El Seguro popular… Medicina social «patito»

Luis Villagrana

Utilizado ahora como instrumento de promoción electoral del Partido Acción Nacional (PAN), pero en sus inicios implementado a  «mata-caballo», sin haber garantizado su viabilidad plena por los gobiernos Federal y Estatal, para contener la furia de los juarenses hartos de la violencia, en escalada por la masacre de Villas de Salvárcar, el Seguro Popular se ha convertido en un servicio médico patito que hace agua por todos lados.

El apuro del presidente Felipe Calderón y por el entonces gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, por satisfacer la cascada de demandas de los grupos sociales de Ciudad Juárez, llevó a los mandatarios a encargar el diseño de su operatividad  en esta ciudad a un grupo de burócratas de la Ciudad de México sin relación con la Salud, quienes echaron a caminar el proyecto sin consultar con los médicos proveedores del servicio.

Los resultados: La sobresaturación de un 2 mil por ciento en el servicio de consultas, que hace que la cobertura universal de pacientes sea una falacia, escasez casi total de medicamentos y la falta de homologación en el catálogo de servicios gratuitos entre las clínicas del estado y las ordenadas por la federación, afirma Arturo Valenzuela, miembro de la organización civil Comité Médico Ciudadano (CMC).

La afiliación a este servicio se abrió en junio de 2008, pero a partir de mayo de 2010 se llevó a cabo una inscripción masiva por medio de decenas de módulos apostados hasta en centros comerciales y en clínicas de la ciudad.

La urgencia de frenar los reclamos

El viernes 28 de mayo de 2010 –en medio de la ola de protestas y reclamos de grupos sociales de Ciudad Juárez- el presidente Calderón anunció la estrategia «Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad», en la que se incluyó la meta de afiliación al Seguro Popular de 90 mil personas en 100 días y ya para el día 31 de ese mismo mes se llevaba una inscripción de más de 87 mil personas.

«Esta situación, la que prevalece ahora,  ha provocado que pacientes con padecimientos urgentes de ser atendidos, a la mera hora se queden sin el servicio, una operación quirúrgica por ejemplo. Me pregunto a dónde van a parar todos esos rechazados, me imagino que muchos de ellos ya están muertos quien sabe en dónde», expresa Valenzuela.

La respuesta a la pregunta del médico activista, al menos en el caso de Gonzalo Herrera Rodríguez, con 67 años de edad y de oficio aseador de calzado, puede tener como respuesta que en los refrigeradores del  HG, muerto después de un largo regateo a su salud entre la Secretaría de Salud y el HG.

Valenzuela es miembro de la Mesa de Salud del programa federal «Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad» y médico cirujano del Hospital General (HG), dependiente del estado a través del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), a donde van a parar la mayoría de los derechohabientes del Seguro Popular.

 «Para un médico la vida de un rico tiene el mismo valor que la de un pobre, esa es nuestra ética, pero creo que el Seguro Popular es un ideal, ojalá fuera atención gratuita y de calidad, ojalá tuviéramos un verdadero sistema de Medicina Social», aclara Valenzuela antes de entrar de lleno al balance sobre este servicio.

«Para entender el caos que existe en el Seguro Popular debemos recordar el tiempo de mayor violencia en que vivimos el año pasado, especialmente en febrero de aquel tiempo, cuando un grupo de sicarios masacró a los estudiantes que celebraban una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar», recuerda Valenzuela.

«Primero nadie del gobierno federal, ni del estatal, nos hacía caso, pero en cuanto la ola violenta aumentó y con ello las víctimas ciudadanas, ahora sí todo mundo empezó a vernos, es ahí donde el presidente y el gobernador urgieron a acelerar este proyecto de salud, entre otras cosas», indica.

Valenzuela, como miembro del CMC, cuya organización nació para exigir seguridad para su gremio, por la ola de secuestros y extorsión en su contra, protagonizó ese proceso por el cual se implementó el programa «Todos Somos Juárez, reconstruyamos la ciudad».

«Se implementaron mesas de trabajo para elaborar un mentado plan de reconstrucción, yo participé en la de Salud, ahí se presentó el arranque del Seguro Popular, o al menos su aceleración, fue entonces cuando puse en duda la capacidad hospitalaria para aumentar el número de derechohabientes», expresa.

«El CMC fue claro en señalar que aumentar la población usuaria sin investigar las condiciones reales de la infraestructura de salud podría ir en perjuicio de los propios ciudadanos, pero nadie nos hizo caso, nos dijeron que eso se vería más adelante, de lo que se trataba era de darle algo a la gente para calmarla», asegura Valenzuela.

El activista indica que posteriormente intentaron en varias ocasiones hablar con los responsables de la operatividad de este programa pero nunca más fueron recibidos, aunque en ocasiones los encontraron por casualidad en los pasillos de gobierno del estado, los funcionarios evadieron los cuestionamientos.

En este más de un año de funcionamiento del programa, los miembros del CMC han integrado a su experiencia las observaciones que han hecho al funcionamiento del servicio  durante su práctica médica, en su relación con el paciente, principalmente en el HG, a donde son canalizados por la Secretaría de Salud casi el 100 por ciento de los pacientes que requieren ese nivel de atención.

