Por Luis Villagrana
Con los músculos del rostro tensos y expresiones evidentes de temor, por la ronda constante de policías municipales a pie en el Centro de la ciudad, Ricardo Navarro Allende, de 39 años, conocido en la zona con aprecio como Wuerito, no puede más con la presión y decide denunciar el acoso de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
«En cuatro meses ya van siete veces que me agarran y me llevan a la estación Aldama por todos los motivos que usted se pueda imaginar. La verdad tengo miedo de que un día de estos me vayan a cargar con algo o que me vayan a desaparecer», señala Navarro Allende.
El Wuerito tiene siete años de desempeñarse como vendedor informal de todo tipo de mercancías legales y cuatro de ellos de globos, en la esquina de las avenidas 16 de Septiembre y Francisco Villa, de donde lo «levantaron» las dos veces más recientes, apenas una semana antes de la publicación de esta edición.
Navarro Allende es una víctima más del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, cuyo alcalde, Héctor, «Teto», Murguía, decidió criminalizar a la población juarense como una forma de obtener recursos económicos y de generar percepción pública de resultados en el combate a la delincuencia, según conclusión de un análisis hecho por los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
El Consejo Consultivo es el órgano de apoyo del presidente de la CEDH y está integrado por seis personas de reconocido prestigio en la sociedad y sus cargos son honorarios, tres de ellos por un periodo de dos años y el resto de uno.
«Esta última vez que me agarraron me acusaban de estar estafando gente en la esquina por vender globos a 20 pesos, pero es que son gigantes, por eso los chiquitos los vendo a 10, pero ellos decían que por eso iba a parar a la cárcel», explica Navarro Allende, nacido en Ciudad Juárez, en la colonia Guadalajara Derecha.
«Me esposaron y me subieron a la troca. Uno de los policías se me acercó hasta donde estaba sentado y me dijo que ya no le hiciera más al pendejo, que sabía cómo podía arreglar la cosa para que ya no me molestaran más», enfatiza.
«Yo me hice tonto por el sablazo que me tiraron, porque las seis veces anteriores que me detuvieron tuve que pagar 300 pesos y ésta vez ya no quise perder más ni mi mercancía ni la poca ganancia de la venta de globos. Me llevaron hasta barandilla y ahí me tuvieron ocho horas sentado en una banca, no me dejaban pararme», indica.
«Estaba muy preocupado porque el juez se fue y llegó el otro y nada, no me decían nada y los policías no me dejaban pararme. Ya eran las doce y media de la noche y mi esposa no sabía dónde estaba yo», indica Navarro Allende, casado y con tres hijas, una de 10, una de cinco y otra de dos años de edad.
El temor de Wuerito no es infundado y bien pudiera ser el estado emocional de la población juarense, aunque en mayor intensidad en los estratos sociales más pobres, que es donde se dan los mayores abusos cometidos por los elementos de Seguridad Pública.
Así lo han consignado diversos medios locales con casos de desapariciones y ejecuciones que han sido atribuidos a agentes municipales de Juárez, casos recogidos por medios de comunicación de nivel nacional como la revista Proceso.
El caso emblemático consignado por esta revista defeña es el de la familia Padilla Martínez, quien asegura que su hijo, Jorge Andrés, vendedor de hamburguesas fue asesinado por policías municipales de los que además de ofrecer su descripción, dio a conocer los números de unidades en las que viajaban.
Cabe destacar que el caso quedó aquí, en los medios de comunicación, en el nivel de la anécdota y publicado en los espacios policiacos, como una nota más de «los muertos del día», sin que se centraran en las graves acusaciones hechas por la familia Padilla Martínez en contra del jefe de Policía, el militar Julián Leyzaola.
La familia narra que se enteraron que otros tres jóvenes fueron detenidos por los mismos patrulleros que «levantaron» a su hijo, quienes declararon lo siguiente: «Nosotros vimos cuando el secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola y los policías que nos detuvieron golpearon hasta causarle la muerte en la estación de policía a Jorge Andrés Padilla».
Juarenses criminalizados
De hecho, el gobierno municipal de «Teto» Murguía presume en sus informes la política de criminalización de la población, especialmente contra los estratos sociales más pobres, que son los más vulnerables, según da a conocer la CEDH.
Conforme a un documento emitido por la CEDH en su portal de internet, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo entre mayo y agosto de 20011 a 10 mil 343 personas, con un promedio diario de 344.76.; mientras que en promedio anual del 2011, cada mes se detuvieron a 4, 857 personas, con un promedio diario de 161.9 personas.
