le mostraron un paquete con droga (que Roberto no reconoció) e iniciaron otro interrogatorio, ¿de dónde había sacado la droga?, ¿quién se la había vendido? Roberto no acertaba a poder contestar, nunca ha consumido droga, ni comprado ni vendido, sólo iba al trabajo.
Le vendaron los ojos, lo ataron de las muñecas y lo llevaron a un lugar que sólo conoce por los sonidos, pisadas fuertes que entraban y salían, preguntas de los militares, golpes y gritos de hombres que estaban en el mismo lugar y estaban siendo torturados.
A los tres días de interrogatorios y golpes, lo soltaron con una advertencia: «Si te preguntan qué te pasó, diles que te secuestraron, acuérdate que sabemos donde vive tu familia». La familia acudió a interponer denuncia el mismo día de su desaparición en agosto de 2008. En febrero de 2010 fue llamado a ampliar la denuncia contra los militares ante el mayor Dorian Martínez de Justicia Militar en Ciudad Juárez pero decidió no acudir por el temor a las represalias.
«Ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva»
Testimonio presentado por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, dirigido por el padre Oscar Enríquez, cuyas instalaciones ubicadas en la esquina de Francisco Portillo y Tomás Urbina, en la colonia División del Norte, fueron atacadas luego de denunciar la impunidad en que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos.
El 29 de diciembre de 2009, José Ángel Alvarado Herrera y su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza, se encontraban en una camioneta afuera de la casa de un familiar en la comunidad de Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua, cuando fueron arbitrariamente detenidos por diez militares del Ejército Mexicano en uniformes.
Los militares se acercaron al vehículo de José Ángel, lo sacaron y lo golpearon, y luego subieron a José Ángel y Nitza a sus camionetas y se los llevaron.
Minutos después de ese mismo día, su tía se encontraba en su domicilio junto con su hija, Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18 años, cuando escuchó un vehículo y se dio cuenta que estaban jalando su puerta de la entrada. Cuando ella fue a abrir unos militares con armas largas la empujaron y le dijeron que se encerrara en el baño con los niños y que iban a arrestar a su hija. La madre les preguntó por qué motivo y le dijeron que se callara y no estuviera preguntando. Los militares secuestraron a Rocío sin decir a dónde ni por qué motivo se la habían llevado.
La familia denunció los hechos inmediatamente ante la Policía de la comunidad y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en Nuevo Casas Grandes, donde se negaron a tomarles la denuncia.
Fue hasta el 31 de diciembre cuando el Ministerio Público de Buenaventura accedió a tomar la denuncia correspondiente y ese mismo día informó a la familia que «tenía información que las tres personas se encontraban en el Batallón 35 de Infantería y que los estaba investigando el Ejército.»
Los familiares tuvieron varias reuniones con oficiales del Batallón 35 de Infantería, las cuales no resultaron en avances en las investigaciones o en encontrar sus familiares desaparecidos.
El 3 de febrero de 2010 la desaparecida Nitza se comunicó por teléfono con uno de sus familiares. Nitza le dijo llorando «Ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo.» Las autoridades locales, estatales y federales fueron informadas sobre esta llamada pero hasta la fecha los familiares desconocen si ha habido resultado.
El 4 de febrero el Ejército Mexicano realizó visitas a los domicilios de los familiares de los desaparecidos de manera amenazante e intimidatoria, diciendo a los familiares que buscaban a quienes interpusieron denuncias en contra del Ejército.
El 20 de febrero la Procuraduría General de Justicia del Estado declinó las investigaciones a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar. Desafortunadamente, no se tiene acceso al expediente dentro del fuero militar. Las denuncias y quejas interpuestas ante autoridades estatales, municipales y federales no tienen en autos ninguna diligencia que se haya realizado para intentar localizar a las víctimas y hasta la fecha se desconoce el paradero de José Ángel, Nitza y Rocío.
El 29 de diciembre de 2009, José Ángel Alvarado Herrera y su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza, se encontraban en una camioneta afuera de la casa de un familiar en la comunidad de Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua, cuando fueron arbitrariamente detenidos por diez militares del Ejército Mexicano en uniformes.