«Se puede morir esperando ser operado»

Antes de la puesta en vigor del Seguro Popular, el HG tenía un retraso de dos semanas en sus cirugías generales programadas, pero con el aumento de usuarios, el rezago se disparó a 10 meses, lo que significa un atraso del dos mil por ciento.

«Yo lo veo a diario. Después de 10 meses llegan con el mal ya complicado y hay que operarlos de urgencia con todo el riesgo que implica, incluso, sin exagerar, muchos de ellos mueren en su casa o vaya usted a saber en dónde», enfatiza Valenzuela.

El HG sólo tiene capacidad para dos cirugías programadas diarias, eso sin tomar en cuenta los llamados «códigos rojos», que son todos los baleados, atropellados, quemados o fracturados, entre otros, que deben ser atendidos.

La capacidad de atención en este rubro se complica, si se agrega a la demanda del servicio, las atenciones quirúrgicas de urgencia que no entran en los anteriores apartados, que son los que por crisis de alguna enfermedad ingresan por el área de urgencias.

«El Seguro Popular nos expone a nosotros los médicos a tener que decirle al paciente: ‘no te podemos operar hasta dentro de 10 meses’. Es difícil explicarle a un paciente que tiene una enfermedad grave que debe ser atendida de inmediato, pero que no se puede hasta dentro de casi un año», expresa el médico activista.

Cobertura universal gratuita es  un mito

El Catálogo Universal de Servicios de Salud, del Seguro Popular, cuyo documento identifica los servicios gratuitos a que tienen derecho los usuarios es contradictorio en muchos casos a la práctica médica que se hace en los hospitales de la ciudad.

El CMC pone como ejemplo la operación quirúrgica de vesícula con complicaciones de  hernia, en las que el catálogo ordena que se  intervengan quirúrgicamente por separado, aunque en la práctica se haga mediante un solo procedimiento, pero además, el Catálogo indica que sólo es gratuita la primera.

«¿Cómo es posible que los médicos debamos operar dos veces al paciente, con todos los riesgos, y que una se le cobre y la otra no? Lo que es peor es que nosotros somos los debemos darle la cara al paciente para justificar este absurdo», explica Valenzuela.

Ocurre lo mismo con las operaciones quirúrgicas de Colostomía con Laparoscopía, que consiste en dos procedimientos: uno, cortar un trozo del intestino grueso y una vez sanado, dos: pegar de nuevo, cuyos pasos el Catálogo Universal de Servicios de Salud sólo contempla como gratuito el primero.

«¿No es el colmo de lo absurdo? ¿Qué se le puede explicar al paciente? Por eso mismo muchos de ellos prefieren quedarse como están. Por eso digo que todos esos pacientes sólo dios sabe a dónde van a parar», critica el médico.

Otro obstáculo que los usuarios del Seguro Popular deben derribar se aprecia en el  protocolo de seguridad del HG para las operaciones quirúrgicas, mismo que contempla la aplicación de seis exámenes preoperatorios, cuando el Catálogo sólo da derecho a tres de ellos, lo que provoca además de problemas burocráticos para el paciente, una carga emocional más a su padecimiento.

«Es una ilusión la que tiene el paciente si piensa que el servicio es gratuito, será gratis en una gripe y una que otra calentura, pero no en operaciones de enfermedades de riesgo, serias, que deben ser tratadas de inmediato y con calidad», agrega Valenzuela.

Otro problema que se agrega al servicio deficiente, es el de los diagnósticos erróneos que hacen los médicos de las clínicas de la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez, quienes deben atender hasta  100 usuarios diarios en un solo turno, debido a la explosión de derechohabientes detonada por la urgencia de cumplir la meta de afiliación que se propuso el presidente de México, Felipe Calderón, que es de  94 millones.

El diagnóstico erróneo provoca otro mal sabor de boca al paciente cuando llega con su médico del HG, porque al detectarle otro mal distinto, el Catálogo del Seguro Popular ordena que debe ser remitido de vuelta con su doctor de origen, con la agravante de que es posible que la atención a su verdadero mal no esté contemplado como gratuito en el Catálogo.

Regateo a la salud aceptado por la autoridad

Además del regateo a la salud por el descuadre que existe entre los ordenamientos del Seguro Popular y las realidades de la cuidad, se agrega las limitaciones de cobertura que hacen que este derecho se ejerza sólo en la atención a males menores, como lo indica la propia Secretaría de Salud.

En diciembre de 2010, en una de las visitas del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Mauricio Hernández Ávila, para encabezar la Mesa de Salud del programa «Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad», el funcionario aceptó que sólo males menores son atendidos.

Hernández Ávila señaló que el Seguro Popular seguirá sin cubrir los tratamientos contra cánceres, insuficiencia renal, cirrosis hepática, lupus eritematoso y otras enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y la hipertensión arterial, porque no se tienen los recursos económicos suficientes.

«Esto podría hacerse con una reformulación de la cápita, es decir de lo se asigna a cada persona que entra al Seguro Popular para su atención», aseguró entonces Hernández Ávila.