El documento indica que según los datos del INEGI, los habitantes del Municipio de Juárez, sumaron un total de 1´332, 131; de éstos 665,691 son hombres, y de éstos, el 27.9 son varones entre 15 a 29 años, es decir, existen 185 mil 727.
Con datos del primer Informe de labores del Municipio de Juárez, en el año fueron detenidos por la policía municipal un total de 53 mil 431 personas en 11 meses del entre octubre de 2010 a agosto de 2011, expresa la CEDH.
El alcalde Héctor Murguía, dio a conocer que 17,585 personas se detuvieron en el plazo de mayo a junio 2011 y posteriormente de julio a agosto fue de 23,787; es decir, un total de 41, 372. Siendo éstas algunas de sus conclusiones:
En el 2011 fueron detenidos el 4.01 % de la población en general por parte de la Policía Municipal.
En el 2011, en caso de que todos los detenidos fueran varones de cualquiera edad, el índice sería 8.02 %.
En el 2011, en caso de que la Policía Municipal haya detenido a varones de 15 a 29 años de edad, entonces sería el 28.76 % del total. Es decir casi uno de cada 3.
Y si agregamos que en tan sólo en 4 meses (de mayo a agosto del 2011) ocurrieron las detenciones que suman 41, 372, entonces concluiríamos que en ese período la quinta parte de ellos fue detenido, con el 22.27 %.
Condena de la CEDH contra la política represora de «Teto»
«Con base a los anteriores datos, se considera que existe una presunción grave de violación a los derechos humanos, lo que permite que dentro de las facultades de la propia comisión, se actúe a través de la radicación oficiosa de una queja, tomando en cuenta la presunción extraordinaria que se deriva de los datos que se presentan», expresa José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión, en dicho documento respecto a la política de criminalización de los juarenses emprendida por «Teto» Murguía.
Armendáriz González, señala que la violencia utilizada como estrategia de orden, jamás generará estabilidad ni tampoco justicia, mientras que el camino más seguro para las autoridades es el pleno respeto a los derechos humanos, así como el debido proceso para quienes infrinjan el estado de derecho.
Enseguida, el documento de la CEDH alude a los posicionamientos de los seis consejeros de la CEDH, Irma Guadalupe Casas Franco, Esther Flores Nieto, Cecilia González Russek, Javier Álamo Aguirre, Marco Antonio Guevara García y Librado Sandoval Silva:
«Cuando los elementos de seguridad pública son quienes atentan en contra de los derechos humanos de las personas, se abren las puertas para que los delincuentes también lo hagan; este es un camino equivocado de la autoridad, porque en la medida en que esto se repite, nos acercamos más hacia la anarquía y el autoritarismo, alejándonos del estado de derecho y libertades para todos, que es la condición indispensable para ejercer nuestra democracia».
Enseguida, el documento consigna las palabras expresadas por la consejera Irma Guadalupe Casas Franco, directora de Casa Amiga «Esther Chávez Cano»:
«Lo que sucede en Ciudad Juárez, respecto del incremento de las detenciones de periodistas, por el sólo hecho de llevar a cabo su trabajo, aunado al extraordinario aumento de quejas y denuncias de violación a los derechos humanos, por parte de personas que sin haberles dicho el motivo de su detención, reciben trato de delincuentes, por parte de los elementos de la dirección Municipal de Seguridad Pública, hace necesario que la CEDH, se manifieste públicamente en contra de estas prácticas, así como repudiando toda acción que atente en contra de los derechos humanos de las personas».
El informe de la CEDH asegura que se cuentan ya con elementos de prueba suficientes para afirmar que las acciones de los policías municipales, han violentado los derechos humanos, por lo que en breve se presentarán una serie de recomendaciones, enfocadas a la solución de esta problemática.
La CEDH afirma que con base a los anteriores datos, se considera que existe una presunción grave de violación a los derechos humanos, lo que permite que dentro de las facultades de la propia comisión, se actúe a través de la radicación oficiosa de una queja, tomando en cuenta la presunción extraordinaria que se deriva de los datos que se presentan.
«Estado debe consignar a policías por privación ilegal de libertad»
Gustavo de la Rosa Hickerson, primer visitador de la CEDH en Ciudad Juárez, expresa que el operativo de la Policía Municipal de detener a toda persona que desde el criterio del agente pueda ser delincuente o lo parezca, es un operativo totalmente anticonstitucional.