Los militares se acercaron al vehículo de José Ángel, lo sacaron y lo golpearon, y luego subieron a José Ángel y Nitza a sus camionetas y se los llevaron.
Minutos después de ese mismo día, su tía se encontraba en su domicilio junto con su hija, Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18 años, cuando escuchó un vehículo y se dio cuenta que estaban jalando su puerta de la entrada. Cuando ella fue a abrir unos militares con armas largas la empujaron y le dijeron que se encerrara en el baño con los niños y que iban a arrestar a su hija. La madre les preguntó por qué motivo y le dijeron que se callara y no estuviera preguntando. Los militares secuestraron a Rocío sin decir a dónde ni por qué motivo se la habían llevado.
La familia denunció los hechos inmediatamente ante la Policía de la comunidad y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en Nuevo Casas Grandes, donde se negaron a tomarles la denuncia.
Fue hasta el 31 de diciembre cuando el Ministerio Público de Buenaventura accedió a tomar la denuncia correspondiente y ese mismo día informó a la familia que «tenía información que las tres personas se encontraban en el Batallón 35 de Infantería y que los estaba investigando el Ejército.»
Los familiares tuvieron varias reuniones con oficiales del Batallón 35 de Infantería, las cuales no resultaron en avances en las investigaciones o en encontrar sus familiares desaparecidos.
El 3 de febrero de 2010 la desaparecida Nitza se comunicó por teléfono con uno de sus familiares. Nitza le dijo llorando «Ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo.» Las autoridades locales, estatales y federales fueron informadas sobre esta llamada pero hasta la fecha los familiares desconocen si ha habido resultado.
El 4 de febrero el Ejército Mexicano realizó visitas a los domicilios de los familiares de los desaparecidos de manera amenazante e intimidatoria, diciendo a los familiares que buscaban a quienes interpusieron denuncias en contra del Ejército.
El 20 de febrero la Procuraduría General de Justicia del Estado declinó las investigaciones a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar. Desafortunadamente, no se tiene acceso al expediente dentro del fuero militar. Las denuncias y quejas interpuestas ante autoridades estatales, municipales y federales no tienen en autos ninguna diligencia que se haya realizado para intentar localizar a las víctimas y hasta la fecha se desconoce el paradero de José Ángel, Nitza y Rocío.
Abuso sexual de mujeres
De los casos conjuntados por las organizaciones, destaca el presentado por Casa Amiga Centro de Crisis, cuya institución se dedica a la prevención y tratamiento del maltrato a la mujer desde hace por lo menos 20 años.
Una noche dos hermanas de 32 y 23 años de edad salieron a dar una vuelta en un bar de la localidad. Al salir de ese lugar las abordó una patrulla para una revisión. Unos minutos después llegaron unos soldados y a una de las hermanas la subieron a una Cherokee y la otra fue obligada a conducir su carro acompañada de un soldado.
Las llevaron a un lote baldío cerca de la estación Chihuahua donde dejaron el carro. Luego las llevaron en la Cherokee en la cual iban a bordo tres hombres, las fueron manoseando, lamiendo, y anduvieron por varias colonias de la ciudad hasta llegar a un lote baldío.
Bajaron a la muchacha de 23 años, estaban ahí otros policías con uniforme y uno de ellos le introdujo sus dedos en la vagina. A la otra mujer la dejaron en la camioneta, le mordieron los pechos, en ese momento ella dijo que estaba embarazada y solamente la empujaron.
Después de un rato las volvieron a llevar, ahora a un Oxxo, donde las entregaron a los soldados que las habían detenido al principio. Mientras los soldados estaban distraídos ellas aprovecharon para escapar, corrieron hasta que encontraron alguien para llevarlas a lugar donde estaba su carro.
Ellas pusieron una denuncia el lunes siguiente, pero por miedo a represalias, contra ellas o su familia, ya no piensan continuar con ésta. Las mujeres recuerdan que en un momento los soldados les dijeron que no sabían lo que les iba a pasar y que esta experiencia apenas comenzaba.