La cápita es la aportación que hace el gobierno federal por cada persona que ingresa al Seguro Popular y actualmente asciende a dos mil 500 pesos por usuario del servicio al año, explicó el funcionario federal.

Miembros del CMC indicaron que urge una modificación a los estatutos del Seguro Popular, dado que son precisamente las enfermedades crónico-degenerativas, que no contempla este servicio, las que urge tratar, puesto que figuran como las principales causas de muerte en el estado, son las más costosas y es necesario frenar para disminuir los decesos.

Conforme a estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cada año hay en esta frontera 400 muertes por causa de la diabetes y presión alta, pero además 200 más por enfermedades asociados a estos dos males. Esto, sólo a lo que concierne a dos enfermedades.

El viacrucis de un paciente

A Gonzalo Herrera Rodríguez, llamado Chalo por sus amigos, de oficio bolero por 30 años, en la esquina de 16 de Septiembre y Ferrocarril, en el centro de la ciudad, el crédito de dos mil 500 pesos otorgado por el Seguro Popular no le alcanzó para conservar su vida y tampoco para vencer el regateo a su salud por parte de la Secretaría de Salud y el HG.

A sus 67 años Chalo proyectaba una personalidad vigorosa, jovial y alegre.  Conservaba un cuerpo delgado mediante el ejercicio en bicicleta y el juego del «rebote», al que lo acompañé como rival algunas veces en los paredones verdes del parque El Chamizal. «Para los jodidos el rebote en las bardas, para los nais el raquet en el club´», solía bromear con él.

En una primer mirada, hace dos años, apareció ante mis ojos como un malandrín de antaño, que todavía conservaba el caló callejero de los años Setenta, pero después, con el trato, me di cuenta que sólo era el estilo que se le había quedado. La impresión cambió a: un viejo malandro, buen hombre, nacido en Ciudad Juárez, redimido y con un costal de experiencias de vida que contar.

Luego de un decaimiento físico general y con una pequeña herida en un pie, que no sanaba desde hacía un año, Chalo acudió con un médico de las farmacias Similares y sólo obtuvo de ahí un antibiótico que no sirvió para nada. A partir de ahí, el color de su piel y de sus ojos, extremadamente amarillos, sus dolores abdominales y el desplome de su ánimo presumían algo grave.

La mañana del lunes 26 de septiembre, de este año, fui a tocar a su puerta, en la calle Coyoacán 613 de la colonia Hidalgo. Ya no se podía levantar solo. Lo ayudé a prepararse para acudir al área de urgencias del HG. Al llegar a la ventanilla para registrarlo como ingreso urgente, la enfermedad preguntó por su afiliación al Seguro Popular: «sí, desde hace cuatro meses», contesté. Ahí empezó el viacrucis.

La enfermera, encargada de la recepción de urgencias, rechazó el ingreso del usuario, por considerar que no era el procedimiento autorizado en el protocolo de este tipo de servicio. «Hay cosas que el Seguro Popular no paga, así que primero tiene que ir a consulta con un médico de Salubridad», dijo.

Se responsabilizó al HG en caso de que el usuario se agravara o falleciera, fue entonces cuando la enfermera-recepcionista, lo pasó a consultorio de urgencias y después de 10 minutos desalojaron al usuario con el mismo argumento.

Una semana después, el jueves 13 de octubre, la Secretaría de Salud envió a Chalo al HG para su hospitalización; el viernes 14, la institución le expidió dos recetas con los folios 28251 y 27702, con el diagnóstico al calce: “Hepatitis renal crónica y diabetes”, en la que ordena un catéter de una marca específica para drenar los riñones y una caja de Hepamerz .

Entre la escasez de medicamentos y la escasa cobertura médica, Chalo permaneció cuatro días sin el fármaco y sin aplicación de hemodiálisis, lapso en que sus amigos intentaron reunir dinero para comprar lo necesario.

«Es el sistema, se le juntó todo al pacientito, mire: ‘el Seguro no le cubre sus males, no tiene parientes, tiene 67 años y no cuenta con dinero, tiene todo para que deje de ser prioridad para los hospitales públicos. Aquí hay una máxima: entre pobres, mujeres y niños son primero. A los viejos se les hace poco caso. Es un criterio económico ¿Para qué gastar en alguien que de todos modos se va a morir’», indica un médico del HG, que comenta por lo bajito y no se identifica.

Luego de reunir 800 pesos –a 200 pesos de completar para la sonda—Chalo murió la madrugada del domingo 17 de octubre. La cooperación se extendió para el funeral.

Entrevistados en la línea para la consulta médica, en la clínica de la Secretaría de Salud, ubicada en avenida Juárez y Vicente Guerrero, algunos usuarios responden de forma positiva al servicio: «Está bien, sin esto no podríamos ver a un doctor», «Nunca tienen medicinas y a veces no alcanzamos consulta, pero de eso a nada, mejor eso».

Se le pregunta a Valenzuela, del CMC si el sistema puede «tronar» y el activista responde de inmediato y con firmeza: «No, es más fácil que truene la salud de los pacientes, los funcionarios del Seguro Popular están blindados».