«Violenta el artículo 14 y 6 constitucional en el sentido de que nadie puede ser molestado sin una orden expresa firmada por autoridad competente, entonces nadie puede ser detenido, sino es por un delito que amerite pena corporal o falta administrativa al Bando de Policía y Buen Gobierno”, dice De la Rosa Hickerson.»
«Entonces parecer maleante desde la subjetividad del policía pues eso es inaceptable en una ciudad moderna que la comisión la califica de violatoria y esa política tetista tiene que derogarse, no puede seguir así», señala.
«Cada quien viste como quiere y punto. Cada quien se peina como quiere y como puede y cada quien se lava la cara cuantas veces quiera, no es ninguna infracción ni ningún delito parecer lo que quieras parecer», señala.
«Tal vez piense “Teto” Murguía que de esa manera inhibe el delito, tal vez suponen, pero no está comprobado por los hechos que así lo logren, porque en todo caso debería haber una ley que planteara que para inhibir el delito debe detenerse a todo el que parezca delincuente, entonces eso sería anticonstitucional», enfatiza.
«No hay salida. Solamente pueden detener a aquella persona que se encuentre cometiendo un delito en flagrancia, es la única posibilidad de detención de una persona, no lo pueden hacer por otras razones y cuando lo hacen están incurriendo en un delito que es privación ilegal de la libertad», dice.
«Lo que sucede es que el gobierno del estado no ha querido aplicar la ley en términos duros frente a la Policía Municipal, pero va a tener que llegar a que el Gobierno del Estado se decida a parar esto y bueno, va a ser muy costoso para algunos policías porque se van a ver encarcelados», agrega.
«Cuando esto suceda, que los policías vayan a parar a la cárcel por privación ilegal de la libertad, se van a dar cuenta de que hay límites y que no pueden actuar con total impunidad. Detener a las personas porque ejercen el comercio informal o porque venden o compran cosas para sobrevivir es una violación a los derechos humanos, no hay alternativa para el municipio», indica.
Sometimiento y vejación, la constante
En realidad las violaciones a los derechos humanos consignadas por la CEDH en su Informe Anual 2011, bien pudieran ser el indicativo de que tanto el gobierno municipal y estatal mantienen a la población juarense en un estado de vejación y sometimiento sistemático, lo que ha convertido a estas autoridades en un factor más de inseguridad y violencia.
El informe indica que durante el año 2011 la oficina de la CEDH en esta ciudad registró 244 quejas de ciudadanos afectados por alguna autoridad del municipio y el estado, con 499 violaciones a distintos derechos, dado que cada queja cuenta con una o varias violaciones.
El catálogo de abusos contra los juarenses es amplio y variable y va desde violaciones a los derechos de la niñez cometidos por la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social, acciones contra la administración de justicia, a cargo de la Fiscalía, hasta negativa de asistencia a víctimas y dilación en la procuración de justicia.
Pero también cateos ilegales, cohecho, daños, privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura, homicidio, allanamiento, violación sexual, abandono de víctimas y lesiones cometidas por elementos de Seguridad Pública.
¿Por qué sigue vendiendo en las calles? Se le pregunta a Navarro Allende Wuerito. Éste responde: «Toda mi vida he sido comerciante. Mi madre tiene 24 años con una tiendita de abarrotes, pero los rateros ya casi se la acabaron. Ahora, para acabarla de joder, le cayeron unos extorsionadores, así que aunque no lo crea lo menos inseguro es la calle».
«No quiero que me jodan todo el día en una maquila donde lo que pagan no alcanza para mantener a los hijos, así que mejor opté por irme a las calles a vender, pero ya ve, ahora hay que cuidarse de los policías que están actuando como los delincuentes», comenta.
«Aquí todos los días sale un dinerito y no está uno encerrado tanto tiempo, pero pues eso sí, ya se ha vuelto igual de peligroso», agrega Wuerito, quien cuenta con estudios de preparatoria terminados.
Aunque Navarro Allende intenta exculpar a Seguridad Pública de la situación que se le tornó difícil al decir: «no es culpa de los policías, son los signos de estos tiempos, como lo menciona la Biblia, así lo dice, que vendrá la violencia y habrá hambre y sufriremos mucho, pero tengo confianza en que todo mejorará con la ayuda de Dios».
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