Una noche dos hermanas de 32 y 23 años de edad salieron a dar una vuelta en un bar de la localidad. Al salir de ese lugar las abordó una patrulla para una revisión. Unos minutos después llegaron unos soldados y a una de las hermanas la subieron a una Cherokee y la otra fue obligada a conducir su carro acompañada de un soldado.
Las llevaron a un lote baldío cerca de la estación Chihuahua donde dejaron el carro. Luego las llevaron en la Cherokee en la cual iban a bordo tres hombres, las fueron manoseando, lamiendo, y anduvieron por varias colonias de la ciudad hasta llegar a un lote baldío.
Bajaron a la muchacha de 23 años, estaban ahí otros policías con uniforme y uno de ellos le introdujo sus dedos en la vagina. A la otra mujer la dejaron en la camioneta, le mordieron los pechos, en ese momento ella dijo que estaba embarazada y solamente la empujaron.
Después de un rato las volvieron a llevar, ahora a un Oxxo, donde las entregaron a los soldados que las habían detenido al principio. Mientras los soldados estaban distraídos ellas aprovecharon para escapar, corrieron hasta que encontraron alguien para llevarlas a lugar donde estaba su carro.
Ellas pusieron una denuncia el lunes siguiente, pero por miedo a represalias, contra ellas o su familia, ya no piensan continuar con ésta. Las mujeres recuerdan que en un momento los soldados les dijeron que no sabían lo que les iba a pasar y que esta experiencia apenas comenzaba.
«Siento un sentimiento que nunca antes había sentido de rabia»
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) informa que el 4 de noviembre de 2009, una mujer fue detenida por una unidad de militares en el traslado de su casa al trabajo en Ciudad Juárez. Le pidieron que descendiera de su automóvil para revisarlo y ella accedió y les pidió que lo hicieran rápidamente porque no quería llegar tarde a su trabajo. Los soldados se molestaron y le dijeron que entonces también le harían una revisión física a ella. Ella les preguntó si habría una mujer que pudiera hacerlo, pero los soldados sólo se rieron. «Me tocaron el cuerpo mientras me decían — qué rico hueles güerita — se burlaban de mí y me recargaron en la camioneta para seguirme revisando como si fuera una delincuente y tocando mis partes íntimas.» Una compañera del trabajo pasó por el lugar y se detuvo a preguntarme qué sucedía y si estaba bien; los soldados se rieron y uno de ellos finalmente dio la orden para que me dejaran ir. «Es algo que me ha afectado pues siento un sentimiento que nunca había sentido de rabia, coraje, impotencia y miedo mucho miedo». No soy la única, «tengo otra compañera que le hicieron lo mismo».
También la tortura
La organización Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez indica que el 3 de febrero del 2010 se detuvo una camioneta sin identificación oficial tripulada por elementos del Ejército Mexicano y otras personas civiles, le hablaron a Israel Arzate, quien vende discos en el Centro Comercial de Ciudad Juárez. Le preguntaron si él era Carlos Madrigal y aun cuando les respondió que no, fue detenido y llevado al cuartel militar donde lo torturaron física y psicológicamente.
Este momento fue el último que Israel fue visto hasta que fue presentado ante los medios de comunicación por la procuradora de Justicia del estado de Chihuahua, el 6 de febrero del 2010, como uno de los presuntos implicados en la masacre de Villas de Salvárcar, que ocurrió el 30 de enero del 2010.
A pesar de que su esposa y madre lo buscaban por las delegaciones policíacas, las clínicas, el cuartel militar y el Centro de Readaptación Social, en ninguna de las instituciones les dijeron su paradero, sus familiares sólo sabían que se encontraba preso porque lo vieron en la televisión.
Israel narra que es inocente y que en los días que estuvo «desaparecido» le aplicaron choques eléctricos en su pecho y abdomen, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y le dijeron que en el cuarto contiguo tenían a su esposa y que la iban a violar. Le dijeron que necesitaban que declarara que él había participado en la masacre de los jóvenes de Villas de Salvárcar.
Después de dos desmayos sufridos por los golpes y quemaduras, y creyendo que dañarían a su esposa, Israel les dijo que sí, que él había participado en la masacre como halcón. Le obligaron tomar seis pastillas desconocidas que lo dejó mareado y luego fue presentado ante los medios.
Por más que siete horas no se informó del paradero de Israel. En este tiempo lo llevaron al cuartel militar y a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de la Zona Norte, donde volvieron a repetirse hechos de tortura al colocarle una bolsa en la cabeza diciéndole que les ayudará a resolver su caso y que ahora no lo iban a golpear porque deja huellas y su mamá andaba haciendo mucho escándalo afuera.
Por los hechos de tortura se levantó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitando se le aplicara el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes del Protocolo de Estambul.
Lucha Castro, otra defensora de los derechos humanos, dijo que a estos agravios se suma la ejecución de la lideresa Marisela Escobedo frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, quien cumplió un año de ser asesinada.
“Es parte del cuadro de impunidad, porque a un año de su muerte lo que prevalecen son las dudas, por ejemplo que justo en el aniversario de su muerte haya sido descubierta la pistola con la que la mataron, además de que el retrato hablado del presunto portador de esa arma no coincide con el retrato hablado proporcionado por uno de sus hijos”, indica Castro.
Señala que los abusos impunes de los militares, la ausencia de justicia en los atentados contra líderes sociales contradicen los discursos de Duarte y del presidente de México, Felipe Calderón, quienes aseguran haber disminuido la criminalidad.
Indica que para que se haga justicia a las personas agraviadas tanto por el Ejército Mexicano, como por las autoridades estatales, hace falta sólo una cosa: voluntad política, pero no la hay.
Este momento fue el último que Israel fue visto hasta que fue presentado ante los medios de comunicación por la procuradora de Justicia del estado de Chihuahua, el 6 de febrero del 2010, como uno de los presuntos implicados en la masacre de Villas de Salvárcar, que ocurrió el 30 de enero del 2010.
A pesar de que su esposa y madre lo buscaban por las delegaciones policíacas, las clínicas, el cuartel militar y el Centro de Readaptación Social, en ninguna de las instituciones les dijeron su paradero, sus familiares sólo sabían que se encontraba preso porque lo vieron en la televisión.
Israel narra que es inocente y que en los días que estuvo «desaparecido» le aplicaron choques eléctricos en su pecho y abdomen, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y le dijeron que en el cuarto contiguo tenían a su esposa y que la iban a violar. Le dijeron que necesitaban que declarara que él había participado en la masacre de los jóvenes de Villas de Salvárcar.
Después de dos desmayos sufridos por los golpes y quemaduras, y creyendo que dañarían a su esposa, Israel les dijo que sí, que él había participado en la masacre como halcón. Le obligaron tomar seis pastillas desconocidas que lo dejó mareado y luego fue presentado ante los medios.
Por más que siete horas no se informó del paradero de Israel. En este tiempo lo llevaron al cuartel militar y a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de la Zona Norte, donde volvieron a repetirse hechos de tortura al colocarle una bolsa en la cabeza diciéndole que les ayudará a resolver su caso y que ahora no lo iban a golpear porque deja huellas y su mamá andaba haciendo mucho escándalo afuera.
Por los hechos de tortura se levantó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitando se le aplicara el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes del Protocolo de Estambul.
Lucha Castro, otra defensora de los derechos humanos, dijo que a estos agravios se suma la ejecución de la lideresa Marisela Escobedo frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, quien cumplió un año de ser asesinada.
“Es parte del cuadro de impunidad, porque a un año de su muerte lo que prevalecen son las dudas, por ejemplo que justo en el aniversario de su muerte haya sido descubierta la pistola con la que la mataron, además de que el retrato hablado del presunto portador de esa arma no coincide con el retrato hablado proporcionado por uno de sus hijos”, indica Castro.
Señala que los abusos impunes de los militares, la ausencia de justicia en los atentados contra líderes sociales contradicen los discursos de Duarte y del presidente de México, Felipe Calderón, quienes aseguran haber disminuido la criminalidad.
Indica que para que se haga justicia a las personas agraviadas tanto por el Ejército Mexicano, como por las autoridades estatales, hace falta sólo una cosa: voluntad política, pero no la hay.
Entradas
